La instrucción judicial de ‘La vida Islados’ «preocupa» a la defensa de la interventora

El curso de la instrucción judicial del caso ‘La vida Islados’ preocupa a la defensa de la interventora del Consell de Ibiza, Marian Tur, que ejerce la acusación particular. Tras la declaración esta mañana del director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, en calidad de investigado, el abogado de Tur, David Salvá, ha expresado, en declaraciones a este diario, «cierta preocupación por cómo va la causa». «Creemos en general que falta un poco de fuerza», ha dicho en referencia a la instrucción judicial.

Salvá se ha referido al último auto judicial en el cual el juez instructor rechaza que el médico forense evalúe el estado de la interventora, en concreto las consecuencias psíquicas del supuesto delito de coacciones que denuncia haber sufrido por parte del presidente de la institución insular, Vicent Marí. «Nos planteamos [sin esta prueba pericial] cómo podremos cuantificar una posible indemnización», advierte el letrado.

La Fiscalía pide que el director de Turismo de Ibiza declare como investigado por 'La vida Islados'

El juez instructor, además, ha denegado, a solicitud también de la acusación particular, que el responsable de comunicación de la institución insular declare como testigo en el juzgado. Salvá justifica la necesidad de esta prueba en el hecho de que hasta ahora las personas que han declarado en sede judicial han coincidido en afirmar que fue este cargo de confianza del PP el que escogió a Fuera de Escena Ibiza SL para rodar y producir el spot de promoción turística ‘La vida Islados’ en el verano de 2020, el primero de la pandemia.

Entonces, la administradora única de dicha sociedad era Míriam Juan, que fue concejala del PP de Santa Eulària entre 2007 y 2011 cuando Vicent Marí era el alcalde. Precisamente por ello, la Fiscalía Anticorrupción, que fue la que interpuso la querella contra el presidente del Consell, le atribuye un presunto delito de tráfico de influencias, además del de prevaricación y coacciones.

Negativa del juez

Salvá lamenta que el juez instructor haya denegado las dos pruebas solicitadas al considerarlas «innecesarias», pero adelanta que lo recurrirá ante la Audiencia Provincial. «Esta dirá si es necesario que el forense vea a nuestra cliente y que declare [el responsable de comunicación]». En este sentido, Salvá confía en que el tribunal balear estime el recurso porque se tiene que aclarar si fue este o el presidente quien decidió contratar a Fuera de Escena Ibiza SL. «Respeto el criterio del juez, pero tengo muchos años de experiencia y creo que se trata de un pequeño error que la Audiencia Provincial, visto desde el respeto, corregirá», ha subrayado el también socio del exfiscal anticorrupción Pedro Horrach.

Por su parte, el director insular de Turismo ha declarado, al fin, a la tercera, después de que se hubieran suspendido, por diversas razones, las dos citaciones anteriores. Costa, que ha rehusado responder a las preguntas de la acusación particular, ha negado que el presidente, Vicent Marí, ordenase contratar a una empresa determinada.

Costa ha afirmado que desconocía qué empresa iba a encargarse de la campaña y ha declarado que no le consta que Marí ordenase que había que contratar a Fuera de Escena: "No nos indicó a quién adjudicar".

Según el director insular, el presidente era informado de cada paso que se iba dando, pero no estaba presente en las reuniones en las que "se cocinaba" la campaña.

Además, ha rechazado que la campaña haya supuesto un perjuicio para el Consell, sino al contrario: ha sostenido que ha sido una de las más exitosas de la institución y se ha ratificado en todo lo que hizo en su momento sobre este proyecto. Del mismo modo ha negado que nadie se "enriqueciera".

Ningún trato vejatorio hacia la interventora

En cuanto a la relación con la interventora, el director insular ha declarado que nunca vio ningún trato diferente ni vejatorio del presidente hacia ella.

Costa ha explicado que, para agilizar los expedientes, en el Consell habían decidido consultar previamente a la interventora para incorporar sus indicaciones, pero según el director insular de Turismo tenían problemas porque ella "cambiaba de criterios". Según Costa, varias personas de su departamento estaban "cohibidas" por el trato con la interventora.

A su salida de los juzgados, ante los medios, Costa ha confiado en que su declaración sirva "para que se aclare todo esto de una vez". Al ser preguntado sobre cuál fue su intervención en la contratación de la campaña ‘La vida Islados», Costa ha señalado que, «como director insular de Turismo, estaba al tanto de lo que se hacía» y ha zanjado la cuestión y se ha marchado con un escueto: «Todo está explicado».

Por su parte, la jefa de servicio de Presidencia, Concepción Rebollo, letrada funcionaria del Consell, también ha declarado en calidad de investigada. A su salida, Rebollo ha rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación. Esta funcionaria, a la que inicialmente, igual que en el caso de Costa, había sido citada a declarar como testigo, fue la que firmó el informe con el que el presidente del Consell levantó las objeciones de la interventora al pago de una factura de 164.250 euros a Fuera de Escena Ibiza SL por la campaña ‘La vida Islados’.

A petición de la Fiscalía, el juez decidió cambiar la condición de testigo de ambos a la de investigados. La acusación particular, en cambio, considera que deberían haber declarado como testigos. «No hemos sacado nada en claro de su declaración», reconoció Salvá. También a solicitud de la Fiscalía, ha declarado, como investigada, Nieves Tur, técnica del departamento de Turismo del Consell.

Presionada por la interventora

Las funcionarias se han ratificado, en su declaración judicial, en los informes emitidos en el expediente. Una de ellas ha explicado que rechazaron una primera factura porque no se ajustaba a lo acordado con el proveedor, pero eran "cosas pequeñas" que se subsanaron en una factura rectificada, y ha declarado que se sintió "muy presionada" por la interventora.

Por su parte, la jefa de servicio de Presidencia también ha defendido que, a su criterio, no hubo ninguna irregularidad en el contrato de 'La vida Islados', si bien no participó directamente en la adjudicación.

La funcionaria ha justificado la emergencia del contrato por la apertura de fronteras tras el confinamiento sanitario y ha asegurado que Marí no le dijo qué empresa había que contratar ni tampoco qué trámite usar. De hecho, ha declarado que aunque era de emergencia, el contrato se hizo "casi siguiendo los mismos trámites y controles" que el ordinario.

Esta empleada pública también ha declarado que el ambiente de trabajo con la interventora es "tenso y difícil".