Los exconsellers de Formentera investigados por las adjudicaciones de s'Estany des Peix confían en no tener que volver al juzgado

Alejandra Ferrer, Bartomeu Escandell, Rafael Ramírez y Paula Ferrer han declarado este mediodía ante la jueza de instrucción en una vista a la que no ha acudido la parte denunciante

La expresidenta del Consell de Formentera Alejandra Ferrer, el exconseller Bartomeu Escandell (ambos de Gent per Formentera); Rafael Ramírez, exvicepresidente de la institución insular, y Paula Ferrer, exconsellera de Recursos Humanos (los dos del PSOE), han acudido este mediodía a declarar en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza como investigados en las diligencias previas por un presunto delito de prevaricación.

El abogado de la parte que presentó la querella, la Asociación de usuarios profesionales de s’Estany d’es Peix, no ha acudido a la vista, pero si lo ha hecho el procurador que ha presentado las preguntas remitidas por el despacho de abogados por escrito. Las cuestiones quedan recogidas en el sumario aunque no se han planteado en la vista.

Ana Juan, Alejandra Ferrer y Bartomeu Escandell salen del juzgado.

Ana Juan, Alejandra Ferrer y Bartomeu Escandell salen del juzgado. / Toni Escobar

La denuncia fue interpuesta por la supuesta adjudicación irregular de amarres en este espacio protegido a propietarios de embarcaciones que no cumplían con los requisitos establecidos en el proceso de selección, puesto en marcha por el anterior gobierno insular de Gent per Formentera (GxF) y PSOE.

La crítica y la defensa de la expresidenta

Alejandra Ferrer ha criticado tras salir de los juzgados que la parte acusadora “no se haya dignado ni a venir a defender su denuncia” contra los consellers que aprobaron el listado de adjudicatarios en junta de gobierno. Ha defendido que el procedimiento se siguió de forma adecuada, con la aprobación de un listado provisional “con unos informes técnicos y jurídicos favorables” cumpliendo con la labor administrativa que tenían encomendada.

Ha recordado que este procedimiento se llevó a cabo para garantizar la protección de un espacio natural por el que el anterior equipo de gobierno “luchó mucho y por el que alcanzó convenios con el Govern balear”.

Un ataque “personal”

La expresidenta ha confiado en que “todo quede en esta visita a los juzgados”, en la que han defendido que no existe ningún indicio de prevaricación y que, si se consideraba que algo no se hizo bien en la elaboración del reglamento del uso de la laguna o en la adjudicación de los amarres, la vía adecuada era la presentación de un recurso contencioso administrativo en el Consell y no una querella que ha considerado como un ataque “personal”.

Por otra parte, ha puesto en duda la legitimidad de la parte acusadora para presentar una querella cuando “se trata de una asociación de empresarios que está realizando actividades ilícitas en s'Estany des Peix”.

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