Vivienda

Macrodesalojo de un poblado ilegal con infraviviendas y caravanas en la ciudad de Ibiza

La justicia ordena el desahucio de las dependencias del antiguo hotel Rustic, donde se calcula que viven entre 60 y 80 personas

La PAH estima que en la zona de las casas hay 17 menores de edad

Toni Escandell Tur

Toni Escandell Tur

Un poblado del municipio de Ibiza en el que se calcula que viven entre 60 y 80 personas será desalojado esta misma mañana, si no hay ningún imprevisto, en cumplimiento de varias sentencias del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza y de la Audiencia Provincial.

El terreno, actualmente propiedad de una empresa registrada en Madrid, se encuentra justo frente al parque Marià Villangómez. La entrada da a la avenida de Sant Jordi. Las personas que hoy serán desalojadas (si no se han marchado ya por propia voluntad) vivían en un gran asentamiento levantado en las instalaciones del antiguo hotel Rustic, donde han ido proliferando caravanas e infraviviendas. En la entrada todavía se aprecia un cartel oxidado con el nombre de dicho establecimiento.

Parte del inmueble ocupado ayer por la mañana. | VICENT MARÍ

Parte del inmueble ocupado ayer por la mañana. / VICENT MARÍ

El aspecto actual es totalmente diferente, tal y como se puede apreciar en las imágenes que acompañan esta información. Además, abunda la suciedad y, según manifiesta uno de los ocupantes, la luz está pinchada.

En una parte de la propiedad hay caravanas y vehículos similares. | VICENT MARÍ

En una parte de la propiedad hay caravanas y vehículos similares. / VICENT MARÍ

48 personas según la PAH

Gloria Corral, coordinadora de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Ibiza y expolítica, ha estado manteniendo reuniones con los residentes que hoy deberán marcharse de esta finca, en la que, explica, han realizado un censo: «En lo que es la zona de las casitas, en total hay 14 familias: 48 personas, de las cuales 17 son menores. Parece ser que a estos les buscarán acomodo con familiares y los demás no tienen muy claro realmente qué van a hacer a partir de este miércoles». A estas cifras habría que sumar a quienes viven en la parte donde hay caravanas y vehículos similares. Todos deben irse hoy, para lo que vendrán incluso agentes de Palma.

Quien ha promovido este desalojo ha sido el único residente en estas instalaciones que es inquilino legal, con contrato con la propiedad. Ninguno de los demandados ha podido demostrar que tenga un contrato de alquiler, aunque cuentan que durante un tiempo estuvieron pagando a una persona que en realidad no era la propietaria.

La sentencia de la Audiencia recoge esta versión: «Aducen que una persona a la que ni siquiera son capaces de identificar les cedió el inmueble en arriendo, y que por ello satisficieron la renta pactada hasta que dicha persona falleció hace unos años. Desde entonces, no la han pagado, ni la han consignado». Así lo explica la Audiencia en la sentencia definitiva, en la que deniega el recurso de apelación que habían presentado los demandados contra la sentencia del juzgado de Ibiza que instaba a los ocupantes a abandonar la propiedad.

En la zona de las casas hay 14 familias que suman 48 personas, según la PAH El desalojo se lleva a cabo este miércoles, aunque parece que algunos ya se han marchado de la zona

Continúa diciendo que «los testigos aportados por los propios demandados (que de ningún modo debieran haber sido propuestos ni admitidos como tales, ya que de sus manifestaciones se desprende que son otros ocupantes del inmueble y, por tanto, ostentan la condición de partes demandadas) han reconocido que esta persona en cuestión no era propietaria del inmueble sino familiar del encargado de vigilarlo, de lo que se concluye que no estaba facultada para arrendarlo». El texto recuerda que ni siquiera se ha podido probar la existencia de esta persona que presuntamente les cobraba para vivir allí.

Según ha podido saber este diario por parte de fuentes cercanas al caso, en el mes de noviembre varias familias presentaron en el registro de entrada una solicitud para obtener el certificado de vulnerabilidad. Sin embargo, cuando los Servicios Sociales municipales les llamaron, a algunos hasta tres veces, no acudieron. Al parecer, solo una persona presentó la documentación para obtener dichos certificados.

Según las mismas fuentes, hace poco más de un mes la gran parte se presentaron en la Unidad de Trabajo Social para pedirlos. Pero en ese momento ya poco se podía hacer. Se amplió por cinco días el plazo para realizar el trámite, pero si tantos lo solicitaban justo a la vez, y en esa recta final, no daba tiempo a analizar toda la documentación.

Gloria Corral afirma que han mantenido dos reuniones con el Consistorio, desde donde les trasladaron, según la coordinadora de la PAH, que los pisos de emergencia social que hay en Dalt Vila ya están ocupados y tienen lista de espera. «Sí que se ofrecieron a que, si [los desalojados] encontraban alternativas, el Ayuntamiento podría ayudarles con la fianza, cosas de la mudanza y demás». «Pero es que no han encontrado nada, ese es el problema real. Llevan meses buscando. Ahora mismo están pidiendo hasta 1.000 euros por una habitación en un piso a compartir. Hay algunas familias con niños y hay sitios en los que ya de entrada te dicen que ni niños ni mascotas», añade Corral.

Además de la edificación del antiguo hotel, hay caravanas e infraviviendas La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación de los demandados

La representante de la plataforma antidesahucios señala que en este poblado hay familias y que parte de esta gente tiene trabajo, «lo que no quita que no pueden encontrar ninguna una alternativa habitacional asequible, aun teniendo un salario normal». Corral explica que ha podido saber que «dos familias se han buscado una caravana porque es lo único que han encontrado» y que otra «se ha marchado a la Península» con sus hijos. Con todo, concluye que «el drama de la vivienda» en Ibiza va a más.

Gloria Corral, coordinadora de la PAH en Ibiza.

Gloria Corral, coordinadora de la PAH en Ibiza. / Vicent Marí

Al parecer, algunos de los residentes llevan aquí años. Hasta doce. Ayer, uno de los desalojados manifestó que éste era su caso. Declara vivir con su familia en este asentamiento y afirma que se están «repartiendo» en otros lugares en los que poder alojarse «de prestados». «Estamos todos sin casa. La situación no es fácil para ninguna familia». Este ocupante, que asegura que ha nacido en la isla, critica que «es imposible alquilar una casa, ya sea de una o dos habitaciones, porque te piden contratos fijos, avales, referencias».

«Ahora parece ser que ha venido gente para ayudar a estas personas, familiares que han venido a ayudarles para sacar cosas de aquí. Luego a lo mejor intentan quedarse en casa de algún familiar», añade, por su parte, Gloria Corral.

Este martes por la mañana todavía había movimiento de personas en este poblado. Este diario, durante un paseo por una especie de patio interior que comparten varias viviendas, pudo ver a una decena de personas, aproximadamente.

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