Sant Antoni y Santa Eulària alertan de las consecuencias de que Ibiza corte el GPS del taxi

Los ayuntamientos de la isla empiezan a reaccionar ante la exigencia del Ayuntamiento de Ibiza de que, en cumplimiento de la normativa, se corte la prestación del servicio de GPS a los taxistas de fuera de su municipio. Es decir, que si un taxista de Sant Josep, por ejemplo, traslada un cliente a Vila, en su trayecto de vuelta podría recoger a otro si le pide el servicio, a mano alzada, en la calle, pero el sistema de gestión por GPS (radio taxi) no podrá darle ninguna carrera solicitada en la ciudad de Ibiza por vía telefónica.

El concejal de Movilidad de Sant Antoni, Joan Torres, de El Pi, ha solicitado al presidente de la Federación Insular del Taxi, Antoni Riera, que convoque una reunión con el resto de los ayuntamientos de la isla para que explique las consecuencias del ‘apagón’ del GPS de Vila para el resto de taxistas de la isla. «Empeorará el servicio. Por ello quiero que la federación nos cuente los efectos de esta decisión que nos preocupa. A ver si somos capaces de alcanzar un acuerdo consensuado con el sector», dice.

La Federación Insular del Taxi de Ibiza advierte de que tampoco dará servicios de GPS a Vila

Torres también pide que en esta reunión se aborde el atasco que se está produciendo en los talleres autorizados, tras la aplicación de un cambio normativa en el control metrológico, en la instalación de los taxímetros en los coches que operarán con licencias estacionales. El edil de Sant Antoni recuerda que por primera vez no se han cubierto todas las plazas y, además, ya se han producido «dos renuncias» por este problema.

Asunto «muy delicado»

El Ayuntamiento de Santa Eulària lamenta que el corte del servicio del GPS para los taxistas de fuera de Vila, y viceversa, supone «un paso atrás de cara al objetivo de tener un sector unido y en unas condiciones de igualdad». A través de un portavoz municipal, Santa Eulària apunta que la situación que se ha creado en Vila por la falta de un reglamento que regule el uso del GPS en toda la isla es «muy delicada». Para «no contribuir a la polémica que se está generando», la concejala de Movilidad de Santa Eulària, Antonia Picó, rehúsa hacer declaraciones.

Picó ya ha abordado este asunto con los representantes del taxi de su municipio pero el portavoz apunta que se harán más reuniones para «ver qué pasos se deben seguir». «El Ayuntamiento sólo quiere manifestar su voluntad y esperanza de que esto se pueda reconducir lo antes posible para que los ciudadanos tengan el servicio que necesitan y los taxistas unas condiciones de trabajo como tocan», transmite el portavoz.

Tampoco quiere manifestarse el Ayuntamiento de Sant Josep, gobernado al igual que Vila por PSOE y Unidas Podemos, al entender, según un portavoz municipal, que no tendrá ninguna consecuencia para los usuarios del municipio. Los taxistas de Sant Josep, en cambio, no lo ven así. Este ayuntamiento se limita a decir que confía en que «el Consell pueda completar el trámite de la orden insular de carga y descarga y el reglamento cuanto antes mejor».

Precisamente, la incapacidad del Consell para aprobar en dos años la nueva orden insular de carga y descarga del taxi, en el que se prevé la regulación de un GPS único para toda la isla, condiciona esta situación. El vicepresidente segundo y responsable de Movilidad del Consell, Javier Torres, tampoco quiso atender ayer a este diario y se limitó a señalar, a través de una portavoz, que «preocupa que este problema afecte a los ciudadanos y a la calidad del taxi» y, por ello, «se convocarán reuniones con los ayuntamientos». Será el lunes y el objeto del encuentro será abordar «la creación de un área de prestación conjunta» del taxi en la isla, según la convocatoria que la institución remitió ayer a los consistorios.

Cinco días improrrogables

Vila notificó el martes a la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza que tenía un plazo máximo e improrrogable de cinco días para que acredite que no se dan servicios a taxistas de fuera del municipio. Si no lo hace, el Ayuntamiento rescindirá el convenio y ordenará el cese de la prestación del GPS, además de abrir un expediente sancionador por incumplimiento grave de la normativa.

El problema estriba en que Vila es el único municipio que cuenta con un convenio y un reglamento que regula las condiciones del GPS. Sin un reglamento insular, pendiente desde hace años, el de la capital de la isla no puede amparar servicios de taxistas de fuera de su municipio. 

«Se rompe todo el sistema de trabajo del taxi en la isla»