El Ayuntamiento de Ibiza dará un plazo de cinco días a la Asociación de Taxistas Autónomos de la Ciudad de Ibiza, que es la mayoritaria en el municipio, para que pruebe, mediante «un certificado de la empresa de software», que el servicio de GPS no se presta a taxistas de otros municipios.
En el caso de que no lo hagan, el Consistorio se verá forzado a «rescindir el convenio» con la asociación que regula el uso del GPS, según explica el segundo teniente de alcalde y responsable del departamento de Movilidad, Aitor Morrás. Esto supondría que el GPS mayoritario del municipio debería dejar de funcionar y sólo podría operarse con el segundo, el de Nitax, que emplean muy pocos conductores.
Precisamente, Nitax reclama desde hace tiempo al Ayuntamiento que actúe al verse perjudicado porque, como el reglamento de funcionamiento del GPS especifica, en su artículo 2, que el ámbito de aplicación es el municipio de Ibiza, sólo opera con taxistas de la ciudad. Es por ello que los pocos taxistas que usan Nitax también se han adherido al de la asociación mayoritaria para no perder viajes de otros municipios, a la vuelta, tras prestar un servicio desde la ciudad a otra localidad de la isla.
Morrás insiste en que mientras el Consell no apruebe la nueva orden insular de carga y descarga del servicio de taxi en la que se regula el uso del GPS en toda la isla, no se puede utilizar para dar servicios a taxistas de otros municipios: «Urgimos al Consell a que lo haga».
Bloqueo de la orden insular
La aprobación de la nueva orden está bloqueada desde hace varios años por la falta de acuerdo entre el Consell y el Govern balear sobre qué administración es competente para aprobar esta regulación, en la que la institución insular y los ayuntamientos pactaron también incorporar la subida de las tarifas, que no se actualizan desde 2013, ni el IPC. En este momento se está a la espera de que el Consell Consultiu, el máximo órgano de consulta jurídica de la Comunitat Autònoma, emita un dictamen para aclarar la divergencia entre las dos instituciones.
Morrás advierte de que este plazo de cinco días que se concederá ahora a la asociación de taxistas para que, antes de ordenar el cierre del GPS, dejen de prestar servicios a taxis de otros municipios, va a ser «el último». «No podemos dar más. Están más que avisados y deberían estar cumpliéndolo desde mucho antes», destaca Morrás.
De hecho, los problemas y encontronazos del Ayuntamiento con la Asociación de Autónomos del Taxi de la Ciudad de Ibiza por el GPS se repiten desde hace unos años. El Consistorio emitió un decreto a finales de 2018 en el que suspendía el uso del GPS en el municipio por la negativa de la asociación a firmar un convenio para regular su funcionamiento. Se saldó con la apertura de un expediente de sanción de 6.000 euros por desobediencia. Pero los taxistas desoyeron esta prohibición y siguieron operando con el GPS. Finalmente, en mayo de 2019, ante la entrada de un segundo operador (Nitax), la asociación mayoritaria claudicó y firmó el convenio pero sin dejar de operar con el GPS en ningún momento.
Pulso de los taxistas desde 2020
A principios de 2020, el Consistorio advirtió a la asociación de taxistas de que no podían seguir prestando servicios de GPS a taxis de otros municipios con la advertencia de que, si hacían caso omiso, se iba a decretar su cierre. Los taxistas recurrieron al juzgado y solicitaron como medida cautelar la suspensión del requerimiento del Ayuntamiento. Aún no se ha resuelto el contencioso, pero el pasado mes de noviembre el Tribunal Superior de Justicia de Balears confirmó la desestimación de la medida cautelar al entender que «no puede producir ningún daño real» porque el requerimiento lo que hacía era «recordar o aclarar lo que establece la normativa».
El presidente de la asociación mayoritaria de taxistas de Ibiza, Alejandro Cardell, defiende que el reglamento «no especifica qué hay que hacer con los servicios que sobran [los que no pueden cubrir taxistas de Vila]». «Su lectura [la de Morrás] es que como el reglamento no dice nada de estos servicios, están prohibidos», dice, al tiempo que recuerda que todos los taxistas de la isla funcionan igual con el servicio de GPS desde hace «ocho años o más». «Y se ha demostrado que es una fórmula válida y que da fluidez a los servicios entre municipios», afirma.
Cardell culpa a Morrás de querer «secuestrar» el servicio del GPS para que los taxistas pongan «el grito en el cielo» y, con ello, presionar al Consell para que desbloquee la orden insular de carga y descarga. También advierte de que si se impide que el GPS de Vila preste servicios a taxistas de fuera, los otros municipios actuarán igual, con lo que «se empeorará el servicio». Cuando reciban el requerimiento de Vila, los taxistas seguirán los pasos que marquen sus servicios jurídicos, según Cardell.
