La expulsión de Córdoba genera dudas sobre la gobernabilidad del Consell de Formentera

Sa Unió, la coalición formada por el PP y Compromís, que ganó las pasadas elecciones por mayoría absoluta en el Consell de Formentera y también obtuvo el escaño en el Parlament balear, está a la espera de tener los informes jurídicos de la propia casa y de la Abogacía de la Comunitat Autònoma para hacer efectiva la expulsión del presidente de la institución, el independiente Llorenç Córdoba, como miembro del grupo político. 

El documento está redactado y suscrito por los ocho consellers de Sa Unió, con efecto del 31 de diciembre de 2023, pero solo queda darle registro de entrada, lo que podría demorarse hasta tener esos informes. 

Cuando eso ocurra el presidente del Consell pasará a ser un conseller no adscrito, una situación inédita. Por eso están estudiando al detalle el escenario que se generaría al frente del Consell con un presidente no adscrito. Lo mismo ocurrirá con su situación como diputado autonómico de Formentera, que obtuvo Córdoba por Sa Unió, para integrarse en el grupo mixto. Al ser expulsado, Córdoba pasará también a ser un diputado no adscrito dentro del mismo grupo parlamentario en el que está.

Consecuencias de la expulsión

Sa Unió está midiendo las consecuencias de la expulsión, ya que el Reglamento de Organización del Consell (ROC) contempla algunas limitaciones para los consellers no adscritos. 

El portavoz de la coalición, Óscar Portas, recordó que el presidente es el que convoca las Juntas de Gobierno, «pero no puede participar en ellas ya que los consellers no adscritos no pueden formar parte» de este órgano de gobierno, según el ROC. 

Los efectos de la expulsión también tendrían su prolongación en los plenos ya que el presidente los convoca, pero no podría asistir a las comisiones informativas preparatorias de los mismos. De la misma forma, el sueldo que percibe Córdoba del Consell también podría quedar afectado. Portas indicó que el reglamento de la institución establece que: «Para formar parte de la Junta de Gobierno tiene que ser un conseller a tiempo completo, ya que un conseller no adscrito no puede tener una remuneración al cien por cien».

 Aquí está el dilema ya que el ROC habla de consellers no adscritos, pero no de presidente no adscrito. Por eso Portas insistió en que están buscando más interpretaciones a esta situación inédita antes de hacer efectiva la expulsión.

Este es motivo por el que registro de entrada del documento se está retrasando: «Lo tenemos hecho [la expulsión], ¿pero cómo funcionará después el día a día?, estamos en esto, esperando las conclusiones de las consultas [jurídicas] que hemos hecho».

Mientras, las juntas de gobierno del Consell se siguen celebrando con normalidad, la última fue el día 29 de diciembre, en este caso el presidente no asistió, pero el reglamento prevé que se pueden celebrar con la asistencia de cuatro de los seis miembros que la componen. Esta semana también está prevista otra convocatoria.

Córdoba de vacaciones

El presidente del Consell de Formentera y diputado en el Parlament balear, Llorenç Córdoba, se encuentra estos días fuera de la isla, de vacaciones con su familia. A través de un mensaje señaló: «No sé nada nuevo sobre la expulsión, nadie me ha dicho nada», y señaló que ya hablará cuando regrese de vacaciones.

Días antes manifestó a Diario de Ibiza: «El presidente Córdoba no tiene pensado dimitir, su propuesta es poder cerrar esta crisis de manera interna junto con los ocho consellers del gobierno, incluyendo a Alcaraz y Castelló, para los cuales no pide la dimisión», reiteró el pasado 29 de diciembre. Córdoba rectificó, pues antes exigía la dimisión de estos dos vicepresidentes (que son pareja) para cerrar la crisis.

Esa última comunicación coincide con sus declaraciones anteriores, justo después de la aprobación del pleno que aprobó el presupuesto del Consell, con las que intentó reconducir la crisis de gobierno que provocó el propio Córdoba el 27 de noviembre de 2023. Ese día el presidente emitió un breve y escueto comunicado en el que anunciaba que se planteaba retirar su apoyo «incondicional» al Govern balear de Marga Prohens. A partir de ahí la brecha entre los consellers de Sa Unió y el presidente fue a más, hasta que le pidieron su dimisión de todos los cargos al acusarle de pedir «sobresueldos», tanto en Formentera como ante el PP de Balears. Incluso desde este partido se buscó una salida que Córdoba tampoco aceptó con su dimisión como presidente y su permanencia como diputado.