El secretario y el interventor del Consell de Formentera desmontan los informes jurídicos del presidente

El acta de la sesión de la Junta de Gobierno de Formentera del pasado 25 de marzo, que el presidente del Consell, Llorenç Córdoba, mantiene pendiente de firma a pesar de que se han publicado otras posteriores a esa fecha, deja patente la tensión entre el presidente y los funcionarios de la institución: el secretario, habilitado nacional, Ángel Custodio Navarro, y el interventor, Pablo Serra.

Diario de Ibiza ha tenido acceso al borrador del acta, que se debería aprobar el próximo lunes en la Junta de Gobierno y que el presidente mantiene en un cajón, en la que se transcribe el debate en torno a la propuesta del presidente de declarar desierto el concurso de los quioscos de playa de las playas de Formentera.

La tensión se refleja en la literalidad del documento, que recoge fielmente la discusión entre el presidente, los funcionarios y el resto de miembros de Sa Unió, sobre el contenido del informe de la letrada de Recursos Humanos, María Teresa Ferrer, que propone declarar desierto el concurso, tal y como aboga el presidente, por incumplir la legislación laboral.

El acta detalla: «El secretario pone mucho énfasis en decir que esto [el aspecto laboral que destaca la abogada] es en fase de ejecución, no ahora». «Como asesor jurídico de la mesa de contratación y del Consell de Formentera, en su conjunto, esto lo tiene muy claro».

En este punto, el acta recoge: «El presidente, muy y muy enojado y a golpe de puño sobre la mesa y sobre los papeles del secretario, le pide que no haga lecturas sesgadas y que lea un párrafo de un artículo de una ley que da la prerrogativa a los órganos de contratación ‘de tomar las medidas oportunas para comprobar, durante el procedimiento de licitación, que los candidatos y licitadores cumplen con las condiciones’. Tras la vehemencia de Córdoba y a renglón seguido, el secretario dice que «no se ha de perder la compostura y la formalidad en una sesión de la Junta de Gobierno».

Pero la discusión va a más cuando Córdoba argumenta que «las cosas no son como dice el secretario porque [asegura que] cuenta con un escrito de uno de los licitadores que informa que todos los licitadores han presentado ofertas que son irreales respecto a los trabajadores» que prestarían el servicio en los quioscos.

Aquí interviene el interventor, Pablo Serra, para responder al presidente: «Ese informe es incompleto porque no contempla la legislación laboral, que no detalla, y permite otra distribución de horarios para los trabajadores, y los horarios que dice que se incumplen son contrarios a la posibilidad de hacer subcontrataciones».

«Nadie ha impugnado»

Este funcionario, encargado de la gestión de las cuentas de la institución, recuerda que «es muy sintomático que nadie haya impugnado los pliegos» y que en los mismos «no se exige prácticamente nada en materia laboral» ni tampoco se establecen «condiciones especiales en el caso». El interventor añade, en su valoración (y siempre en la sesión de la Junta de Gobierno), que «en todos los casos declarar desierta la licitación es un criterio poco solvente».

Entonces, el secretario aporta una serie de resoluciones judiciales que confirman que las obligaciones aplicables en materia laboral se producen «en fase de ejecución» del contrato.

Pero el presidente parece que no acaba de entender los argumentos de los dos funcionarios, con una larga experiencia y solvencia en la Administración pública.

Según consta en el acta, el presidente, «dice que está sorprendido de lo que manifiestan el secretario y el interventor, porque se está respetando todo el trabajo de la mesa de contratación» y que su actuación «no va contra la mesa, sino que hace emerger cosas que no se han evidenciado y ahora se ve que todo es irreal».

Los cálculos del presidente

El miembro de la junta y conseller de Sa Unió, Óscar Portas, interviene en la Junta de Gobierno: «El concurso es firme y no se ha impugnado, así como la jurisprudencia y la doctrina laboral no se aplica ahora en fase de licitación sino después en fase de ejecución del contrato». Pero el presidente se atreve a rebatirle para afirmar: «Estas infracciones se han descubierto y se han hecho cálculos». Es cuando el interventor pregunta al presidente quién ha hecho esos cálculos, porque ni él ni el secretario los han hecho.

«El presidente», apunta el acta, «dice que los cálculos los ha hecho él mismo» y que así se deriva del escrito formulado por un licitador, para resumir: «Las ofertas son irreales, está todo muy contrastado, y son necesarios muchos más trabajadores en cada quiosco».

El secretario insiste: «El criterio es el que ha mantenido la mesa de contratación y así se contempla en dos resoluciones de tribunales de recursos administrativos contractuales mencionados».

En ese momento, Óscar Portas avanza que los consellers de Sa Unió «no votarán a favor, sino que rechazan» la propuesta del presidente de declarar desierto el concurso. Enumera entonces sus razones: «No ha habido impugnaciones; las cuestiones laborales se miran en fase de ejecución, no antes; falta de motivación de fondo y de evaluación de las horas de trabajo; preservación de la responsabilidad del Consell; falta una motivación mayor, y origen de los cálculos. ¿De dónde salen?», insiste. «El presidente, enojado de nuevo, dice que los cálculos salen de él. Los ha hecho él», recoge el acta que tendría que firmar y hacer pública Córdoba este lunes.

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