¿Son sostenibles las desaladoras?

La grave situación de sequía que viven Cataluña, Murcia, Andalucía o la Comunitat Valenciana está provocando, además de restricciones severas para preservar el abastecimiento a la población, un intenso debate en torno a la utilización de este recurso. Los científicos han lanzado la voz de alarma: «Debemos reformular nuestro modelo de consumo de agua, porque el actual es insostenible».

Los enfoques convencionales que se basan en la lluvia y la escorrentía de los ríos en áreas con escasez de agua ya no son suficientes para satisfacer las demandas humanas.

Otros recursos hídricos menos habituales, como la desalinización, pueden desempeñar un papel clave en la reducción de la brecha entre la oferta y la demanda de agua. Pero desalinizar agua supone una descarga masiva en el mar de un residuo concentrado hipersalino (salmuera), que requiere eliminación, lo cual es muy costoso y causa impactos ambientales negativos. Además, el consumo de energía de estas instalaciones es enorme.

Casi 800 desaladoras en España

Un estudio realizado en 2019 por científicos de Canadá, Países Bajos y Corea del Sur reveló que existían en ese momento en el mundo 15.906 plantas de desalinización operativas (cerca de 800 en España), que producían alrededor de 142 millones de metros cúbicos cada día de agua desalada para uso humano, el 48% de ellos en la región de Medio Oriente y África del Norte.

Los ecologistas cuestionan abiertamente el modelo más extendido de desalinización de las aguas. No rechazan las desaladoras, pues admiten que hay ocasiones en las que resultan necesarias, al ser la única y la última medida a adoptar. Pero exigen que se utilicen en ellas energías renovables, pues son grandes consumidoras de energía.

Además de los costes económicos, el agua desalinizada tiene «un coste ambiental enorme», ya que el consumo de energía para realizar el proceso, aunque ha bajado mucho desde las primeras plantas de los años setenta, sigue siendo muy elevado. «Este consumo, además, produce emisiones a la atmósfera», señala el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (Creaf) de la Universidad Autónoma de Barcelona, que recientemente ha alertado sobre todos estos aspectos.

Catalunya, por ejemplo, cuenta con dos desalinizadoras que aportan 80 hectómetros cúbicos al año al sistema de abastecimiento AigüesTer-Llobregat, en menor cantidad a la Tordera (20 Hm3/año) y en mayor al Llobregat (60 Hm3/año), revela el Creaf.

«Durante los próximos cinco años se prevé destinar 250 millones de euros a ampliar la de la Tordera y crear una nueva (con un coste de centenares de millones de euros), en el río Foix que tendrá una capacidad de 20 Hm3/año. Con todo llegaríamos a una capacidad potencial total de 140 Hm3/año», apunta la bióloga Anna Ramon, responsable de comunicación en el Creaf, que recoge la opinión de la experta en gestión del agua de la institución, Annelies Broekman.

Otro aspecto importante a considerar es que, aparte de la construcción de la planta en sí, hacen falta infraestructuras «nuevas y costosas» para trasladar el agua desalada a las zonas donde es necesaria y que las infraestructuras tienen «una vida técnica limitada y requieren mantenimiento», indica esta entidad científica.

Consumo de energía descomunal

«El agua potabilizada tiene un coste ambiental muy grande, en primer lugar, por el consumo de energía para llevar a cabo el proceso, que a pesar de que han bajado mucho desde las primeras plantas de los años 70 (desde unos 8kWh/m3 a los 2,3kWh/m3 en los sistemas más optimizados), de media consume todavía hoy en día unos 4 kWh/m3», añade.

A modo de comparación, una planta desaladora de agua de mar de al menos 1,5 hm3/día de producción consumiría tanta energía como 639.000 viviendas, es decir, más de un millón de habitantes, según los cálculos estimativos de Annelies Broekmann, investigadora del Creaf. En términos generales, se supone que una vivienda consume anualmente 3.847 Kw/h como promedio.

Impacto marino

La devolución de las aguas salobres que no se han tratado al mar, con un alto nivel de salmuera, provoca un impacto severo en la vegetación acuática, en especial en la posidonia oceánica, una especie vital para el ecosistema marino, porque frena la erosión de las playas y ayuda a mantener el equilibrio biológico en las aguas, resaltan los expertos.

La salmuera es considerada como auténtico «veneno para la posidonia». Según diversos estudios científicos, causa un daño similar e incluso superior a la de las aguas residuales de las depuradoras. La salmuera que se devuelve al mar tiene una hipersalinidad casi dos veces superior a la del agua marina y, además, arrastra también consigo contaminantes químicos utilizados durante el proceso desalinizador, como biocidas, antiespumantes y antiincrustantes, entre otras impurezas. Asimismo, debido a la canalización de expulsión de la salmuera, ésta alcanza de 3 a 5 grados de temperatura más que la de la superficie marina.

Depuradoras

Por otra parte, tampoco parece una solución, más allá de lo puntual, regenerar el agua que sale de las depuradoras para usos industriales, municipales o agrícolas. Las razones son las mismas que en el caso de la desalinización: el elevado coste del tratamiento y el impacto ambiental.

«Cuando no se reciclan, las aguas depuradas vuelven al río, alimentan los caudales circulantes y contribuyen a recuperar el ecosistema fluvial», apunta el Creaf. «¿Pero qué pasa si reciclamos toda el agua en vez de devolverla al río? Disminuyen los caudales y perdemos la vida y el funcionamiento normal de algunos ríos», explica.

La desalinización y la regeneración del agua son, por tanto, «soluciones tecnológicas útiles a corto plazo para ayudar a enfrentar sequías puntuales, pero que no se pueden mantener en el tiempo por su coste económico, energético y ambiental», concluye el Creaf.

Entonces, ¿cuál es la solución? «La más inmediata, la más inteligente, pasa por poner el freno a esta sed insaciable, frenar la demanda y ser consciente del modelo socioeconómico que mantenemos por encima de nuestras posibilidades», según el centro, que aboga por «reflexionar sobre el modelo agrícola, urbanístico, turístico e industrial para que se reduzca la cantidad total de agua que utilizamos», según los expertos de esta entidad.

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