El empresarios José María Ruiz-Mateos ingresó a última hora del lunes en la cárcel de Madrid-II, en la localidad madrileña de Alcalá Meco, para cumplir una condena dictada por la Audiencia Nacional por un delito de alzamiento de bienes. Ruiz-Mateos, ex propietario de Rumasa de 76 años, al que se le había dado un plazo de ingreso voluntario al hacerse efectiva una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2005 tendrá que cumplir una condena de tres años.

El que fuera presidente del Rayo Vallecano fue condenado a primeros de octubre de 2005 por la Audiencia Provincial de Madrid como autor de un delito de alzamiento de bienes y otro de insolvencia punible a tres años de prisión y multa de 21.600 euros por el caso de la empresa de viajes `Mundo Joven´. En la misma sentencia se condenaba también por los mismos hechos a Enrique Coca Autrán, Carlos Solana Contreras y Antonio Sánchez Fariñas a dos años de prisión a cada uno de ellos y multa de ocho meses con una cuota diaria de 20 euros (4.800 euros en total).

La Audiencia Provincial consideró probado que los acusados se lucraron ilegítimamente de la venta del inmueble en el que se encontraba la sede de `Mundo Joven´, ubicada en el número 22 de la calle Alcalá de Madrid. De esta forma, el tribunal entendía que, debido a la grave situación económica que atravesaba la sociedad, sus responsables decidieron iniciar gestiones para venderla. Al enterarse de ello Ruiz Mateos, ordenó a sus abogados estudiar de manera pormenorizada la gestión de la empresa.

Así, el empresario decidió comprar `Mundo Joven´ por el precio de 600 pesetas (3,61 euros) con el objetivo de «apoderarse de su activo más importante», integrado por la planta comercial que constituía su sede, valorada en 150 millones de pesetas (901.518,16 euros) y sobre la que pesaba una hipoteca por 65 millones de pesetas (3.906.578,68 euros), ocultando «estar detrás de esta operación».

El 7 de diciembre de 2006, el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por Ruiz-Mateos, confirmando así su condena a tres años, y ratificó también la condena a Enrique Coca Autrán, Carlos Solana Contreras y Antonio Sánchez Fariñas.

La sentencia del Supremo señaló que «el tribunal ha motivado de forma racional y lógica la actividad probatoria sobre los hechos».