Pleno del Parlament | Vivienda
Balears no limitará la compra de inmuebles a no residentes
PP y Vox tumban la propuesta de Més per Mallorca para establecer restricciones de carácter extraordinario en aquellos municipios donde el mercado inmobiliario esté especialmente tensionado

Una familia de Balears tiene que destinar 63,5 años del 30% de sus ingresos para poder comprar una vivienda. | DM
Balears no limitará la compra de viviendas a no residentes frente a la emergencia habitacional después de que ayer PP y Vox tumbaran en el Parlament la ley propuesta por Més per Mallorca. Una iniciativa donde los ecosoberanistas planteaban la posibilidad de establecer restricciones de carácter extraordinario y temporal en aquellos municipios donde el mercado inmobiliario esté especialmente tensionado y el acceso a un hogar en condiciones asequibles no esté garantizado para la población residente.
La medida central de la proposición establecía que, en los municipios que decidiesen aplicar la ley, solo podrían adquirir una vivienda quienes acreditaran una residencia habitual en Balears de al menos tres años consecutivos, con independencia de su nacionalidad. La limitación no se planteaba por origen, sino por residencia efectiva.
«En estos últimos años, el 82,31% de las viviendas construidas no son primera residencia. En este mismo período, el precio de compra ha aumentado seis veces más y el de alquiler ocho veces más que lo que han aumentado los salarios. Ahora mismo, para poder comprar una vivienda una familia de Balears tiene que destinar 63,5 años del 30% de sus ingresos, mientras que la media estatal es de 29,5 años. Tardamos 34 años más en poder adquirir un piso. Y ante esto proponemos actuar», argumentó el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.
«Especuladores»
Asimismo, Apesteguia cargó contra PP y Vox por su votación en contra de esta iniciativa. «Si votan que no, es porque no quieren priorizar que las viviendas sean para la gente que quiere vivir y desarrollar su proyecto de vida aquí. Quizá es que su patria es la especulación y sus compatriotas los especuladores. Lo veremos ahora mismo, y se lo aseguro: habrá votos que no tendrán una bandera lo suficientemente grande para tapar sus contradicciones», expresó el portavoz de los ecosoberanistas.
En el caso del PSIB-PSOE, la diputada socialista Carol Marqués apuntó que el debate pasaba por decidir si se garantiza el uso social de la vivienda y en contra de la especulación. «No debatimos el texto definitivo, sino si abrimos el debate», indicó. La socialista criticó que no se haya aceptado la toma en consideración y pidió al Govern que escuche todas las propuestas.
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, destacó que la dependencia del turismo ha provocado efectos en todo el conjunto del mercado inmobiliario. «En Hawái viven en autocaravanas; así acabaremos viviendo en Balears. El territorio es limitado y la demanda potencial ilimitada», destacó Castells.
PP y Vox, en contra
La toma en consideración de la propuesta de Més cayó después de que PP y Vox votaran en contra. La diputada de los populares, Margalida Pocoví, defendió el rechazo de su grupo al considerar que «es jurídicamente inviable» a nivel estatal y europeo. «Son restricciones que no se pueden aplicar legalmente y vulneran derechos fundamentales. Es una propuesta inconstitucional y contraria al derecho europeo, técnicamente inviable, y que interviene en la libertad y el derecho de los residentes de Balears. No es eficaz, ni sólida ni jurídicamente, por eso votamos en contra», destacó Pocoví.
En el caso de Vox, su portavoz, Manuela Cañadas, criticó que la normativa supone «una intervención excesiva a la propiedad privada» y no garantiza la prioridad para los residentes. «La proposición no ataca la compra masiva de capital extranjero, lo que hace es introducir una limitación al derecho de propiedad. No protege a los ciudadanos de aquí, introduce una intervención excesiva sobre la propiedad privada», determinó Cañadas. Asimismo, los de Abascal recalcaron que la proposición de ley no resuelve el problema, sino que introduce un modelo de intervención que es «jurídicamente frágil, económicamente contraproducente y políticamente incoherente con la defensa del interés nacional».
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