Los vocales conservadores del CGPJ piden que el fiscal general no acuda a la apertura del año judicial y se cambie de sitio a Bolaños

La celebración este viernes en el Tribunal Supremo del acto solemne de apertura de tribunales en presencia de Felipe VI se espera especialmente tensa. La presencia del fiscal general del Estado, tras haber sido procesado por este órgano, ha movilizado a la carrera judicial y fiscal y también al sector conservador del Consejo General del Poder Judicial. Sus diez vocales han dirigido una carta a su presidenta, Isabel Perelló, solicitando que traslade Álvaro García Ortiz "la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias".

Todo ello pese a reiterar que su "plena lealtad a la Constitución y a las instituciones del Estado" su "respeto a la persona del fiscal general del Estado en el ejercicio de su derecho de defensa". Los vocales designados a propuesta del PP popular manifiestan asimismo su "compromiso firme con la independencia judicial y con la dignidad de los actos solemnes que simbolizan la vigencia del Estado de Derecho".

Según este sector del órgano de gobierno de los jueces "en modo alguno se pone en duda el derecho a la presunción de inocencia, que asiste a todo ciudadano, ni se prejuzga" el proceso, abierto por un supuesto delito de revelación de secretos que habría afectado al derecho a la defensa de la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso procesado por delito fiscal.

"Sin embargo, la coincidencia entre esa condición procesal y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones", consideran estos vocales. Agregan que "la consecuencia es una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado, que preside el acto".

Por su parte, vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial han respondido a la exigencia que han realizado sus compañeros conservadores con un mensaje de "tranquilidad y de normalidad institucional, alejado de cualquier forma de polaridad artificiosa" y recuerdan que la presencia del ministro de Justicia en estrados (junto a los magistrados) es una "costumbre constitucionalidad consolidada propia de su posición institucional".

Respuesta a Sánchez

Los vocales conservadores también quieren que se visibilice su rechazo a "los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del ejecutivo", tras las palabras del presidente del Gobierno acusando a algunos jueces de estar "haciendo política", y para ello reclaman que se evite que en el acto de este viernes el ministro de Justicia, Félix Bolaños, "ocupe un lugar en estrados, significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado". Fuentes del Consejo señalan a EL PERIÓDICO que ello significa que no debería sentarse junto a los magistrados o en la mesa que presidirá el acto con presencia del Rey.

Consideran que lo ocurrido se incardina en "un contexto político de extraordinaria tensión" por las palabras de Pedro Sánchez, que "vertieron acusaciones genéricas contra jueces y magistrados,", reiteradas más tarde ante la prensa internacional. Estas manifestaciones, a juicio de este sector del Consejo, "ponen en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función" y fueron además apoyadas por el ministro de Justicia.

Todo ello "en defensa del prestigio de la Justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece". Por esta razón, también reclaman a Perelló que se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación "a efectos de la la adecuada coordinación institucional".

Firman esta petición los vocales José Luis Costa Pillado, José Antonio Montero, María Pilar Jiménez, José Eduardo Martínez Mediavilla, Gema Espinosa, José María Páez, María Pilar Esther Rojo, José Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejando Abascal.

Antes de conocerse la postura de los vocales conservadores se distribuyó un comunicado por parte de la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales, mayoritarias en la representación de ambas carreras, a las que se ha sumado otra asociación minoritaria de fiscales, reclamando ya al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que "por respeto a Su Majestad el Rey" y a quienes integran estos colectivos "se abstenga de asistir al acto solemne de apertura del Año Judicial" que se celebra este viernes en el Tribunal Supremo.

Por su parte, los vocales interpelan directamente a Perelló recordándole que, como ha manifestado públicamente en varias ocasiones, "la independencia judicial, consagrada en el artículo 117 de la Constitución, no es un privilegio corporativo, sino una garantía para todos los ciudadanos". Agregan, en la línea de declaraciones institucionales hechas públicas por el Consejo en anteriores ocasiones, "las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo".

Posición de los progresistas

En su comunicado, los progresistas recuerdan no obstante, al igual que han hecho fuentes de la Fiscalía, que el acto solemne de mañana se regula en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige la presencia de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo y del fiscal general del Estado para presentar sus respectivas Memorias anuales.

Los vocales designados a propuesta del PSOE consideran que la confianza en los pilares del Estado Democrático de Derecho se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad y el de presunción de inocencia. "Se trata, pues, de que todos los poderes, instituciones y personas participantes en el acto solemne respeten la lealtad constitucional que les es exigible", agregan.

Firman este comunicado los vocales Bernardo Fernández Pérez, Ricardo Bodas Martín, Luis Martín Contreras, Ángel Ramón Arozamena Laso, Mª Esther Erice Martínez, José Mª Fernández Seijo, Inés Herreros Hernández, Argelia Queralt Jiménez y Lucía Avilés Palacios, que son todos los que integran el bloque progresista menos Carlos Hugo Preciado.

Este desmarca de sus compañeros del sector progresista y expresa su malestar "por no ser institucionalmente correcto" que este órgano entre en el debate partidista. Recuerda que ayer mismo el Rey recibió con absoluta normalidad al fiscal general y que el Consejo debería seguir ese ejemplo de normalidad institucional," huyendo de toda instrumentalización política de la institución". "La justicia y el CGPJ pertenecen a toda la ciudadanía y no deben instrumentalizarse a intereses políticos de ningún signo", subraya en un comunicado al que ha tenido acceso esta redacción.

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