El caso está archivado
La fiscalía pide a la jueza que ignore la denuncia de los policías de Tsunami Democràtic
El ministerio público sostiene que son los mismos hechos que investigó García Castellón hasta que archivó las actuaciones después de que la Sala de lo Penal declarara que prorrogó un día tarde las actuaciones

Marta Rovira, junto a otros investigados en la causa de Tsunami Democrátic, regresa a España tras mas de 6 años huida de la justicia por el procés / David Borrat

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la jueza María Tardón que incorpore al caso Tsunami Democràtic la denuncia con la que dos policías que resultaron heridos el 18 de octubre de 2019 en Barcelona, en las protestas por la sentencia del 'procés', trataban de reabrir las actuaciones. Con ello el ministerio público quiere que la iniciativa de los agentes corra la misma suerte que la causa matriz, que fue archivada por el juez Manuel García Castellón después de que la Sala de lo Penal declarará que se retrasó un día al prorrogar la instrucción en julio de 2021.
En su informe de apenas tres páginas el fiscal considera "llamativo" que los agentes interpongan ahora una denuncia por hechos ocurridos hace casi cinco años sin hacer constar que los atestados que dieron lugar las protestas que se vivieron en la Via Laietana de Barcelona y durante el bloqueo del aeropuero de El Prat, en los que resultaron heridos, dieron lugar a los correspondientes atestados policiales que en la Audiencia Nacional fueron investigados en la causa abierta en relación con la financiación y coordinación de plataforma que convocaba las movilizaciones.
La causa se escindió en dos, al dirigirse la investigación también contra el expresidente Carles Puigdemont y el diputado de ERC Ruben Wagensberg, ambos aforados ante el Tribunal Supremo. No obstante, tanto las actuaciones que se quedaron en la Audiencia Nacional, en las que estaba imputada la líder de ERC Marta Rovira, como las remitidas al Supremo acabaron siendo archivadas después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reconociera el retraso que se había producido en la prórroga de la instrucción en 2021.
Esa resolución, que impedía utilizar nada de la investigado a partir de esa fecha, llevó al juez Manuel García Castellón, recientemente jubilado, a archivar el caso, lo que motivó que la magistrada Susana Polo, instructora de las actuaciones respecto de los dos aforados, hiciera lo propio en el Tribunal Supremo. Tras el archivo regresaron a España Rovira, Wagensberg y el resto de personas que estaban imputadas.
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