El PSOE sostiene que la ‘amnistía’ a las naves industriales de Sant Antoni es «una aberración»

El grupo socialista de Sant Antoni sostiene que «se debe llegar hasta el fondo» en el caso de las seis naves industriales en suelo rústico, ubicadas en diversos puntos del municipio, legalizadas por el gobierno municipal del PP. «Es un escándalo mayúsculo», destaca el portavoz municipal del PSOE, Antonio Lorenzo, después de que el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma haya admitido a trámite el recurso que ha presentado personalmente en representación del principal grupo de la oposición.

A través de una nota, el PSOE insiste en que, en este caso, no se podía aplicar «la amnistía urbanística de Bauzá», en referencia a la disposición transitoria de la Ley de Ordenación y Usos del Suelo (LOUS) aprobada por el anterior Ejecutivo autonómico del PP en el año 2014. Esta norma daba un plazo de tres años para la legalización de edificaciones en suelo rústico cuya infracción ya hubiera prescrito.

El juzgado admite un contencioso contra la legalización de las naves de Sant Antoni

En este sentido, los socialistas recuerdan que «los propios servicios de Urbanismo del Ayuntamiento» se posicionaron en contra de la solicitud de legalización presentada por los afectados en 2015 porque «la actividad industrial no quedaba amparada». «Aprovechando que el PP consiguió mayoría absoluta, el año pasado, y utilizando otros informes, la junta de gobierno de Sant Antoni ha legalizado las naves, lo que nos parece una auténtica aberración», recalca el comunicado.

En concreto, inicialmente los servicios técnicos municipales informaron a favor de la solicitud, pero un jurista externo contratado por el Consistorio informó en contra. Además, la letrada que entonces ocupaba la jefatura del departamento de Urbanismo también confirmó que la amnistía urbanística no bastaba para legalizar las naves. Así, el gobierno de izquierdas presidido por José Tur Cires, denegó la solicitud en noviembre de 2018.

Urbanismo «a la carta»

Los afectados presentaron un recurso de reposición que fue informado favorablemente por el que era secretario de la Corporación. Ante las divergencias técnicas, en el pasado mandato, el primer teniente de alcalde Joan Torres, de El Pi, forzó a su socio del PP a dejar este asunto sobre la mesa a la espera de que el Consell resolviera las diferencias entre los técnicos. Sin embargo, la máxima institución insular rehusó hacerlo con el argumento de que no es su función. Así, el expediente quedó en un cajón, hasta mediados del pasado mes de octubre cuando el PP, ahora sin ninguna atadura, aprobó la legalización de las naves al amparo del mismo informe antiguo del anterior secretario.

El PSOE sostiene que ha abierto la vía judicial para «defender que se cumpla la legalidad». «Las leyes están para que se cumplan, y no para que se imponga un urbanismo a la carta que bordea o directamente se salta la legalidad. Esto supone un grave retroceso que nos está llevando a los peores tiempos del PP», subraya la nota.