Sant Antoni defiende la legalización de las naves industriales

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha defendido este jueves en el pleno la legalización de seis naves industriales en suelo rústico, cuyo uso está prohibido, al amparo de la ‘amnistía’ urbanística que aprobó, en 2014, el anterior Govern de José Ramón Bauzá través de la Ley balear de Ordenación y Usos del Suelo (LOUS). Serra justificó que «ir en contra del informe del secretario [el anterior, Joaquín Granero, que avalaba el uso de dicha ley para legalizar las naves] sería prevaricar».

La solicitud de legalización de las naves al amparo de la LOUS fue denegada inicialmente al amparo de un informe jurídico externo avalado por la que entonces era jefa del departamento de Urbanismo, según recordó la concejala de Vox, Esther Fernández, que advirtió al equipo de gobierno, del PP, si era «consciente» de que había permitido «la consolidación de un uso prohibido en suelo rústico a través de un procedimiento que no es el legalmente procedente», como advertía el informe jurídico externo. También cuestionó cómo se explica que, con la cantidad de naves industriales implantadas ilegalmente en la isla, solo Sant Antoni haya hecho uso de «la amnistía» de la LOUS para legalizar su uso.

Sant Antoni legaliza ahora las seis naves que en el pasado mandato se vio forzado a dejar en un cajón

La concejala de Urbanismo y Actividades, Eva Prats, respondió que según la ley de bases de Régimen Local, la función del secretario es la de «asesoramiento legal y preceptiva de la Corporación» y que, en el caso de los recursos de reposición como este, «la tramitación de las propuestas que contienen fundamentación jurídica deben llevar una nota de conformidad de un funcionario con habilitación nacional, que sigue siendo el secretario».

Declaración de interés general

Dicho esto, Prats destacó que, en su informe, el secretario defendía que el apartado segundo de la Disposición Transitoria (DT) 10 de la LOUS, la que regulaba la ‘amnistía’ urbanística y que ya fue derogada, excluía de su aplicación las actividades sujetas a la previa declaración de interés general, lo cual, según su criterio, permitía legalizar «los usos condicionados consistentes en uso de vivienda familiar como los prohibidos».

Sin embargo, el portavoz del PSOE, Antonio Lorenzo, remarcó que en el libro ‘Comentarios sobre la LOUS’, escrito por diversos juristas bajo la dirección del catedrático de Derecho Administrativo de la UIB Avel·lí Blasco, se dice todo lo contrario. En concreto, según leyó Lorenzo, se interpreta que, al prohibir la legalización de actividades sometidas a declaración de interés general, «no pueden ser de mejor condición los demás usos condicionados ni los prohibidos».

El alcalde recriminó al portavoz del PSOE su falta de conocimientos jurídicos. «Este equipo de gobierno no hace informes. Los hace el secretario e ir en contra es prevaricar», insistió. Hay que tener en cuenta que en el pasado mandato, el PP se vio obligado a meter en un cajón la resolución del recurso de reposición de los afectados con el informe favorable del secretario por la negativa del entonces primer teniente de alcalde Joan Torres, del PI, a su aprobación por las divergencias técnicas. Por ello, se pidió ayuda al Consell, que declinó resolver esta discrepancia.

Más facturas de Sonitec

Por otra parte, el PSOE reveló la existencia de nuevas facturas de la empresa Sonitec con informes de Omisión de la Función Interventora por valor de 187.676 euros por diversas fiestas desde finales de 2022 y este año. Sumando las facturas de otras empresas, la cuantía se sitúa en algo más de 288.000 euros. Se da la circunstancia de que las facturas con fecha de enero de este año se tramitaron en octubre. El alcalde justificó que estas facturas obedecen al hecho de que, al quedar en minoría el PP al final del pasado mandato, no pudo aprobar el presupuesto hasta el verano, al tiempo que insistió en que en 2024, Sant Antoni licitará la contratación de la organización de fiestas.

Primera moción de Vox

La concejala socialista Andrea Pérez felicitó a la edil de Vox, Esther Fernández, por haber presentado, tras cinco meses desde el inicio del mandato, «su primera moción», pero lamentó que fuera por la ley de amnistía del Gobierno central y no cuestiones que afectan a los ciudadanos de Sant Antoni.

El PP tumbó esta propuesta, pero sí aprobó una propia en defensa de la Constitución a pesar de que en el anterior mandato se llegó a vetar alguna moción de la oposición de política ajena a Sant Antoni.

Cati Costa, jueza de paz

Cati Costa, la primera mujer que fue concejala en Sant Antoni, será la nueva jueza de paz del municipio, tal y como se ratificó ayer en el pleno. Costa, que acudió ayer a la sesión plenaria, fue la única persona que optó a ocupar este puesto. Ya era la jueza de paz suplente. Además de concejala de Cultura y Educación por el PP, Costa fue directora general de Educación en las Pitiusas. En 2011 dejó de militar en el PP «por coherencia».

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