Sant Antoni legaliza ahora las seis naves que en el pasado mandato se vio forzado a dejar en un cajón

El PP aprueba este expediente sin resolver las discrepancias técnicas que obligaron a retirar la propuesta para evitar una crisis en el tripartito de centro derecha

Dos informes decían que la ‘amnistía’ de la ley urbanística de 2014 era insuficiente, pero el anterior secretario estimó un recurso de los propietarios

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, muestra un documento al exconcejal de El Pi Joan Torres, en el pasado mandato. | J. A. RIERA

El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, muestra un documento al exconcejal de El Pi Joan Torres, en el pasado mandato. | J. A. RIERA / eugenio rodríguez. eivissa

El gobierno del PP de Sant Antoni que preside Marcos Serra finalmente ha dado luz verde a la legalización de seis naves industriales, asunto que, en el pasado mandato, provocó una crisis en el tripartito de centro derecha que obligó a dejar este expediente en un cajón. La junta de gobierno, formada ahora sólo por concejales del PP, aprobó el pasado día 13 la legalización de estas edificaciones, ubicadas en suelo rústico, al amparo de la ‘amnistía’ urbanística prevista en la Ley de Ordenación y Usos del Suelo en Balears (LOUS) de 2014 aprobada por el anterior Govern balear del PP presidido por José Ramón Bauzá.

El gobierno municipal ya tenía intención de aprobar este asunto en el mandato anterior, pero la negativa del entonces socio de gobierno de El Pi, Joan Torres, forzó al alcalde, Marcos Serra, a dar marcha atrás y a retirarlo del orden del día de una junta. A pesar de que en los últimos meses del pasado mandato, tras la destitución de Joan Torres, el alcalde tenía vía libre para aprobar la legalización de las naves, no lo ha hecho hasta ahora.

Inicialmente los servicios técnicos municipales informaron a favor de la solicitud de los propietarios de las naves, pero posteriormente un letrado externo contratado por el Consistorio emitió un dictamen jurídico en contra. Acto seguido, la entonces jefa del departamento de Urbanismo (otra jurista) confirmó el criterio de dicho informe externo. En concreto, que la disposición transitoria 10 de la LOUS no era suficiente para legalizar dichas naves industriales porque la actividad de estas edificaciones en los terrenos en que se encuentran está prohibida tanto por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como por el Plan Territorial Insular (PTI). Así, en noviembre de 2018 la junta de gobierno del gobierno progresista presidido por José Tur, Cires, denegó la petición de legalización de las naves.

El ánimo del legislador

Los propietarios de las naves presentaron un recurso de reposición y el anterior secretario de la Corporación se pronunció a favor de los argumentos de los afectados cambiando el criterio de los dos informes previos en contra. El secretario consideraba que la medida de gracia prevista en la ley urbanística del Govern balear de Bauzá sí amparaba la legalización de las naves industriales porque este era el ánimo del legislador.

Con el visto bueno del secretario, el 10 de junio de 2020, la solicitud de legalización se elevó de nuevo a la junta de gobierno. Fue entonces cuando Torres, ante las discrepancias entre los técnicos, forzó al alcalde a retirar este punto del orden del día. Meses después, el gobierno tripartito de centro derecha resolvió pedir al Consell de Ibiza, al ser competente en suelo rústico, un informe jurídico para disipar las dudas sobre la interpretación del alcance de la disposición transitoria 10 de la ley urbanística del PP, la que amparaba la legalización de las naves industriales.

Dicha petición se formuló a mediados de febrero de 2021. Sin embargo, en su respuesta, la máxima institución insular, gobernada por el PP y Ciudadanos, señalaba que entre sus funciones no estaba la de «dirimir entre informes jurídicos municipales contradictorios una vez ya emitidos». También justificaba el Consell su negativa a atender la petición de auxilio técnico de Sant Antoni en que el Consistorio tampoco planteaba ni motivaba qué dudas existían ni se acompañaba la solicitud con un informe jurídico que lo razonase. Entonces, en un pleno municipal en el que el PSOE criticaba la negativa del Consell a aclarar las dudas técnicas del Consistorio, Joan Torres instó al alcalde a que reiterase la petición a la máxima institución insular. Pero nunca se llamó de nuevo a la puerta de la institución insular y el expediente se quedó en un cajón.

Sin resolver las discrepancias

Ahora, cuatro meses después de la puesta en marcha del nuevo gobierno municipal con mayoría del PP, se ha repescado este expediente y se ha aprobado al final con base en el informe del anterior secretario por el cual se estimaban las alegaciones de los afectados, sin resolver las discrepancias técnicas.

La disposición transitoria 10 de la ley urbanística aprobada por el anterior Govern balear del PP en 2014 preveía, durante un plazo máximo de tres años, la legalización de edificaciones existentes en suelo rústico cuya infracción hubiera prescrito en el momento de la aprobación de dicha norma.

La que era jefa del servicio de Urbanismo de Sant Antoni, una jurista, que en el pasado mandato fue reubicada en otro departamento, rechazaba el uso de esta vía para legalizar las naves industriales porque la misma ley del PP señalaba que las obras ligadas a actividades permanentes, como en este caso, se tenían que regir por lo previsto en la ley de actividades, que era previa, y no contemplaba esta posibilidad en el caso de las naves industriales.

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