El juzgado admite un contencioso contra la legalización de las naves de Sant Antoni

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma ha admitido a trámite el recurso que ha presentado el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sant Antoni, Antonio Lorenzo, en contra del acuerdo de legalización de seis naves industriales ubicadas, en suelo rústico, en diversas localizaciones del municipio. Así, se abre la vía judicial de un asunto que se arrastra desde el gobierno de izquierdas presidido por José Tur Cires, que denegó, en noviembre de 2018, la propuesta presentada por los propietarios de las naves tres años antes.

En el pasado mandato, el anterior secretario de la Corporación estimó un recurso de los afectados, en contra del criterio de la letrada que ocupaba la jefatura del departamento de Urbanismo, pero el alcalde, Marcos Serra, del PP, no pudo aprobarlo en junta de gobierno por la negativa de su entonces socio político, Joan Torres, de El Pi, por sus dudas sobre su legalidad. Este asunto abrió una de las múltiples crisis internas que protagonizó el tripartito de centro derecha hasta que, en la recta final del mandato, saltó por los aires y el PP gobernó en minoría.

Sant Antoni defiende la legalización de las naves industriales

A mediados del pasado mes de octubre, la junta de gobierno del PP, ya sin ataduras de ningún tipo, aprobó la legalización de las seis naves industriales al amparo de la ‘amnistía’ urbanística prevista en la Ley de Ordenación y Usos del Suelo en Balears (LOUS) de 2014, aprobada por el anterior Govern del PP presidido por José Ramón Bauzá.

Informes desfavorables

Los servicios técnicos informaron, inicialmente, en favor de la legalización de las naves, pero posteriormente un letrado externo contratado por el Consistorio informó en contra con el aval posterior de la jefa de Urbanismo. En concreto, los dos juristas consideraban que la disposición transitoria 10 de la LOUS, la que regulaba, durante un periodo de tres años, el proceso extraordinario de infracciones urbanísticas prescritas, no era suficiente para dar cobertura legal a las seis naves. Hay que tener en cuenta que el uso industrial está prohibido en rústico.

La jefa de Urbanismo defendía que la ‘amnistía’ de Bauzá no bastaba porque, además, la actividad de estas edificaciones en los terrenos que se ubican está prohibida tanto por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como por el Plan Territorial Insular (PTI).

Los propietarios presentaron un recurso de reposición contra la denegación inicial del Ayuntamiento y, en el pasado mandato, el que era secretario de la Corporación les dio la razón, en contra del criterio de los dos informes previos en contra. El secretario consideró que la ‘amnistía’ urbanística de Bauzá sí servía para legalizar las naves porque este era el ánimo del legislador.

Ante las discrepancias técnicas, el exconcejal de El Pi forzó al alcalde a retirar del orden del día de la junta de gobierno del 10 de junio de 2020 la estimación del recurso de reposición. Al afectar a suelo rústico, el equipo de gobierno solicitó al Consell, a mediados de febrero de 2021, un informe para resolver las diferencias técnicas. No obstante, la máxima institución insular, gobernada entonces por PP y Ciudadanos, respondió al Ayuntamiento que no era función suya «dirimir entre informes jurídicos municipales contradictorios una vez ya emitidos».

El informe del exsecretario

El expediente quedó guardado en un cajón hasta el pasado mes de octubre, cuando la junta de gobierno del PP aprobó la legalización de las naves al amparo del informe del anterior secretario sin resolver las discrepancias entre los técnicos.

En el pleno de diciembre, Serra justificó que «ir en contra del informe del secretario sería prevaricar». Por su parte, la concejala de Urbanismo y Actividades, Eva Prats, destacó que, en su informe, el secretario defendía que la ‘amnistía’ excluía de su aplicación las actividades sujetas a la previa declaración de interés general, lo cual, según su criterio, permitía legalizar «los usos condicionados consistentes en uso de vivienda familiar como los prohibidos».

Sin embargo, el portavoz del PSOE, Antonio Lorenzo, remarcó que en el libro ‘Comentarios sobre la LOUS’, escrito por diversos juristas bajo la dirección del catedrático de Derecho Administrativo de la UIB Avel·lí Blasco, se decía todo lo contrario. En concreto, según leyó Lorenzo, se interpreta que, al prohibir la legalización de actividades sometidas a declaración de interés general, «no pueden ser de mejor condición los demás usos condicionados ni los prohibidos».

La concejala de Vox, Esther Fenández, advirtió al alcalde de si era «consciente» de que había permitido «la consolidación de un uso prohibido en suelo rústico a través de un procedimiento que no es el legalmente procedente».

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