Francisca Sánchez, condenada por las obras de Casa Lola

La polémica empresaria Francisca Fernández Ordóñez ha sido condenada por el juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza al pago de una multa de más de 20.000 euros y a una inhabilitación de tres meses para el ejercicio de promotora urbanística por las obras ilegales de Casa Lola, que ya fueron derribadas por el Ayuntamiento de Sant Josep de manera subsidiaria (por lo que pasará a la promotora una factura de su coste, más de 300.000 euros).

Sánchez Ordóñez, también conocida como Paquita Marsan, ha llegado a un acuerdo con el Consistorio para zanjar un procedimiento judicial que se inició en 2013, cuando fue denunciada por Sant Josep por la construcción de cientos de metros de obras ilegales en esta vivienda destinada a la comercialización turística.

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Desde el despacho Zaforteza Abogados, con sede en Palma y que ha representado al Ayuntamiento, explicaron ayer que la empresaria ha sido condenada por los delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia.

El caso se inició tras una visita de los celadores municipales en 2010, que constataron la existencia de obras sin licencia. El Ayuntamiento resolvió en 2013 un expediente de disciplina urbanística contra esta propiedad, dado que continuaron las obras ilegales. Este expediente, resuelto en otra orden de demolición, derivó nuevamente en un contencioso, que tramitó al mismo Juzgado Contencioso Administrativo de Palma.

Pero la propiedad de Casa Lola rompió el precinto que había puesto el Ayuntamiento, y continuó con las obras. Esta infracción implica un juicio penal, que es el que se ha seguido en el Juzgado de Instrucción de Ibiza.

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El alcalde de Sant Josep, Vicent Guasch, destacó con respecto a la sentencia contra Sánchez Ordóñez, que es una «lástima» que el juicio se haya prolongado durante «once años». «Entendemos», añadió, «que la ley es muy garantista, pero la infracción urbanística era bastante grave y más cuando el Ayuntamiento tuvo que actuar subsidiariamente [para derribar las ilegalidades] porque la promotora no se atuvo a los requerimientos municipales para hacer las cosas como tocan».

«Tenemos muy claro que la disciplina urbanística tiene que ser igual para todos los ciudadanos y que el mensaje [de las sentencias judiciales y de las actuaciones del Consistorio] tiene que llegar, como el que mandamos con la limpieza del solar de Cala Tarida», puso como ejemplo.

El alcalde señaló que «las cosas», en referencia a las sentencias y las actuaciones municipales, «llegan al final, aunque en este caso de Casa Lola sea tan tarde». «Seguiremos actuando de la misma manera desde el Ayuntamiento», advirtió el alcalde del PP.

Entre los cerca de 2.000 metros cuadrados de obras ilegales de Casa Lola había tres piscinas, alojamientos, pérgolas y caminos embaldosados.

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En noviembre de 2018, la promotora y su hija, Rocío Martín, responsable de la vecina Casa Rocío, también con orden de demolición, fueron condenadas por la Audiencia Provincial a seis meses de cárcel y a una multa de seis meses a ocho euros diarios por un delito de empleo colectivo ilegal al tener numerosos trabajadores en las obras de Casa Lola sin disponer de los correspondientes permisos.

Además está pendiente la adjudicación, por casi 234.000 euros, del derribo de Casa Paola, las construcciones ilegales detectadas en el complejo turístico ilegal de la zona de es Cubells propiedad también de Paquita Sánchez.

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