El Ayuntamiento de Sant Josep comienza este martes 9 de agosto el proceso para el derribo de las obras ilegales de Casa Lola después de una década intentando que fuera la propiedad quien lo hiciera.
A las 9 de la mañana agentes de la Policía Local de Sant Josep y de la Guardia Civil, junto con los técnicos municipales y los trabajadores de la empresa de derribo se han personado en la vivienda para iniciar el proceso que está previsto que se prologue entre dos y tres semanas. También ha acudido la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, Pilar Ribas.
Un agente de la Policía Local ha informado a tres personas que se encontraban en el interior de la finca de que tenían una orden judicial que les permitía entrar. Ante la negativa de estos individuos, que han alegado que la propiedad está alquilada y no tenían cómo abrir, un cerrajero ha sido quien ha abierto para permitir el acceso a la comitiva, que en estos momentos se encuentra en el interior realizando una inspección.
En el interior de la vivienda, que continúa funcionando como complejo turístico ilegal, había unas 70 personas, principalmente turistas, según ha confirmado el alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero. Entre ellos, un grupo de 15 turistas mexicanos que han alquilado una de las casas y han manifestado que no conocían la situación irregular de Casa Lola.
Tres de las personas que se encontraban en el interior, dos huéspedes y un trabajador, se han negado a abandonar el complejo, por lo que agentes de la policía han procedido a su detención, han confirmado fuentes del operativo.
Tras años de lucha para que la propiedad de Casa Lola derribara los 1.000 metros cuadrados de construcciones ilegales, el pasado 21 de julio el juez finalmente dio luz verde para que el Consistorio pudiera entrar en la propiedad y proceder a la demolición.
Estos trabajos costarán al Consistorio en torno a los 300.000 euros, que reclamará a la propiedad de Casa Lola, a lo que se suma la sanción de 1,4 millones por la comisión de una infracción urbanística grave.
