Sant Josep saca a concurso la demolición de Casa Paola por un coste de 234.000 euros

El Ayuntamiento de Sant Josep ha sacado a concurso, con un presupuesto de salida de casi 234.000 euros, las obras de derribo de Casa Paola, las construcciones ilegales detectadas en el complejo turístico ilegal de la zona de es Cubells propiedad de la empresaria Paquita Sánchez, Marsan. También es la dueña del complejo turístico de Casa Lola, que fue demolido por el Consistorio en 2022.

En septiembre de ese año, el Consistorio dio un plazo de tres semanas a la propiedad de Casa Paola para derribar por su cuenta las edificaciones levantadas sin permiso y que son ilegalizables al situarse en suelo rústico protegido. Sin embargo, la propietaria, como en el caso de Casa Lola, se resiste a echar abajo su complejo turístico ilegal, lo que fuerza al Ayuntamiento a hacerlo de forma subsidiaria y reclamar después a la infractora el pago del coste de las obras. El Consistorio también tendrá que solicitar al juzgado permiso para acceder al interior del complejo y derribarlo.

El expediente de disciplina urbanística se abrió en 2016 tras constatarse la existencia de construcciones ilegales de uso residencial en una superficie de 170 metros cuadrados, además de un aljibe de 75 metros cuadrados, una piscina de 100 metros cuadrados y otra edificación anexa de 150 metros cuadrados. En total, cerca de 500 metros cuadrados construidos sin licencia, a lo que se agrega la instalación de bancales con aportación de tierra y áridos en el exterior. En julio de 2018, el Ayuntamiento impuso una sanción a la propietaria de Casa Paola de 341.305 euros, el equivalente al 87,5% del coste estimado de las obras ejecutadas ilegalmente.

La propiedad hizo caso omiso a las reiteradas órdenes del Consistorio de paralización de las obras, informó la Administración en su momento. Los hechos están calificados como una infracción urbanística «muy grave». Ante la pasividad de la propietaria, el Ayuntamiento inició en septiembre de 2022 la ejecución subsidiaria de las obras. Un año y medio después, se da un nuevo paso con la licitación de los trabajos de derribo de las construcciones ilegales.

A finales de julio del año pasado, la Guardia Civil y la Policía Local de Sant Josep participaron en un dispositivo para desalojar a los turistas hospedados en Casa Paola. En todo caso, este desalojo, ordenado por un juzgado, no tuvo nada que ver con el expediente urbanístico y la orden, incumplida por parte de la propiedad, de demolición del complejo turístico.

El derribo de Casa Lola

Para ejecutar la demolición de Casa Lola, entre agosto y septiembre de 2022, se tuvieron que desalojar a 70 turistas que pasaban sus vacaciones en el complejo turístico ilegal de Paquita Sánchez y que, tras haber pagado sus vacaciones, desconocían que se iba a ejecutar su derribo. En concreto, se derribaron 2.490 metros cuadrados de edificaciones cerradas, 514 de muros perimetrales y paredes, dos piscinas de 322 metros cuadrados en total, suelos de terrazas y plazas en el interior de la finca que suman otros 3.900 metros cuadrados y 2.100 más de suelos exteriores y caminos. En conjunto, 9.326 metros cuadrados. Además, los operarios rellenaron con tierra los huecos que quedaron tras la demolición de las piscinas y aljibes.

Entonces, el anterior alcalde, Ángel Luis Guerrero, dijo que se ponía en marcha el mecanismo para reclamar a la propiedad el coste de los trabajos, presupuestados en 300.000 euros. Esta cuantía se suma a los 1,4 millones de euros del coste de la sanción por una infracción urbanística «grave».

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