El Consell de Ibiza responde que el cierre de Colisée es "la última opción" porque dejaría a cien usuarios sin servicio

La consellera balear de Bienestar Social, Fina Santiago, ha recordado esta mañana en el pleno del Parlament que se «sigue esperando que el Consell de Ibiza saque el acta de inspección» de Sa Residència Colisée y, en función de su «capacidad inspectora», resuelva «cuáles son sus deficiencias y qué se tiene que hacer».

En respuesta a una pregunta de la diputada mallorquina de El Pi Lina Pons, la consellera Santiago ha destacado que es la institución insular la que tiene «capacidad sancionadora» y, además, es la que tiene que evaluar «si la residencia debe cerrarse total o parcialmente».

Colisée reconoce deficiencias en Sa Residència de Ibiza y muestra a los familiares de usuarios su voluntad de enmendarlas

El Consell de Ibiza ha respondido a las palabras de Santiago apuntando que «el cierre o la retirada de la autorización de la residencia» es «una de las últimas posibilidades que puede contemplar la inspección». «Está claro que es algo que no queremos porque implicaría dejar a cien usuarios sin servicio, a cien familias sin una atención que para la inmensa mayoría es vital», ha explicado la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, a través de un audio remitido a los medios de comunicación.

Santiago ha explicado todas las gestiones que tanto la conselleria balear de Bienestar Social como la de Salud han llevado a cabo desde mediados de enero, cuando el Govern balear recibió 10 quejas sobre el deficiente funcionamiento de la residencia con el apoyo de la firma de medio centenar de familiares de las personas internas. Ha explicado que, como esta residencia cuenta con 84 plazas concertadas con la Comunidad Autónoma, se contactó con la dirección del centro sociosanitario para «exigir un plan de mejora, que ya se está ejecutando».

Nueva directora, una coordinadora asistencial, dos médicos...

La consellera ha destacado que «gracias» a este plan se ha contratado a una nueva directora con experiencia en otros centros, una coordinadora asistencial, dos médicos, una enfermera y seis auxiliares. Además, «se ha dado un plazo», ha recordado Santiago, para la mejora asistencial y de los servicios de lavandería, cocina y mantenimiento.

En cuanto al servicio de Salud, Santiago ha explicado que entre el 10 y el 16 de enero «se revisaron individualmente las historias clínicas» de los internos y se envió «una enfermera de apoyo». «Se coordinan cada semana las necesidades de salud de estas personas», ha agregado.

Por su parte, la diputada Lina Pons ha recordado que los familiares de las personas internas están «muy indignadas» tanto con el Govern balear como con el Consell de Ibiza, que «es el que lo tiene más cerca y se podría haber dedicado». Se ha referido acto seguido al presidente del Consell, Vicent Marí, presente en la cámara balear como diputado del PP. «A él [A Marí] no le pudo interpelar, por eso me dirijo a usted [Santiago]», ha señalado Pons, que ha subrayado que el hecho de que el Govern balear tenga 84 plazas concertadas con esta residencia debe servir para «garantizar que los servicios contratados y la dignidad de las personas no quedan anulados». «Habla de soluciones mientras los familiares siguen enfadados», ha agregado.

Pons también ha pedido que se atienda la demanda de los familiares para tener representación en la comisión de seguimiento, al tiempo que ha recalcado la necesidad de que la conselleria balear de Salud «se involucre» en este asunto. «No quiero ni imaginar que los afectados fuesen nuestros familiares», ha destacado la diputada de El Pi.

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