El PSOE exige responsabilidades al presidente de Ibiza por el caso del vídeo 'La vida Islados'

La Federación Socialista de Eivissa (FSE-PSOE) exige al presidente del Consell, Vicent Marí, que de «forma inmediata se ponga a disposición de la Fiscalía Anticorrupción y dé todas explicaciones ante la justicia y el conjunto de los ciudadanos por la denuncia que se ha tramitado contra él por presunta corrupción en la adjudicación a dedo del vídeo de promoción turística ‘La vida Islados’ por 250.000 euros». Los socialistas piden a Vicent Marí que aporte toda la información y documentación en relación con este caso que, tal como ha revelado hoy Diario de Ibiza, ya están en manos del Ministerio Público. «El asunto es extremadamente alarmante y merece una respuesta clara, inmediata y contundente», afirma la FSE-PSOE a través de un comunicado.

El PSOE destaca que por un decreto de Presidencia firmado por Vicent Marí, el Consell adjudicó en junio de 2020, la grabación del vídeo ‘La vida Islados’ por 250.000 euros durante el estado de alarma por la pandemia del covid. «Unos hechos que el grupo socialista ya denunció públicamente en verano de 2020 y que, posteriormente, llevó ante la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears por la gravedad de la actuación del presidente, constatada después de revisar toda la documentación del expediente». «Tras su investigación, la Oficina Anticorrupción confirmó los hechos denunciados por el PSOE, dando traslado a la Fiscalía por los indicios de conductas o hechos presumiblemente delictivos por parte de Vicent Marí», agrega el comunicado socialista.

La Oficina Anticorrupción envía a la Fiscalía el contrato de la campaña ‘La vida Islados’ del Consell de Ibiza

El PSOE denunció que Vicent Marí adjudicó el contrato ‘La vida Islados’ por emergencia, sin publicidad ni concurrencia pública, presuntamente por favorecer a una determinada empresa (Fuera de Escena Ibiza), «sin seguir los procedimientos legales, y que falseó la documentación para justificar el presupuesto de 250.000 euros». Los hechos ocurrieron durante el estado de alarma de 2020 aprovechando los procedimientos de emergencia aprobados por el Gobierno de España para hacer frente a la pandemia. La propia Intervención General del Consell Insular advirtió a Vicent Marí de las irregularidades y le exigió la nulidad del contrato, pero el presidente del Consell se negó, dictando un decreto de Presidencia, al amparo del informe de otra letrada del Consell, para poder pagar una factura de algo más de 160.000 euros a pesar de la oposición de la viceinterventora, según la nota de la FSE-PSOE.

Lamentable ataque del PP contra la Oficina anticorrupción

Asimismo, la FSE-PSOE recuerda que el Partido Popular propone «suprimir la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, si llega a gobernar en la Comunitat Autònoma». «Una muestra más de su nulo interés en la transparencia de las políticas públicas y en combatir la corrupción política, o quizás por su temor a que las investigaciones de la Oficina acaben destapando presuntas corruptelas de miembros de su partido», destaca la nota.

En este sentido, desde la Federación Socialista de Eivissa considera «absolutamente lamentable el ataque del equipo de gobierno del Consell Insular contra el trabajo de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción». Se refiere a que la Oficina ha obviado, en contra de lo que recoge su reglamento (el artículo 47), enviar al Consell la propuesta del informe de conclusiones de la investigación para que aporte, si lo considera, alegaciones. En este caso, según denuncian fuentes del Consell, la Oficina Anticorrupción ha obviado este trámite y ha enviado el informe directamente a la Fiscalía Anticorrupción, lo cual le ha causado una situación de «indefensión». De hecho, la institución ha iniciado el procedimiento para la presentación de un recurso-contencioso administrativo en el juzgado contra la actuación de la Oficina.

Sin embargo, el PSOE critica en su comunicado que «en vez de dar explicaciones y ponerse a disposición de la Justicia, Vicent Marí intenta desacreditar al órgano de fiscalización que ha formulado la denuncia». N»os parece totalmente fuera de lugar y demuestra el interés del Partido Popular en desaparecer la Oficina Anticorrupción».