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Orden de demolición y multa de 1,4 millones de euros por reformas ilegales en una villa de Ibiza

El Consell de Ibiza da seis meses a la propiedad para demoler todas las construcciones ilegales, entre las que se encuentra un anfiteatro

Zona de la Vénda de s'Àguila, donde se encuentra la villa que ha cometido la infracción

Zona de la Vénda de s'Àguila, donde se encuentra la villa que ha cometido la infracción

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Ibiza

El Consell de Ibiza ha aprobado una orden de demolición y una multa por un importe de 1,4 millones de euros a la propiedad y promotora de unas obras ilegales en la zona de la Vénda de s'Àguila (en Sant Vicent de sa Cala), en el municipio de Sant Joan.

Según explica el Consell en una nota de prensa, las actuaciones ejecutadas por la responsable de estas obras ilegales están valoradas en una multa de más de 1.479.630,78 euros y se establecen seis meses de máximo para iniciar la demolición y el restablecimiento de la legalidad física alterada, para lo que se le dan tres años. El inicio de este expediente sancionador arrancó en febrero de 2023 y en el caso de que esta demolición no se lleve a término, el Consell de Ibiza podría ejecutar estos trabajos de forma subsidiaria.

Las edificaciones ilegales

Tal y como explica la institución ibicenca, las construcciones ilegales, diez en total, son las siguientes: dos lavaderos, tres casas para invitados, una piscina, un anfiteatro, una terraza pavimentada, una pérgola y una instalación fotovoltaica.

"Todas estas obras se llevaron a cabo sin licencia, como ampliación de una casa original de 1956, en Suelo Rústico Protegido en el Área Natural de Especial Interés (SRP-ANEI) y, por tanto, no permitidas", explica el Consell.

Desde el departamento de Gestión del Territorio de la institución insular se recuerda que los delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido, además de las multas y la obligación del derribo de las ilegalidades construidas, pueden acarrear también hasta cuatro años de prisión. Además, en muchos expedientes sancionadores, las multas no solo van dirigidas a los propietarios, sino también a los constructores y colaboradores de los trabajos ilegales realizados, ya que estos tienen el deber de comprobar que las obras que se realizan tengan la licencia necesaria.

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