Crisis habitacional | Situación de los sin techo

Los habitantes de las infraviviendas sufren trabas para empadronarse

Cáritas apunta a la diferencia de criterio entre los funcionarios a la hora de aplicar la ley

Unidas Podemos reclama que se facilite el empadronamiento de los habitantes de los asentamientos

Jonathan y Viviana, de espaldas, dos de los inquilinos en un asentamiento que reclaman empadronarse. | .D. VENTURA

Jonathan y Viviana, de espaldas, dos de los inquilinos en un asentamiento que reclaman empadronarse. | .D. VENTURA

David Ventura

David Ventura

Según la ley -en este caso, la Reguladora de Bases Locales- toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio donde reside habitualmente. Si alguien no está empadronado es como si fuera un fantasma, que no consta y que no puede acceder a derechos elementales como, por ejemplo, tener una tarjeta sanitaria.

Es por este motivo que organizaciones como Cáritas insisten en la necesidad de que los Ayuntamientos den todas las facilidades posibles a quien quiera empadronarse en su municipio, aunque esta persona no tenga la documentación que acredite un domicilio fijo.

«Tenemos una ley que prácticamente te permite empadronarte si vives debajo de un árbol. Si estás viviendo en un espacio y puedes justificar que es tu lugar habitual, tienes el derecho y el deber de tener ese empadronamiento», explica Gustavo Gómez, coordinador de Cáritas Ibiza.

Sin embargo, hay ocasiones en que el texto legal se topa con la cruda realidad, como pueden atestiguar Jonathan y Viviana, dos residentes del asentamiento irregular de Can Raspalls que no han logrado empadronarse. «No tenemos domicilio, ningún papel, nada que demuestre que vivimos aquí. No tenemos ni dirección», lamentan.

Los ‘casos especiales’

La resolución de 29 de abril de 2020 por la que se dictan instrucciones técnicas a los ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal, estipula en el apartado de ‘Casos especiales de empadronamiento’, que la prioridad es que el padrón «debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio, de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda». En consecuencia, «las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el padrón».

Y concluye que se debe aceptar como domicilio «cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos». E incluso admite la posibilidad de que se inscriba «en un domicilio ficticio» en los casos de «una persona que carece de techo resida habitualmente en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales correspondientes».

Diferencias de criterio

Sin embargo, a la hora de la verdad, no todo es tan fácil, ya que hay diferencias de criterio según las interpretaciones que realizan los ayuntamientos de la isla que se encargan del padrón: «Algunos funcionarios son reticentes porque nos piden unos documentos que ellos consideran que son obligatorios y que nosotros creemos que no es necesario pedir. La interpretación de la ley es distinta», señala Gómez. «A veces uno de los requisitos es que vaya la Policía Local a dar fe de que viven allí, o te piden el justificante de pago de un suministro, y nosotros creemos que eso no debe ser condición sine qua non».

Es de la misma opinión Mónica Fernández, concejala de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Sant Josep, que reclama que se den las máximas facilidades para empadronarse a las personas que no han podido acceder a una vivienda digna y que se han visto obligados a residir en infraviviendas.

«Con ser usuarios de servicios sociales ya les debería servir para poderse empadronar», explica Fernández. En el caso de los habitantes del asentamiento de Can Raspalls,como Jonathan y Viviana, bastaría el papel de la Policía Local en el que confirman su residencia en ese terreno.

«Depende de qué Administración, es más fácil o más difícil. Nosotros lo vemos muy claro y ellos lo ven de otra manera», señala Gómez, quien explica que Cáritas ha mantenido reuniones con los ayuntamientos para tratar este tema y admite que «las cosas van mejorando».

Por su experiencia, señala que cuando se trata de usuarios de los servicios sociales no suele haber demasiado problema, « ya que los mismos servicios sociales se hacen cargo». Sin embargo, la principal dificultad radica en aquellas personas que tienen un trabajo pero que no una vivienda reconocida, o viven de realquiler o en un lugar no regularizado, lo que les aboca a un limbo. Una situación que Gómez considera que debe evitarse a toda costa: «Empadronarles es un deber de la administración», recuerda el coordinador de Cáritas.

Suscríbete para seguir leyendo