Sa Unió pide al Consell una reunión urgente sobre el deslinde de Costas de Formentera

Sa Unió de Formentera presentará una propuesta en la sesión ordinaria del pleno del Consell de final de mes para «la convocatoria urgente de la mesa de diálogo entre la plataforma de afectados por la delimitación de Costas y los grupos políticos con representación» en la institución insular.

Mientras, el PP balear, con su presidenta a la cabeza, Marga Prohens, ha convocado una reunión esta mañana a las 11 horas en el Hostal Maysi, de la playa de Migjorn, con los afectados por la Ley de Costas en la isla, según una nota de prensa de este partido. A este encuentro también está previsto que asistan los parlamentarios nacionales del PP José Vicente Marí Bosó y Miquel Jerez, además del presidente de este partido en Formentera, José Alcaraz, y los consellers de Sa Unió, Llorenç Córdoba y Javier Serra.

Tras la aprobación del nuevo reglamento de la Ley de Costas el pasado mes de agosto, los afectados por el deslinde de Formentera, unas 110 familias, han empezado a movilizarse porque temen una vulneración de sus derechos sobre las edificaciones afectadas, una reivindicación que se arrastra desde la aprobación de la propia Ley de Costas, en 1988.

Según avanzó la portavoz de la asociación de afectados, María José Mayans, ahora están consultando con sus abogados el detalle del citado reglamento para conocer en profundidad su alcance y luego posicionarse.

En la misma nota de prensa en la que Sa Unió (coalición en la oposición formada por Compromís, PP e independientes) anuncia su propuesta ante el pleno, se añade que «ante la negativa generada por los recientes cambios en la normativa de Costas por parte del Ministerio, Sa Unió ha reiterado el perjuicio que supone para la isla y ha registrado una proposición de acuerdo pidiendo que se atiendan las alegaciones hechas y se eliminen los cambios producidos, que aumentan la arbitrariedad en los lindes y en los otorgamientos de las concesiones administrativas en dominio público».

Alegaciones del Consell

Por su parte el Consell, el pasado 7 de enero, presentó una serie de alegaciones durante la exposición pública del reglamento en las que reclama directamente la retirada del texto al considerar que «es contrario a Derecho, choca con la jurisprudencia en materia de deslinde y crea inseguridad jurídica que solapa los derechos de los particulares». Uno de sus argumentos es que el reglamento «conduce de nuevo a la arbitrariedad en la determinación del dominio público e invade las competencias propias en materia de urbanismo y actividades». Estas y el resto de alegaciones nunca han sido contestadas por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico.

Sa Unió insiste en su comunicado en que se debe optar por pedir «la suspensión de cualquier trámite que comporte medidas restrictivas de derechos así como el inicio de un proceso de reforma de la vigente ley que permita mejorar la conciliación entre la protección del dominio público marítimo terrestre con los derechos consolidados de los ocupantes y el reconocimiento del valor etnológico, cultural e histórico de los núcleos de población y elementos costeros tradicionales para otorgarles protección».

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