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Jornada en Ibiza sobre el reglamento de Costas: «La reforma es dura y va a afectar a muchísima gente»

El objeto es aumentar el dominio público y el plazo máximo de las concesiones pasa de 135 a 75 años

Los cuatro especialistas en Derecho, junto al presidente y la letrada de la Cámara de Comercio, ayer, en el centro de Jesús. | J. A. RIERA

La reforma del reglamento de la ley de Costas aprobado el pasado mes de agosto «no supone una reforma integral de la ley, pero la endurece bastante, va muy en la línea de la de 1988, quizá incluso es más dura, con la finalidad de traer al dominio público el mayor espacio posible, y afecta a muchísima gente».

Con estas palabras el letrado Mayor del Consejo de Estado, ahora jubilado, José Antonio García-Trevijano describe la reforma reglamentaria que afecta al dominio público marítimo terrestre y que, según su criterio, «no está justificada» porque se sostiene sobre «unas bases muy imprecisas» lo que provoca que el trazado de la línea de protección sea «bastante aleatorio», con zonas donde el dominio público es muy amplio y en otras no».

Garcia-Trevijano participó ayer en la jornada divulgativa sobre los cambios en el reglamento de Costas organizada por la Cámara de Comercio y que también contó con otros ponentes especialistas en este asunto: los catedráticos de Derecho Javier Jiménez de Cisneros y Juan Ramón Fernández y el notario Javier González.

En declaraciones a este diario, García-Trevijano destacó la importancia de que la gente conozca los cambios introducidos y «sus posibles consecuencias y riesgos». «Otra cosa es cómo lo aplique luego la Administración, porque ser más o menos dura», advierte.

Público asistente a la charla de divulgación organizada por la Cámara de Comercio. JA RIERA

La reforma gira en torno a «la ampliación del dominio público frente al tradicional, la posibilidad de que se tracen nuevos deslindes para comer más terreno en favor del dominio público y la reducción de las opciones para obtener una concesión y de los plazos de duración».

En concreto, el especialista indica que ante de la reforma una propiedad afectada por el dominio público marítimo terrestre tenía una concesión de 30 años prorrogables otros 30 y, con la reforma de 2013, se podía añadir otro período extraordinario de 75 años (135 en total). Ahora, en cambio este último plazo se reduce a 15 años, por lo que las concesiones no superarán a partir de ahora los 75 años. De todos modos, García-Trevijano puntualiza que se pueden contar «con una mano» los casos en los que la Administración concede estas concesiones.

A partir de ahora aquellos propietarios que en su día se quedaron fuera del deslinde, ahora tienen «un riesgo importante» de que se trace uno nuevo y «aquellos que pensaban que su propiedad se había consolidado como privada, que pase a dominio público». Aparte, también se puede dar el caso de que, aunque se siga quedando fuera de la zona de protección, se cambien los usos definidos.

García-Trevijano considera que la normativa de Costas es «fatal para la seguridad jurídica» y causa en el administrado una «sensación de bastante arbitrariedad» porque «hay una componente de discrecionalidad muy grande». De hecho, si se analiza el criterio aplicado no sólo en Balears, se aprecia que «no se ha deslindado con el mismo rigor en todas las zonas». «Algunos deslindes se han trazado sobre la línea de playa, pero otros se han ido 500 o 600 metros tierra adentro, como en Formentera».

Deslinde de Formentera

«Ya fue bastante duro y a la gente no le han dado concesiones sustitutivas. Igual no hacen un deslinde nuevo para no abrir más heridas, pero lo mismo este Gobierno u otro se lanza a hacerlo», indica García-Trevijano, que defiende que «propiedad pública y protección no siempre van de la mano», y recuerda que se crean Parques Naturales sin declarar ese espacio como público. Es más, destaca que «las grandes obras lesivas para el Medio Ambiente, como puertos o paseos marítimos, las ejecuta la Administración».

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