Inspecciones y beneficios fiscales para atajar el problema de la vivienda en Formentera

El nuevo conseller insular de Turismo y Vivienda de Formentera, Artal Mayans, escuchó el pasado miércoles las demandas de los miembros de la plataforma SOS Vivienda, que protestaron ante la sede insular, donde presentaron más de 700 firmas que reclaman soluciones contra los abusos en los alquileres y las precarias condiciones de alojamiento que soportan numerosos residentes todo el año y de temporada.

El nuevo conseller dijo ayer que no quiere crear falsas expectativas: «El programa de Sa Unió recoge nuestra propuesta, que es mejorar la situación porque creo que atajar completamente el problema de la vivienda es muy complicado».

El nuevo conseller de la coalición de la derecha entiende que la falta de vivienda se debe abordar desde distintas variantes que pasan primero «por luchar contra el intrusismo y los alquileres turísticos ilegales, pero también tenemos que fomentar que aparezca nueva vivienda en el mercado residencial y que los propietarios prefieran ofrecer su vivienda de alquiler para todo el año en vez de solo en temporada».

Para incentivar esa tendencia, Mayans avanza la aplicación «de incentivos fiscales y cambios en las regulaciones» porque «desde el gobierno de Sa Unió estamos comprometidos con ello». Reconoció que el reto «no es fácil, pero lo vamos a intentar».

Respecto a la movilización de SOS Vivienda Formentera, que sirvió para visibilizar el problema, Artal Mayans lo aplaudió: «Es una gran aportación que la gente traiga ideas nuevas y nos dé una motivación extra».

El conseller también expuso como factor a considerar «el incremento brutal, en los últimos años, de las estancias turísticas que se han regulado. Vamos a perseguir a los que alquilen de forma ilegal, no se trata de acosar al que lo hace legalmente sino buscar al que no cumpla con las normas y condiciones que se aplican a todos».

Reconoció que la propuesta de SOS Vivienda de rehabilitar espacios públicos para alojamientos es poco viable: «Es complicado, podríamos conseguir alguna vivienda pero sería reducido e insuficiente para combatir el problema». De todas formas, no renuncia a aplicar cualquier medida válida para sacar al mercado viviendas residenciales: «Cada vivienda cuenta», subrayó. También puso en duda que se pueda «obligar», de forma legal, a que las medianas y grandes empresas tengan que facilitar hospedaje a sus trabajadores.

Respecto a la Oficina insular de Vivienda, que puso en marcha el anterior equipo de gobierno, explicó que ahora mismo está «dando soporte jurídico y asesoramiento legal para el alquiler de viviendas además de la tramitación y obtención de ayudas públicas que se dan desde el Consell y desde el Govern a través del Ibavi». Mayans avanzó que estudian cómo crear un organismo «que dé garantías a los arrendatarios para un alquiler seguro».

Las ayudas en realidad sólo suman 30.000 euros

Formentera cuenta con líneas de ayudas para el alquiler de vivienda que suman 200.000 euros. El conseller de Vivienda, Artal Mayans, aclaró que realmente «son 70.000 euros lo que se dedica a ayudas directas a los arrendatarios, pero los requisitos establecidos son tan exigentes que estimamos que menos de 30.000 euros son los que han llegado». Pero el plazo termina este año. «La única opción que vemos viable es intentar recuperar el remanente para hacer una nueva convocatoria con requisitos más amables para que llegue a más gente».

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