Denuncian por presunta prevaricación a cuatro consellers de Formentera por la regulación de s'Estany des Peix

La Asociación de Empresarios Usuarios de Estany des Peix (Aeuep) ha denunciado ante la Guardia Civil a los consellers de Formentera Alejandra Ferrer, Rafael Ramírez, Bartomeu Escandell y Paula Ferrer por "la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de puntos de amarre en este paraje marino incluido en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.

El Consell, en el proyecto para regular el fondeo de embarcaciones en este enclave, puso como requisito, entre otros, que la barca para la que se solicitara amarre "ha fondeado en s'Estany des Peix desde antes del 5 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del PORN (Plan de Ordenación de los Recursos Naturales)" del Parque Natural, recuerda la asociación en su denuncia, presentada el 16 de febrero pasado.

Es en este punto en el que se basa la denuncia, ya que los miembros de Aeuep (todos con empresas dedicadas al alquiler de embarcaciones, que han sido excluidas del listado para fondear) consideran probado que la adjudicación, en muchos casos, "se ha realizado prescindiendo completamente del carácter fehaciente que se exige para la prueba de antigüedad", esto es, que no habrían fondeado antes de la fecha mencionada, "dándose por válidas [para confirmar este extremo] fotografías particulares que lógicamente no acreditan ni la fecha en la que se tomaron ni el lugar preciso ni la duración, en su caso, del fondeo de la embarcación".

También explican que, como prueba de esa antigüedad en el uso de s'Estany des Peix, se incluyeron "fotografías aéreas que no permiten ver la matrícula o distinguir la embarcación".

Adjudicación de amarres "arbitraria"

Por todo ello, y ante "la pluralidad de irregularidades", la asociación considera en la denuncia: "No nos hallamos ante meros errores materiales, sino ante la elaboración de una lista de asignación de amarres –cuyo contenido económico implícito no se escapa al conocedor de la industria turística de Formentera–, completamente arbitraria, con manifiesto apartamiento de la normativa reguladora, en detrimento de usuarios de mejor derecho y en perjuicio del ecosistema del lugar afectado, cuya conservación es la finalidad última del Reglamento y del plan de usos del que dimana".

"La contradicción entre lo establecido por el ordenamiento jurídico y el acto administrativo adoptado", indican en la denuncia, "es flagrante y debe considerarse prima facie subsumible en el delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal".