De profesión, becario

Son la cara más joven de la precariedad laboral. Los becarios encadenan prácticas, realizan innumerables cursos como estrategia para seguir en las empresas que los becan y cubren puestos de trabajo sin las condiciones propias de un empleado, pero con la esperanza de conseguir ese tan ansiado contrato laboral. Ante esto, 2022 tampoco será un año que se pueda recordar por la aprobación de un Estatuto del Becario que termine con prácticas empresariales cuestionables y que garantice a los becarios unas condiciones más justas.

Aunque la voluntad del Ministerio de Trabajo era cerrar el Estatuto antes de verano del año pasado, la negociación se ha ido alargando a raíz de las discrepancias de la patronal en relación al texto. A pesar de que ya hay una propuesta sobre la mesa que los sindicatos dan por buena, el Gobierno está realizando modificaciones sobre ella para trasladar el nuevo texto a los agentes sociales y la patronal en los próximos días. Después, pretende acordar una última reunión y cerrarlo.

Para los sindicatos es esencial eliminar las prácticas extracurriculares, es decir, las que se realizan de forma voluntaria durante la formación, pero que no forman parte del plan de estudios. Reclaman que se transformen en curriculares o en contratos formativos. «Con estas prácticas, las empresas utilizan a los becarios como mano de obra barata o gratuita», afirma Laura Bonet Oriols, portavoz nacional del sindicato juvenil de UGT, Avalot.

En la misma línea habla Lucía Aliagas, coordinadora nacional de acción joven en Comisiones Obreras. Asegura que no están dispuestos a ceder ni en ese ni en puntos ya negociados, como, por ejemplo, la remuneración de los gastos producidos durante las prácticas. «El acuerdo de remuneración ya nos parece justo, porque no fija un mínimo», sentencia Aliagas.

En el lado opuesto se posicionan las patronales. La directora del área de trabajo de la patronal catalana Pimec, Sílvia Miró, defiende las prácticas extracurriculares como «la mejor herramienta de inserción laboral» de los jóvenes. Argumenta que las empresas los emplean de forma voluntaria y les ofrecen una oportunidad formativa, que con la eliminación de estas prácticas se erradicaría. «Está bien que se regule, pero no creo que haya abuso por parte de las empresas. No podemos eliminar las prácticas extracurriculares por algunos casos aislados». Y advierte de que la mayoría de compañías que emplean a estudiantes son pequeñas o medianas, por lo que «si ponemos demasiados impedimentos, dejarán de hacerlo».

Miró afirma, por otra parte, que el tejido empresarial se transforma más rápidamente de lo que lo hace el sistema educativo. Y, frente a esto, las prácticas funcionan como una ventana real al mundo profesional. Además, aunque se muestra favorable a incluir una contraprestación económica, pide tener en cuenta, a la hora de estipular su cuantía, los propios costes empresariales de contratar a un estudiante y su tutorización, la gestión burocrática y su «nivel de productividad relativa». «La contraprestación tiene que compensar solo los gastos de las prácticas, porque no se tiene que equiparar a una prestación por servicio laboral. Las prácticas no son trabajo, tienen una función formativa».

Sin embargo, los sindicatos advierten de que, en ocasiones, los becarios llegan a conformar hasta el 80% de las plantillas de las empresas. Según datos de Comisiones Obreras de 2015 –los últimos publicados- en dicha fecha había alrededor de 1,4 millones personas en prácticas. Más allá de esa cifra, no existe un censo oficial que las contabilice en la actualidad. Y algunas empresas utilizan esta falta de control para cubrir puestos de trabajo convencionales con becas.

En este sentido, el nuevo Estatuto del Becario pretende fijar un máximo del 20% de estudiantes en la plantilla. El último borrador, al que ha tenido acceso ‘activos’, impone algunos límites como la obligatoriedad de formalizar una relación laboral cuando la actividad desarrollada en la empresa sustituya las funciones de un trabajador por cuenta ajena. También advierte de que no serán consideradas prácticas las actividades que no requieran de especial cualificación o no cuenten con formación y tutorización. Y añade algunos derechos como la contraprestación económica y la garantía de que la actividad se pueda compatibilizar con el resto de la formación. El estudiante tendrá derecho, además, a participar de todos los servicios con los que cuenten las demás personas trabajadoras como la restauración o el aparcamiento. Y las empresas deberán informar a la representación legal de los detalles relacionados con los estudiantes en prácticas: la cantidad, el horario, la contraprestación por gastos y la remuneración económica, si es que la hay.

La historia de Marina (nombre ficticio porque prefiere mantener el anonimato), de 26 años, habla de la frustración. Es diseñadora gráfica. Hizo prácticas durante la carrera y, cuando acabó, consiguió una beca de verano en una empresa. Pero no volvieron a llamarla y, tras varias becas más que no la llevaron a puerto, buscó un trabajo que nada tenía que ver con sus estudios. Durante el tiempo en que estuvo desconectada del diseño laboralmente, siguió formándose con dos cursos más.

Ante la imposibilidad de trabajar de lo que había estudiado, decidió apuntarse a un máster, «para tener la opción de encontrar otras becas». En la bolsa de trabajo encontró unas nuevas prácticas. Esa fue la primera vez que le quisieron renovar una beca, pero tampoco le ofrecían contrato. «No me habían vuelto a llamar en ninguna de las prácticas que había hecho antes, ni siquiera para hacer sustituciones, que es lo más precario que conozco», lamenta.

«Los becarios somos como el avlo de los trabajadores, la versión low cost que tiene que hacer el mismo o más trabajo que ellos, a coste prácticamente cero», argumenta. «Nos utilizan para tapar los agujeros de la precariedad que arrastran los sectores profesionales desde hace años».

Anna (como todos los demás, también es un nombre ficticio), tiene 25 años. Es traductora. La contrataron en una empresa para cursar las prácticas de la universidad y la formaron. Esas prácticas finalizaron en verano, cuando ella terminó la carrera. Pero la compañía le propuso continuar con una beca remunerada -financiada por una entidad bancaria- para realizar trabajos de traducción en fines de semana y días festivos.

Anna aceptó, pero no podría formalizarla hasta el mes de septiembre, cuando comenzaba su máster. Para cubrir esos tres meses de verano, la empresa le ofreció hacer un curso con una escuela online con la que tienen convenio.

«Es una tapadera. No he hecho el curso, no he hecho las pruebas. Nadie me ha reclamado nada, ni se han mirado mis calificaciones. De hecho, ya he comenzado el segundo, para seguir alargando la beca. Son cursos fantasma», explica.

«Siento que esto quizá puede abrirme las puertas a un contrato laboral, pero no tengo ninguna seguridad. Hay mucha competencia y todos acabamos haciendo mil cosas por conseguir un contrato».

Andrea tiene 28 años y es graduada en Administración y Dirección de Empresas. Cuando acabó sus estudios, comenzó a buscar trabajo, pero se encontró con que todas las empresas le pedían de uno a dos años de experiencia. Y ella solamente había hecho prácticas curriculares, insuficiente a ojos de las compañías contratantes.

De esta forma, empezó a buscar prácticas. Entró en una empresa que le ofreció seis meses a 8 horas al día por 700 euros, a condición de que con el tiempo la contratarían. Pero las condiciones no distaron mucho cuando llegó la oferta laboral: su sueldo sería de 800 euros al mes, y no lo aceptó. De nuevo, buscó otras prácticas. Una empresa le ofreció una beca de jornada completa por 500 euros. Para poder formalizarla, la compañía le financió un curso. Y cuando lo finalizó, le propuso seguir apuntada, para no perder la beca. «Se aprovechan de la gente que ha salido de la carrera y no tiene otra opción que aceptar prácticas para conseguir un contrato», lamenta.

Fue entonces cuando encontró otras prácticas, esta vez en una empresa holandesa. Allí le pagaron 1.200 euros netos. Y en ese país fue donde finalmente encontró trabajo.

Ignasi tiene 24 años y lleva desde que terminó la carrera de periodismo trabajando como becario en una conocida emisora de radio. Cuenta que, para ganar la beca, que tenía que durar un verano, se presentó junto con otras 70 personas, de las cuales solamente elegirían a cuatro.

Una vez terminados los meses de verano, su beca acabó. Pero a los pocos días le llamaron de la emisora para ofrecerle quedarse a hacer el matinal. Eso sí, en forma de prácticas extracurriculares. Como ya había terminado la carrera y no había forma de formalizar unas prácticas con la universidad, se vio forzado a apuntarse a un máster para seguir con sus prácticas. «Acepté porque todas las personas que lo habían hecho antes que yo habían acabado contratadas», explica. De hecho, argumenta: «ya tenía pensado buscar un máster, para poder conseguir unas prácticas». Según su experiencia hasta la fecha, esa es la vía para obtener un contrato laboral.

«Se trata de una plaza de redactor encubierta. Tengo las obligaciones de los redactores, pero no tengo vacaciones ni cotizo. Estoy pasando por el aro para que cuando acabe, o se abra una plaza, me contraten», concluye.

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