El Govern deberá impulsar normas que protejan a los clubes náuticos

Los representantes del Govern y los consells en la Autoridad Portuaria de Balears (APB) deberán promover las medidas normativas, de apoyo y de gestión para que los clubes náuticos tradicionales puedan desarrollar de manera estable y segura sus actividades deportivas y recreativas.

Así fue aprobado ayer por todos los grupos del Parlament balear, que votaron a favor del punto 2 de la proposición no de ley (PNL) planteada por el Grupo Socialista sobre la continuidad de la actividad náutica y recreativa de los clubes náuticos. También salió adelante en comisión el punto 1, por el que se insta al Govern a que se comprometa a apoyar la actividad de los clubes náuticos.

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No se aprobó, en cambio, el punto 3 de la proposición, en el que se instaba al Govern a promover ante el Gobierno del Estado los cambios normativos necesarios «que permitan transferir a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la gestión de las zonas portuarias en las que se ubiquen los puertos deportivos y las instalaciones náuticas de carácter recreativo», una medida que permitiría a la Administración autonómica controlar los cambios de las concesiones a los clubes náuticos tradicionales, pero que en cualquier caso requerirían modificaciones de la ley estatal.

Desde el PSOE no se aceptaron las transacciones propuestas por el PP para instar al Estado en lugar de a la Comunitat Autònoma a modificar la normativa, como autoridad competente, lo que impidió el acuerdo.

Cambiar la Ley de contratos

Durante el debate en comisión, dado que en el pleno sólo se votó el punto 2 de la PNL sin entrar a su debate, se puso sobre la mesa la necesidad de modificar la Ley de contratos del sector público si se quiere dar prioridad en las concesiones públicas a entidades de carácter social.

Por parte del Grupo Socialista, Damià Borràs planteó la necesidad de encontrar un equilibrio entre los intereses económicos legítimos de las empresas y el mantenimiento de los clubes náuticos, una tarea «difícil» con la actual Ley de contratos del sector público. Respecto a las transaccionales planteadas por el Grupo Popular, dijo «no tener inconveniente en dirigirse al Estado», pero luego acabó no aceptándolas.

El diputado del Grupo Mixto, Josep Castells, apuntó que la directiva europea en materia de contratos en la que se basa la normativa española actual, ya permite dar prioridad a entidades de base social en concesiones de servicios sociales; sin embargo este margen de actuación no se ha aplicado al texto vigente.

Es por ello que planteó la necesidad de una «segunda fase» si se quiere proteger la actividad de los clubes náuticos tradicionales como entidades asociativas por encima del principio de libre concurrencia.

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