Ibiza tendrá un centro para menores con problemas de conducta

Ibiza contará con el primer centro de Balears de acogimiento residencial para menores con conductas disruptivas o disociales recurrentes. Se trata de un tipo de centro creado a través de la ley orgánica 8/2015 que modificó el sistema de infancia y adolescencia, pero que todavía no se había implantado en la Comunidad Autónoma. El concurso público para contratar este servicio por parte del Consell de Ibiza se puso en marcha en noviembre del año pasado y el pasado 27 de diciembre se declaró desierto.

El valor estimado del contrato se sitúa en 1,65 millones de euros al año, con una duración de dos años prorrogables otros tres, y contempla tanto la contratación del personal como la obligación de contar con un inmueble en la isla de Ibiza por parte de la entidad adjudicataria.

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Desde el Consell indicaron que se repetirá el proceso de licitación en próximas fechas, dado que se considera un servicio necesario. Respecto a la ausencia de ofertas en este primer intento de licitación, justificaron que «las licitaciones de un servicio completamente nuevo son difíciles» e indicaron tener constancia de que «algunas empresas interesadas no habían tenido tiempo de confeccionar un equipo y encontrar un lugar adecuado», pero le consta a la institución «que están en ello y hay interés».

Seis plazas

El servicio de acogimiento residencial para menores en situación de guarda o tutela del Consell de Ibiza con problemas conductuales estará dimensionado para seis personas.

La institución cuenta actualmente con un centro de atención a menores preparado exclusivamente para ofrecer los servicios de primera acogida y residencial básico, en el que hay «entre 5 y 6 usuarios que pueden ser susceptibles de residir en el nuevo centro».

La atención específica que requieren estos menores y la existencia de un número importante de estos casos dentro del centro ha llevado al Consell a impulsar la contratación de este servicio con el que se busca, además, «favorecer que los menores puedan trabajar de manera más intensiva con sus familias».

No es un reformatorio

Desde el Consell subrayaron que no se trata de un centro para menores con sentencias firmes por delincuencia, sino que son menores con problemas graves de conducta para los que se dispone un lugar y un servicio a través del que pueden recibir el tratamiento que necesitan por su casuística concreta.

Aún así, dada la problemática específica de estos menores, está prevista por la ley el uso de medidas de seguridad, que pueden consistir en la contención mecánica o en la contención física del menor, en su aislamiento o registros personales y materiales.

Estas medidas deben tener siempre «una finalidad educativa y deben responder a los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, provisionalidad y prohibición del exceso, deben aplicarse con la mínima intensidad posible y durante el tiempo estrictamente necesario.

El centro deberá contar con tres o cuatro educadores sociales, cuatro auxiliares técnicos educativos, un psicólogo, un psiquiatra y seis controladores, que deberán actuar bajo la supervisión del personal educador y atender las directrices del equipo directivo del centro.

La atención a estos menores debe incluir psicoterapia individual, de grupo y familiar, atención psiquiátrica y rehabilitación socioeducativa.

Tanto los pliegos como la normativa vigente indican que estos centros no deben convertirse en un espacio para apartar a estos menores de la sociedad, sino que deben proporcionarles, «cuando las instancias familiares y educativas ordinarias no existen o han fracasado, un marco adecuado para la educación, la normalización de su conducta y el desarrollo libre y armónico de su personalidad».

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