La desaladora de Santa Eulària amplía su producción ante la falta de agua en Ibiza

Abaqua saca a concurso público el proyecto para aumentar la capacidad de desalación de esta planta

Los 15.000 m3 diarios que puede generar en la actualidad aumentarán a 20.000 m3 con una cuarta línea

Imagen de archivo de la desaladora de Santa Eulària

Imagen de archivo de la desaladora de Santa Eulària / J. A. Riera

La Agencia balear del agua y la calidad ambiental (Abaqua), dependiente del Govern balear, ha sacado a concurso público el proyecto de ampliación de la planta desaladora de Santa Eulària, con el que podrá aumentarse en un 33% su capacidad de producción. Con esta iniciativa se prevé paliar el déficit de agua potable que, debido al incremento de la presión humana, se repite cada año en Ibiza durante la temporada turística.

La empresa pública Abaqua licita la redacción de este proyecto de ampliación por un presupuesto máximo de 242.000 euros y tiene abierto el plazo de presentación de las ofertas hasta el 22 de noviembre. Se trata del trámite previo a las obras para aumentar la producción de agua desalada en la planta, que requerirá de otro concurso público para ejecutar esos trabajos.

El consumo y suministro de agua desalada en la isla de Eivissa se ha multiplicado por tres en los últimos doce años

En estos momentos, la planta de Santa Eulària cuenta con tres líneas de producción, cada una de ellas con una capacidad de potabilizar 5.000 metros cúbicos (m3) diarios de agua marina. Ante el constante aumento del consumo de recursos hídricos derivado del turismo y el aumento de población, Abaqua creará ahora una cuarta línea de desalación, que generará el mismo volumen que las tres existentes. De esta manera, una vez en marcha la nueva instalación, se llegará a un volumen de 20.000 m3 en Santa Eulària.

Cabe tener en cuenta que, hasta el año 2018, las tres plantas desaladoras de la isla de Ibiza solo necesitaban funcionar a pleno rendimiento desde junio a septiembre. En cambio, en la actualidad deben trabajar al máximo desde mediados de abril hasta finales de octubre, según detalla Abaqua en la memoria justificativa del proyecto.

Consumo

El hecho de que todas las líneas estén operativas para cubrir la demanda implica que, en caso de cualquier avería o incidencia, se deba reducir el caudal comprometido con alguno de los municipios ibicencos, que son los responsables del suministro domiciliario del agua.

Sant Josep tuvo que cortar el suministro de agua desalada a sa Caleta los dos últimos veranos por la falta de caudal

Las tres desaladoras de la isla (Sant Antoni, Vila y Santa Eulària), que están interconectadas, producen una punta de agua desalada de 44.500 m3 al día. Este volumen, debido a la sobreexplotación de los acuíferos, se ha quedado corto en los últimos años para cubrir toda la demanda durante la temporada turística.

De hecho, en los dos últimos veranos se ha llegado a cortar el suministro de agua desalada en la zona de sa Caleta, en Sant Josep, el municipio que se ha visto más perjudicado por el agotamiento de los de recursos hídricos. Los vecinos afectados no tuvieron más remedio que resignarse a recibir agua salada en sus domicilios durante los meses de julio y agosto.

En tan solo 13 años, el suministro de agua desalada en la isla de Ibiza se ha multiplicado por tres, pasando de los cuatro millones de m3 consumidos en 2009 a los 12 millones producidos el año pasado.

Además de iniciar la ampliación de la depuradora de Santa Eulària, Abaqua había previsto aumentar la capacidad de producción de la planta de Sant Antoni, según anunció la entidad.

Una planta que abrió con seis años de retraso

Pese a la fuerte demanda de agua desalada en Ibiza, la planta de Santa Eulària sufrió tal cúmulo de vicisitudes que tardó más de seis años y medio en ponerse en funcionamiento pese a que ya habían finalizado las obras. Los trabajos comenzaron en junio de 2006 y finalizaron en noviembre de 2011, pero no empezó a producir agua desalada hasta abril de 2018. La infraestructura fue construida por el Gobierno central y se tenía que ceder al Govern balear para su gestión. No obstante, la Administración autónoma no quiso asumir la titularidad porque implicaba hacerse cargo de un sobrecoste de 19 millones de euros en su construcción. Finalmente, la Justicia obligó al Govern a desembolsar 45 millones al Estado por el sobrecoste y los retrasos.

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