Analizados más de 300.000 ‘mails’ en la causa de la prórroga del CNI

Los investigadores del caso Puertos, la macrocausa judicial de presunta corrupción en torno a la Autoridad Portuaria (APB) cuando Joan Gual de Torrella era su presidente (2015 a 2020), están recabando información económica en Suiza. El juzgado de Palma encargado de instruir el caso ha solicitado auxilio internacional a las autoridades suizas, mediante una comisión rogatoria, para que faciliten una serie de documentación y datos.

Estas pesquisas coinciden con el levantamiento del secreto de todas las actuaciones, ya que precisamente las autoridades suizas comunican a la persona afectada por la comisión rogatoria el traslado de la información.

Así pues, en este momento, se han dado a conocer tres piezas secretas del macroproceso judicial: la pieza número 5, que investiga un presunto trato de favor de Gual de Torrella, a las empresas Sitges Reunides y Transpulve 2009 SL en la concesión para explotar un silo de cemento en el Port d’Alcúdia; la pieza número 7, que indaga acerca de los vínculos entre Gual y la entidad Plumbago SL; y la pieza número 9, por un supuesto favorecimiento a la abogada del Estado y asesora de la Autoridad Portuaria a través de su marido en la contratación por parte del organismo portuario mediante una empresa interpuesta y la presunta influencia ejercida para dicha contratación.

En total, la macrocausa del caso Puertos se dividió en nueve piezas. Dos de ellas, la número 6 y la 8, relativas a las concesiones de astilleros y de un edificio comercial en el puerto de la Savina, en Formentera, fueron archivadas hace varias semanas al no existir indicios de delito. Otras dos piezas, la 3 y la 4, sobre presuntas irregularidades para prorrogar el Club Náutico Ibiza y sobre la concesión de amarres en el puerto de Maó, respectivamente, se han acumulado en una única para ser juzgadas a la vez. Precisamente, un auto reciente, en el que la magistrada instructora acuerda levantar el secreto de toda la causa, destaca que en la pieza 3 se han analizado más de 300.000 correos electrónicos correspondientes a los investigados, «una tarea ímproba llevada a cabo por la fuerza actuante con un número muy reducido de efectivos humanos, lo que hace que el tiempo invertido en dicho análisis, que en abstracto podría parecer excesivo, esté más que justificado»

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