Recursos Hídricos rectifica y da vía libre a Sant Josep para levantar la parálisis de las obras de Vadella 24

La situación de la promoción inmobiliaria Vadella 24, en Cala Vedella, da un vuelco. La construcción de este edificio de 20 apartamentos, piscina y aparcamiento fue paralizada en octubre de 2019 por el Ayuntamiento de Sant Josep después de que la dirección general de Recursos Hídricos, dependiente de la conselleria balear de Medio Ambiente, advirtiera de que se ubicaba en la desembocadura del torrente y no la había autorizado.

También se paralizaron las obras de ampliación de la depuradora, que se encuentra justo detrás de la estructura de este edificio, por el mismo motivo. Inicialmente, los técnicos de Recursos Hídricos señalaron que, tras comprobar la cartografía del visor de la red hidrográfica y la zona de dominio público hidráulica, se constató que la estructura de la promoción invadía la desembocadura del torrente situado justo detrás de la playa. La promotora, Vadella Mediterranean Homes SL, alegó que no era un torrente.

Precisamente, los técnicos de Recursos Hídricos posteriormente comprobaron in situ que la promotora tenía razón y que, «a causa de todo el proceso urbanizador iniciado en la década de los años 80, el lecho del torrente ha desaparecido», según explica una portavoz de Medio Ambiente. De todos modos, el espacio que ocupa la estructura del edificio es «zona inundable» porque aguas arriba sí que sigue existiendo el torrente. Por ello, Recursos Hídricos obliga a Vadella Mediterranean Homes SL a construir un drenaje con capacidad suficiente para evacuar el agua de lluvia.

Proyecto para el drenaje

De hecho, la promotora ya ha presentado un proyecto para construir el drenaje, según explica el alcalde, Ángel Luis Guerrero, quien, de todos modos, puntualiza que, en contra de lo que pretendía Vadella Mediterranean Homes SL, no se puede ejecutar esta obra al amparo de una comunicación previa. Pese a que desde 2007 el Consistorio no concede licencias en Cala Vedella, el alcalde especifica que este veto (se justifica en el hecho de que los propietarios no han completado la urbanización de la unidad de actuación) afecta a las licencias de nueva construcción, pero «no a las de dotación de servicios», como, en este caso, la construcción de un drenaje de pluviales. «Si la compañía Endesa, por ejemplo, tiene que hacer una canalización, se le da licencia, no para nuevas construcciones», justifica Guerrero.

La licencia de este edificio es del año 2001. El proyecto, firmado por la arquitecta Pilar Fernández, implicada en la trama del difunto exarquitecto municipal Antonio Huerta, amparaba la construcción de dos edificios. Uno de ellos, formado por 25 estudios y cinco locales, está construido desde hace años en otro terreno, situado en una esquina junto a la playa. Precisamente, el titular de la licencia es otra sociedad (Atika del Noreste SL) que no tiene nada que ver con la propiedad del terreno donde se encuentra la estructura paralizada.

La entidad urbanizadora de Cala Vedella (UMSA) vendió este terreno a Vadella Mediterranean Homes SL, que, a través de Azur Estates, comercializa esta promoción. Una vez iniciadas las obras, Atika del Noreste denunció en el Ayuntamiento que no había cedido la licencia, al tiempo que advirtió a la nueva propiedad de que cesara las obras porque no estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de las mismas.

Controversia sobre la licencia

Es por este motivo, por la ejecución de las obras sin el derecho de uso de la licencia, por lo que el Ayuntamiento abrió un expediente y ordenó la demolición de la estructura levantada. La promotora presentó un recurso de reposición, que aún no se ha resuelto. Ante esta situación, el Consistorio encargó un informe a un gabinete externo (Guerrero puntualiza que sólo trabaja para administraciones) sobre la controversia del uso de la licencia que concluye que esta «debe vincularse al terreno [al propietario] y no al titular de la misma». Esto cambia la situación y, aunque el Ayuntamiento aún no ha resuelto el recurso, todo apunta a que el Consistorio deberá dar marcha atrás a la orden de demolición y permitir la reanudación de las obras.

Tal como ya publicó este diario, la propiedad del terreno reveló que Atika del Noroeste pedía a Vadella Mediterranean Homes, a cambio de la cesión de la licencia, «la suma exorbitante de 800.000 euros». También denunciaba que sufría «una actuación de acoso y perturbación» y defendía que la adquisición del terreno a UMSA incluía «todo lo necesario, integrante y dependiente», también, según su criterio, la licencia de obra.

Suscríbete para seguir leyendo