Paralizadas las obras de extracción de tierra de la autovía del aeropuerto de Ibiza por falta de licencia

Casi ocho meses después de que el Ayuntamiento de Sant Josep exigiera un permiso o licencia a la empresa que extrae tierra de las obras de la autovía del aeropuerto en una de las fincas de Platja d’en Bossa del Grupo de Empresas Matutes, se ha ordenado la paralización de la actividad. Tal como informó este diario a mediados de abril, la empresa no aportó entonces ninguna autorización que amparase la actividad que estaba ejerciendo en los terrenos de Matutes y el Consistorio informó de que se estaba redactando un informe previo a la paralización de los trabajos de extracción y cribado de la tierra.

El decreto de paralización se emitió el pasado día 20 y se notificó cinco días después. La Policía Local se personó en la finca y al no hallar en ese momento a nadie procedió a precintar la orden en la verja de entrada. Desde este momento, no se puede trabajar más en la finca, en la que se pueden ver varias palas excavadoras, máquinas de cribado y camiones entre montículos de tierra mezclados con piedras.

Esta actividad se ejercía en una de las dos fincas (la número 56) de la calle Gamba Roja, al sur del hipódromo de Sant Jordi, en la que hay una orden judicial firme de retirada de la tierra. Estos dos terrenos (las fincas 56 y 59, que se ubica, esta última, al sur de la autovía por encima de las instalaciones de Aguamar) se utilizaron como zona de acopio de tierra, que en principio debía ser temporal, durante las obras de construcción de la autovía y quedaron fuera del pacto entre Matutes y la constructora y concesionaria de la autovía para aprovechar los áridos para el campo de golf que la propiedad proyectaba en Platja d’en Bossa.

Hace cinco años, en octubre de 2016, este diario publicó que la empresa Transportes Romero había cerrado un acuerdo con el Grupo de Empresas Matutes para retirar y comercializar, «a cambio de nada», según apuntaron las dos partes, la tierra de las fincas afectadas por el proyecto del campo de golf, cuya entrada se ubica al inicio de la carretera de ses Salines. El entonces concejal de Urbanismo y ahora alcalde, Ángel Luis Guerrero, aseguró que era el Govern balear el que debía autorizar y supervisar si la actividad cumplía la normativa, mientras que la conselleria balear de Territorio y Transportes pasaba la pelota al Consistorio y argumentaba que éste debía conceder una licencia. En marzo de este año, poco más de cuatro años después, la Policía Local notificó la paralización de los trabajos después de constatar que la empresa no contaba con ninguna autorización. Se abrió un expediente de sanción (con una cuantía que se sitúa entre el 100 y el 250% del valor de los trabajos) dirigido tanto a la empresa de transportes como a la propiedad de los terrenos. En este momento, está pendiente la respuesta del Consistorio a las alegaciones que sólo presentó el Grupo de Empresas Matutes.

Sanción de 765.000 euros

Acto seguido, la actividad se trasladó a la finca 56, sobre la que pesa un mandato judicial firme dirigido al Govern balear para que se retire el acopio de tierra. De hecho, la Comunitat Autònoma ha impuesto a la UTE Accesos Ibiza, concesionaria de la autovía, diversas sanciones por valor de 765.000 euros por su negativa a evacuar la tierra.

Finalmente, a principios de este año, la concesionaria de la autovía comunicó a la conselleria balear de Movilidad y Vivienda que procedería a retirar la tierra de las fincas 56 y 59. A petición del Govern, la UTE Accesos Ibiza presentó un plan de trabajo en el que se preveía la retirada de la tierra en un periodo de 220 días (algo más de siete meses), aunque la conselleria consideraba que el plazo de ejecución era demasiado largo y se debía reducir.

Tras la paralización de los trabajos en la finca 56, el Ayuntamiento ha abierto un expediente de diligencias previas, paso anterior al inicio del de sanción, según explicó un portavoz municipal.

El Govern admite que se debe cumplir la normativa

La conselleria balear de Movilidad y Vivienda, sobre la que pesa el mandato judicial que obliga a retirar la tierra de las fincas 56 y 59, las que quedaron fuera del pacto del campo de golf, asegura que la orden de evacuación de los áridos se debe cumplir respetando la normativa urbanística y medioambiental. Así, una portavoz de la conselleria apunta que se respetan las competencias del Ayuntamiento y que se entiende que éste haya ordenado la paralización de los trabajos si se incumple la normativa al no haberse obtenido una licencia.

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