Anuario Diario de Ibiza 2023 - Política
Sant Josep, de nuevo bajo sospecha
El anterior alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, investigado junto a otras ocho personas en la causa ‘Magister dixit’
Un guardia civil registra dependencias municipales. | J.A.RIERA
El inicio fue abrupto. El 13 de junio a primera hora de la mañana la Guardia Civil desalojó a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Sant Josep menos al departamento de Urbanismo. El alcalde en funciones en aquel momento, Ángel Luis Guerrero, acabaría la jornada detenido y otras cinco personas correrían la misma suerte dentro de la operación ‘Magister dixit’.
Los abogados de los investigados tras las primeras declaraciones. | VICENT MARÍ
La jueza del juzgado de instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, instruye esta causa en la que presuntamente estarían implicados funcionarios públicos, abogados y personas relacionadas con el sector de la construcción.
Tras la puesta en libertad de todos los detenidos, Guerrero anunciaba su renuncia a recoger el acta de concejal tras las elecciones de mayo y su baja del PSOE en un comunicado en el que defendía su «honorabilidad y la del personal del Ayuntamiento de Sant Josep». Así mismo anunciaba su intención de «limpiar» su buen nombre y el de aquellos con los que había trabajado, supuestamente implicados en la trama.
La jueza Carmen Martín levantó tras las declaraciones de los investigados el secreto de actuaciones que pesaba sobre el caso y mantuvo los cargos de cohecho y delito contra la ordenación del territorio para los investigados. A estos se añade el delito de prevaricación en el caso de los funcionarios.
Investigación
Según consta en los documentos de la instrucción, la investigación de este asunto se inició a raíz de la detección de una obra ilegal en Cala Bassa por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.
Era agosto de 2022, cuando los agentes del Seprona emitieron un informe por un presunto delito contra la ordenación del territorio tras constatar unas obras ilegales en una parcela de Cala Bassa, situada en zona protegida.
Tras tener conocimiento de otras supuestas irregularidades urbanísticas, el Seprona trató de constatar si el de Cala Bassa era un hecho aislado o una práctica habitual en el Ayuntamiento. Así, se llegó al segundo caso de esta causa judicial, el de la concesión de una licencia de legalización de una vivienda de es Cubells al amparo de la amnistía urbanística aprobada por el último gobierno autonómico del PP.
La Guardia Civil identificaría patrones similares en otras licencias urbanísticas otorgadas en Cala Vadella o Ses Salines, a raíz de lo cual solicitó autorización para pinchar los teléfonos de las personas implicadas en la supuesta trama.
La investigación sigue en curso y también la instrucción del proceso.
