¿Y lo de la vivienda en Ibiza cómo se arregla?

El precio de la vivienda en la isla de Ibiza se ha duplicado en una década. Así lo publicaba este diario el pasado día 16 de abril, poniendo en negro sobre blanco la incontrolable espiral inflacionista del mercado inmobiliario. Un estudio que arrojaba datos como que todos los municipios de la isla, excepto Vila, superaban el 100% de incremento del precio del metro cuadrado respecto al año 2014. Sant Joan es el municipio más caro, con 7.112 euros el metro cuadrado, y Sant Antoni donde más han subido los precios, un 167%.

¿Qué hacer para atajar esta situación? La disputa política también ha condicionado la búsqueda de soluciones y en este 2023 se han aprobado dos iniciativas distintas: una en la Ley de Vivienda del pasado mes de abril, impulsada por el Gobierno central; la otra es el decreto ley de medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda, del mes de octubre, y aprobada por el Govern balear. La una es fruto de un gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, y la otra receta de un gobierno presidido por el PP.

La Ley de Vivienda estatal establecía un límite en el incremento del precio del alquiler de un 2% en 2023 y del 3% en 2024; se rebajaba la consideración de gran tenedor a los propietarios de 5 inmuebles, con lo que se les podría obligar a limitar el aumento de los alquileres, ya sea congelando precios u ofreciendo incentivos fiscales. También permitía que comunidades como Balears limitase el precio de los alquileres en las denominadas ‘zonas tensionadas’, es decir, que más del 30 por ciento de la renta media de esa zona esté destinada al pago del alquiler o si ha habido un incremento durante los últimos cinco años de tres puntos por encima del IPC.

El plan de Prohens

Sin embargo, el Govern balear presidido por la popular Marga Prohens anunció que no aplicaría estas medidas y presentó unos meses más tarde su propia propuesta en forma de decreto ley. Un texto legal cuyo principal objetivo, según la consellera de Vivienda y Territorio, Marta Vidal, era «poner viviendas baratas en el mercado».

Así, este texto incluye medidas como la posibilidad de transformar locales comerciales, de oficinas e instalaciones turísticas obsoletas en viviendas a precio limitado; también se permite la división de inmuebles para transformarlos en varias residencias de menor tamaño, siempre que la media no baje de 60 metros cuadrados; se podrán levantar nuevas edificaciones con pisos con menos metros cuadrados de los previstos inicialmente y contempla la posibilidad de aumentar las alturas tanto en edificios ya existentes como de nueva construcción, también con un precio que deberá ser inferior al de mercado. El plan contempla la cesión de terrenos de titularidad pública a la iniciativa privada para levantar vivienda protegida.

Unas medidas de muy reciente aprobación y que todavía no han tenido ninguna incidencia en los precios del mercado.