La jueza advierte de que el Consell de Ibiza no puede usar políticamente la causa penal de Amadiba

La titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Ibiza advierte de que, en la investigación del caso Amadiba, «no se pueden revisar todas y cada una de las facturas cuyo abono se cuestiona» y recuerda que hay abierto un procedimiento administrativo por ello. A través de un auto, la jueza instructora señala que esta pretensión de la acusación, que ejerce la consellera insular de Bienestar Social, Carolina Escandell, en representación de la institución insular, «evidencia una clara intención de instrumentalizar políticamente la justicia penal».

En este auto, la jueza amplía en seis meses más la instrucción de esta causa, que se inició en marzo del año pasado. La exconsellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, de Unidas Podemos, que desde hace unos años no ocupa ningún cargo público, figura como investigada por la supuesta comisión de un delito de prevaricación por suscribir dos contratos con Amadiba, entidad sin ánimo de lucro para la atención de menores con discapacidad intelectual grave y autismo, «sin que conste la correspondiente tramitación administrativa preceptiva». Ambos contratos de prestación de servicio están fechados en enero y marzo de 2018, durante el anterior gobierno insular progresista.

La exconsellera de Ibiza Lydia Jurado rehúsa declarar por el caso Amadiba a la espera de conocer la causa

Precisamente, la jueza ha descartado la solicitud de la acusación y de la defensa para que declaren una serie de personas en calidad de testigos, fundamentalmente técnicos del Consell o la exvicepresidenta primera Viviana de Sans, al considerarlos «improcedentes».

En concreto, el auto señala que sólo se pueden estimar las diligencias encaminadas a analizar y verificar sendos contratos «en el contexto de la normativa aplicable», pero no la revisión de las facturas pendientes de pago y que ascienden a 2,2 millones de euros. El dictamen técnico en el que se fundamenta la denuncia del Consell apunta que estos contratos «se fabricaron fraudulentamente».

Sólo dos testificales

De esta manera, la jueza sólo estima la declaración testifical del que entonces era director de la Oficina de Defensa de los Derechos del Menor, dependiente de la Comunitat Autònoma. También citará a declarar, como testigo, aunque no lo haya solicitado ninguna de las partes, a la jefa de servicio de Bienestar Social del Consell Insular.

A petición de la defensa de Jurado, la jueza estima solicitar a la Oficina Anticorrupción de Balears, dependiente del Parlament balear, una copia del expediente que instruyó entre 2019 y 2021 precisamente sobre este mismo asunto.

Hay que tener en cuenta que la Oficina Anticorrupción resolvió que Jurado había dado «un trato de favor» a Amadiba al cederle un piso del Consell en la calle del Bisbe González Abarca de la ciudad de Ibiza (el antiguo centro de menores), para que esta entidad pudiera acreditar su implantación en la isla y asumir luego «en exclusividad» en Ibiza el servicio que ya estaba prestando en Mallorca desde 2014.

La Oficina Anticorrupción también pedía responsabilidades a la exconsellera por «una infracción muy grave», según la ley de Transparencia y Buen Gobierno, por haber asumido «a nivel particular» unos compromisos de gasto sin crédito presupuestario para ello. Por todo ello, pedía al Consell que adoptara «responsabilidades disciplinarias» contra Jurado.

Ahora bien, y ahí radica el interés de la defensa de Jurado en este expediente, la Oficina Anticorrupción descartó que estas irregularidades tuvieran consecuencias penales. Aunque inicialmente apreciaba un posible delito de prevaricación (igual que ahora la jueza instructora), tras las alegaciones presentadas por Jurado, Anticorrupción concluyó que no hubo dolo, requisito ineludible para acusarla de ello.

Asimismo, la jueza también solicitará, aunque no lo hayan requerido las partes, las diligencias de investigación que inició la Fiscalía en 2020 por este mismo asunto y que fueron archivadas. Un responsable de la Oficina Anticorrupción se reunió con la jefa de la Fiscalía de Ibiza y esta le informó de que sólo se habían observado posibles irregularidades administrativas.

Denuncia del Consell «vaga y genérica», según el auto con el que se inició la causa

El dictamen técnico que sustenta la denuncia del Consell Insular señala que la exconsellera de Bienestar Social Lydia Jurado podría haber incurrido supuestamente en la comisión de los delitos de prevaricación y malversación. Sin embargo, en el auto con el que se inició la causa, ahora hace un año, la jueza instructora señalaba que sólo apreciaba entonces (y ahora) «posibles irregularidades» con «trascendencia penal» en la tramitación de los dos contratos con Amadiba de enero y marzo de 2018, firmados por Jurado y sin la correspondiente tramitación administrativa. En este primer auto, la jueza definía el relato de la denuncia del Consell como «vago y genérico». También tachaba de «vaga y genérica» la consideración del Consell sobre la trascendencia penal de los hechos denunciados, «pues en ningún momento se especifica o concreta qué hechos o actos tendrían relevancia penal».

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