La exconsellera de Ibiza Lydia Jurado rehúsa declarar por el caso Amadiba a la espera de conocer la causa

La exconsellera insular de Bienestar Social Lydia Jurado, de Unidas Podemos, se ha negado a declarar esta mañana ante la jueza, en calidad de investigada, alegando que no conoce el expediente del caso Amadiba. Sólo ha respondido a unas breves pregunta de su abogada, Aina Díaz, y se ha comprometido ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, a acudir de nuevo al juzgado para declarar «cuando lo haya revisado todo». Así lo ha afirmado Díaz a la salida de los juzgados. Jurado ha declinado también hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Su letrada se ha limitado a decir que «hace muchos años que persiguen a Lydia» y ha destacado que «la Fiscalía ha dicho muchas veces que no había visto indicios de nada». «La propia Oficina Anticorrupción tampoco veía inicios de prevaricación pero, cuatro años después, estamos aquí», ha dicho Aina Díaz, que ha insistido en que «cuando se haya estudiado el expediente» volverán al juzgado para declarar.

La exconsellera de Ibiza Lydia Jurado declara hoy ante la jueza por el caso Amadiba

Desde el 19 de diciembre

Por su parte, el abogado Fernando Mateas, que ejerce la acusación particular en representación del Consell de Ibiza, ha recordado que Jurado sabía desde el pasado 19 de diciembre, hace un mes, que hoy tenía que declarar. «Es una posición procesal», ha dicho el letrado para justificar la decisión de Jurado de posponer su declaración para más adelante y limitarse a responder a algunas cuestiones de su defensa. «Ha dicho que no había cometido ningún delito, que todo estaba correcto y que no hubo ninguna objeción, cosa que no es cierta porque no había ningún expediente administrativo que amparase la prestación del servicio. Además, me extraña sobremanera que si concedes un servicio a una entidad, luego se rechazase el pago de facturas por un importe elevado. Este servicio se prestó ajeno a cualquier procedimiento administrativo», ha resaltado Mateas al salir de los juzgados.

El Consell de Ibiza denunció los hechos en los juzgados tras el dictamen elaborado por una técnica de la institución que concluía la existencia de indicios de delito en la contratación de los servicios de la Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de Balears (Amadiba) sin ningún expediente. Considera que supuestamente se produjo «una confabulación o connivencia entre Amadiba y algunos representantes del Consell para la implantación de esta entidad en la isla» en el mandato entre 2015 y 2019. Tras sus cuatro años como consellera, Jurado no ha vuelto a ocupar un cargo público.

El Consell de Ibiza, que ejerce la acusación particular, considera que la exconsellera, que era la responsable de la contratación de Amadiba, podría haber cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, según explica su letrado, Fernando Mateas.

El dictamen señala que, al margen de los servicios con cobertura legal y otros con irregularidades administrativas pero asumidos por personal técnico de la institución y que se pagaban mediante la fórmula del reconocimiento extrajudicial de deuda, había otros que «nadie ha podido confirmar y aclarar». Se trata de servicios sin una contratación previa ni un informe económico previo por valor de 2,2 millones de euros que, tras el cambio de gobierno de 2019, la institución se ha negado a abonar. El abogado del Consell ha destacado que es el actual equipo de gobierno el que tiene sobre "la patata caliente". "¿Cómo se va a pagar una factura cuando no hay ningún documento que certifique la prestación del servicio? Hay que tener mucho cuidado con el dinero público. No se puede jugar así", ha dicho Mateas frente al edificio de los juzgados.

Recurso judicial de Amadiba para reclamar el pago de la deuda

De hecho, cansados de esperar una solución, Amadiba ha presentado recientemente un recurso judicial para reclamar a la máxima institución insular el abono de esta deuda.

Además, el dictamen destacaba que el Consell, durante el anterior gobierno progresista, también cedió a Amadiba una vivienda de Vila de su propiedad, lo cual «demuestra claramente que hubo un trato de favor». Jurado firmó, también, dos contratos «sin seguir el procedimiento legal previsto» y que podrían haberse elaborado de «forma fraudulenta».

El anterior presidente, Vicent Torres, del PSOE, encargó, en abril de 2016, al departamento de Bienestar Social que dirigía Jurado que hiciera todo lo necesario para que se pudiera llevar a cabo la propuesta de Amadiba de implantar en Ibiza una red de servicios de atención diurna y residencial para todas las personas con discapacidad intelectual de la isla, así como para menores.

La directora insular de Igualdad cambió el Consell por Amadiba

Así lo declaró ante notario la que entonces era la directora insular de Igualdad, Judit Romero, también de Unidas Podemos, que, según destaca el dictamen, tras dejar su cargo político en el Consell fue contratada por Amadiba. Precisamente, la declaración ante el notario se formalizó cuando Romero ya trabajaba para Amadiba y esta reclamaba el pago de la deuda de 2,2 millones de euros que finalmente se resolverá en el juzgado.

El dictamen del Consell también señalaba la posibilidad de que la exdirectora insular de Igualdad pudiera haber incumplido la ley de incompatibilidades de los altos cargos de la Comunitat Autònoma, aunque resaltaba, en todo caso, que resultaba «cuestionable que en un periodo inferior a los dos años del cese de su cargo trabajase para una asociación a la que el Consell favoreció».