La exconsellera de Ibiza Lydia Jurado declara hoy ante la jueza por el caso Amadiba

La exconsellera insular de Bienestar Social Lydia Jurado, de Unidas Podemos, ha sido citada por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, para declarar hoy por el caso Amadiba. Tal y como ya publicó este diario, la magistrada dictó, en mayo del año pasado, una providencia mediante la cual citaba a declarar, sin fijar aún una fecha concreta, a Jurado como investigada después de la denuncia presentada por el Consell ante la Fiscalía Anticorrupción por las supuestas ilegalidades cometidas por el anterior Consell progresista en la contratación de los servicios de la Asociación de madres y Padres de Personas con Discapacidad de Balears (Amadiba). Tras suscuatro años como consellera, entre 2015 y 2019, Jurado no ha vuelto a ocupar un cargo público.

El Consell de Ibiza, que ejerce la acusación particular, considera que la exconsellera, que era la responsable de la contratación de Amadiba, podría haber cometido los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, según explica su letrado, Fernando Mateas. La acción judicial de la institución se basa en un dictamen jurídico emitido por una técnica del Consell que considera que supuestamente se produjo «una confabulación o connivencia entre Amadiba y algunos representantes del Consell para la implantación de esta entidad en la isla».

Amadiba presenta un recurso judicial para que el Consell de Ibiza les abone la deuda pendiente

Este dictamen señala que, al margen de los servicios con cobertura legal y otros con irregularidades administrativas pero asumidos por personal técnico de la institución y que se pagaban mediante la fórmula del reconocimiento extrajudicial de deuda, había otros que «nadie ha podido confirmar y aclarar». Se trata de servicios sin una contratación previa ni un informe económico previo por valor de 2,2 millones de euros que, tras el cambio de gobierno de 2019, la institución se ha negado a pagar.

De hecho, cansados de esperar una solución, Amadiba ha presentado recientememte un recurso judicial para reclamar a la máxima institución insular el abono de esta deuda.

Además, el dictamen destacaba que el Consell, durante el anterior gobierno progresista, también cedió a Amadiba una vivienda de Vila de su propiedad, lo cual «demuestra claramente que hubo un trato de favor». Jurado firmó, también, dos contratos «sin seguir el procedimiento legal previsto» y que podrían haberse elaborado de «forma fraudulenta».

El encargo del expresidente

El anterior presidente, Vicent Torres, del PSOE, encargó, en abril de 2016, al departamento de Bienestar Social que dirigía Jurado que hiciera todo lo necesario para que se pudiera llevar a cabo la propuesta de Amadiba de implantar en Ibiza una red de servicios de atención diurna y residencial para todas las personas con discapacidad intelectual de la isla, así como para menores.

Así lo declaró ante notario la que entonces era la directora insular de Igualdad, Judit Romero, también de Unidas Podemos, que, según destaca el dictamen, tras dejar su cargo político en el Consell fue contratada por Amadiba. Precisamente, la declaración ante el notario se formalizó cuando Romero ya trabajaba para Amadiba y esta reclamaba el pago de la deuda de 2,2 millones de euros que finalmente se resolverá en el juzgado.

El dictamen del Consell también señalaba la posibilidad de que la exdirectora insular de Igualdad pudiera haber incumplido la ley de incompatibilidades de los altos cargos de la Comunitat Autònoma, aunque resaltaba, en todo caso, que resultaba «cuestionable que en un periodo inferior a los dos años del cese de su cargo trabajase para una asociación a la que el Consell favoreció».

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