El PSOE lleva la incompatibilidad de Marta Vidal a Anticorrupción, cuyo cierre ratifican PP y Vox

El PSOE llevará a la titular de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, a la Oficina Anticorrupción tras simultanear su cargo de consellera con la administración de dos sociedades mercantiles con sede oficial en Palma y Maó, una práctica incompatible según establece el régimen que regula la actividad de los miembros del Govern y altos cargos de les Illes Balears.

La diputada socialista, Mercedes Garrido, trasladó su preocupación y defendió que este es un hecho «de una gravedad enorme porque es la consellera encargada de tomar medidas y de legislar en lo que respecta al mercado inmobiliario de Balears». Por este motivo, el Grupo Parlamentario Socialista «pondrá en conocimiento de la Oficina Anticorrupción este hecho para que el organismo pueda investigar y emitir informes correspondientes sobre la incompatibilidad o no de Vidal durante los más de dos meses que ha combinado su cargo de consellera con la gestión de una sociedad». Tal y como adelantó este diario, Vidal tomó posesión del cargo el pasado 10 de julio, y mientras tanto ha sido administradora de la sociedad limitada Fonaments 2020, cuyo objeto social son, entre otras, «las actividades inmobiliarias, de construcción y servicios de alojamiento». Asimismo, también ha ejercido como administradora única en la sociedad MV Urbanismo, Derecho Inmobiliario y Turismo SLP, cuyo objeto eran «las actividades profesionales de ejercicio de la Abogacía». Por otro lado, la diputada Garrido adelantó que el PSOE registrará una serie de preguntas para saber si la consellera ha tenido relaciones con los fondos buitre mientras ocupaba su cargo «más allá de las que ya ha reconocido en el Parlament y si ha tenido relación con otras sociedades inmobiliarias, porque son cuestiones que toman una importancia mayor de la que han tenido hasta ahora».

Reunión con el director

Por otro lado, el Govern del Partido Popular, apoyado por Vox, volvió a ratificar ayer su intención de cerrar la Oficina Anticorrupción durante su mandato. Así se lo trasladó ayer el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, al director del organismo, Cristóbal Milán. En este caso, Le Senne le expresó la voluntad de cerrar el ente pero no especificaron «los plazos» ni lo que pasará con los expedientes abiertos o los trabajadores.

«Es una situación que vivo con tristeza porque la oficina no se tendría que cerrar bajo ningún concepto, representa dar un paso atrás», detalló Milán. El director también consideró que «la Oficina seguirá en vigor el año que viene porque son muchos los temas que hay que resolver antes y el tiempo es justo para hacerlo». De hecho, en principio la oficina se encuentra en el orden de elaboración de los próximos presupuestos autonómicos. No obstante, Milán tampoco descartó que la supresión pueda producirse en los próximos meses: «todo es posible».

Por su parte, Le Senne reiteró lo dicho por el director de la oficina, matizando que «no hay términos concretos aunque no me consta oficialmente nada de los presupuestos ni plazos». En relación a si él es partidario de eliminar la oficina, el presidente del Parlament advirtió que «no es prudente» que se manifieste en esta cuestión porque «debo permanecer imparcial en un tema debatido. Hubo una comisión y hay disparidad de criterios», concluyó Le Senne.

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