Sant Josep tramita 146 sanciones de este año a empresas y particulares por malas prácticas en el depósito de residuos

El Ayuntamiento de Sant Josep ha aprobado esta mañana en el último pleno del año, con el voto favorable de todos los grupos excepto Vox, que se ha abstenido, una modificación del contrato del servicio de recogida de residuos y limpieza del municipio, por valor de 211.000 euros, para corregir diversas carencias detectadas en el servicio que cubre la UTE Es Vedrà. En concreto, se aumenta la frecuencia de recogida de los contenedores de envases y papel y cartón y se incorpora un nuevo camión pulpo de 12 toneladas para aumentar la recogida de voluminosos que se acumulan alrededor de los contenedores, entre otras cosas. La concejala de Medio Ambiente, Mónica Fernández, ha explicado en el pleno que este año se han abierto 146 expedientes de sanción por valor de casi 43.000 euros, por malas prácticas en el depósito de residuos, de los cuales 77 están cerrados y 69 en curso.

También se prevé la instalación de sistemas de identificación (un chip) en los 2.500 contenedores de los productores singulares (algo más de 200 negocios que son grandes generadores de residuos y que cada uno cuenta con unos cinco contenedores) y una antena en los vehículos de recogida para registrar cuando éstos se elevan (se descargan) y, con ello, calcular el volumen de residuos que recuperan para aplicar la doctrina de que pague más quien más contamina. La implantación de esta tecnología tiene un coste de 8.253 euros. La concejala de Medio Ambiente, Mónica Fernández, ha explicado que habrá «bonificaciones, pero también sanciones», cuando «se produzcan incumplimientos reiterados» en el proceso de reciclaje. De todos modos, la adecuación de las tarifas que abonan los productores singulares no se hará hasta que se apruebe una nueva ordenanza fiscal.

Fernández reconoce que por ley, se deberían aplicar ya tarifas más o menos económicas en función de lo que se recicla a todos los ciudadanos, y no solo a los productores singulares. La concejala de Medio Ambiente justifica que la idea es implantarlo cuando se renueve la concesión actual, que se se acaba en 2025. «Su implantación no es tan fácil como nos gustaría. Es bastante complicado cerrar los contenedores y que los ciudadanos dispongan de una tarjeta para depositar los residuos. Habíamos pensado meterlo en las bases de la nueva contrata. Cuando se cambien los contenedores se introduzca el nuevo sistema. Lo estamos perfilando porque hay municipios que lo hacen de una manera y otros, de otra», indica.

Ningún municipio de la isla lo hace. Santa Eulària lo ha previsto en el pliego de condiciones de la nueva concesión aprobado recientemente.

El concejal del PP Vicent Roig ha recordado que ya se aplica un impuesto y que los municipios que no aplican a sus ciudadanos una tarifa en función de los residuos que recuperan, pagan más. De hecho, la ley balear de residuos obliga ya a tener este sistema en marcha y grava a los ayuntamientos que no lo aplican.

También se incorpora un segundo educador ambiental, con un coste de 49.500 euros al año, para concienciar a los ciudadanos sobre las buenas prácticas en reciclaje.

Acciones por incumplimiento de contrato en la limpieza de contenedores

Fernández ha reconocido que se van a adoptar «acciones» contra la concesionaria por «incumplimiento de contrato» en la limpieza de contenedores, lo cual genera problemas de olores. Fernández ha explicado que el vehículo exprofeso para limpieza de contenedores está estropeado y que se sustituye con otros métodos no tan efectivos, como el uso de karchers. En este sentido, el concejal de Ara Eivissa Josep Antoni Prats ha indicado que «no es admisible» esta situación, cuando es un contrato que «cuesta tanto dinero al Ayuntamiento». «No puede ser. Se ha de exigir a la concesionaria, si es necesario, que compre otra máquina», ha destacado.

Los otros grupos también han pedido que haya una mayor supervisión sobre el trabajo de la concesionaria. La concejala de Medio Ambiente ha reconocido que no está satisfecha y que tiene que haber «más control». Ha admitido que «ha bajado la exigencia» tras la pandemia porque entonces, con la drástica bajada de la actividad, «todo era más fácil». «Me comprometo a que en 2023 haya más control sobre la contrata», ha remarcado.

El año que viene este servicio tendrá un coste de 7,1 millones de euros.

Por otra parte, el pleno ha aprobado, con la abstención de los grupos de la oposición y el voto en contra del concejal de Proposta per Eivissa, Vicent Torres, la adjudicación de 10 nuevas licencias de taxi, tres adaptados para personas con movilidad reducida.

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