El Govern impone una multa de 210.000 euros por la explotación de siete infraviviendas en Ibiza

La dirección general de Vivienda del Govern balear ha impuesto una sanción de 210.000 euros a una empresa por alquilar siete «infraviviendas» en la ciudad de Ibiza. En concreto, esta es la suma de siete sanciones de 30.001 euros, la mínima cuantía prevista en la ley de vivienda por una infracción muy grave, por cada una de las siete infraviviendas explotadas por el infractor. La conselleria que dirige el ibicenco Josep Marí Ribas justifica que se ha impuesto la cuantía mínima que prevé la normativa por el hecho de que el propietario de los inmueble es «la primera vez que infringe la ley» y «no cuenta con ningún agravante». El máximo de las multas calificadas como muy grave asciende a 90.000 euros.

Sin embargo, el infractor ha reconocido la infracción, con lo que se ha beneficiado de un descuento del 20% de la multa, a lo que se ha añadido otro 20% más por haber liquidado la deuda durante el periodo voluntario de pago. Ambas bonificaciones están previstas en la ley de procedimiento administrativo. Así, la sanción de 210.000 euros inicial se ha saldado con el pago de 126.000 euros.

La conselleria de Movilidad y Vivienda rehúsa informar sobre la localización de las infraviviendas multadas. Desde hace varios años, vecinos del barrio de ses Figueretes denuncian el incremento de la oferta de infraviviendas en locales comerciales de las calles Galicia y Periodista Francesc Escanellas. Hace tres años, por ejemplo, en los locales de los bajos del edificio Galaxia, en la avenida Pere Matutes Noguera, sólo había un negocio comercial.

La ley de vivienda de Balears recoge dos tipos de infracción sobre la explotación de infraviviendas. Por un lado, se tipifica como muy grave el hecho de que haya personas residiendo, y, por otro, su publicidad se califica como grave, con una multa inferior de entre 3.000 y 30.000 euros.

En este caso, se trata de unos locales con licencia para uso comercial, tal como figura en el catastro, que fueron divididos para reconvertirlos en siete infraviviendas, que, obviamente, no contaban con la correspondiente cédula de habitabilidad. El local más grande de todos se dividió en un mínimo de tres habitaciones, y sólo una de ellas contaba con luz exterior a través de una ventana. El resto de espacios separados no contaban con ninguna ventana.

Alquiler entre 600 y 900 euros

Además, la dirección general de Vivienda comprobó que las dimensiones de estos espacios eran «claramente inferiores» con respecto a lo que establece la legislación actual. En concreto, el decreto de habitabilidad determina que las viviendas reconvertidas deben contar con una superficie mínima de 30 metros cuadrados, con una habitación como mínimo separada, aparte de otros parámetros, como la dimensión mínima del baño o la altura del techo, entre otros, según la conselleria de Vivienda.

El infractor explotaba estas infraviviendas de la ciudad de Ibiza con alquileres de entre 600 y 900 euros, según la información facilitada por la conselleria.

La dirección general de Vivienda inspeccionó estas infraviviendas a raíz de una denuncia que la comunidad de propietarios del edificio remitió al Ayuntamiento de Ibiza. Este lo comunicó al Consell de Ibiza, que, a su vez, lo trasladó al servicio de inspección y sanciones de la dirección general de Vivienda, que es el órgano competente.

Inspector propio en Ibiza

Desde noviembre de 2021, este servicio dependiente del Govern balear cuenta con un inspector propio en Ibiza. Anteriormente, cuando se recibía alguna denuncia los inspectores de Mallorca se desplazaban a la isla para verificar los hechos e instruir el correspondiente expediente de sanción.

Este servicio se creó tras la aprobación de la ley de vivienda de Balears, aprobada en junio de 2018, que limita por primera vez las conductas infractoras y establece un régimen especifico sancionador. Actualmente, el Govern cuenta con un equipo de 13 personas que actúa de oficio o a partir de las denuncias que recibe: un jefe de servicio, cuatro inspectores en Mallorca y uno en Ibiza, tres instructores, un jefe de sección y tres auxiliares.

Desde marzo de 2019, este servicio ha actuado en Balears en 28 casos de incumplimiento de la ley de vivienda, entre ellos el de las siete infraviviendas de la ciudad de Ibiza. En diez casos se ha intervenido a partir de la denuncia presentada por algún particular o alguna administración y 18 responden a actuaciones iniciadas de oficio por los inspectores. En total, se han instruido 34 expedientes, 21 de los cuales se han resuelto con un expediente de sanción, que suman un total de 232.274 euros, siendo la sanción de Ibiza la más elevada (126.000). Cinco se han archivado y ocho siguen abiertos.

La cifra de ofertas publicitadas se sitúa al nivel prepandemia

La dirección general de Vivienda del Govern considera que el número de anuncios de ofertas de alquiler en infraviviendas es equivalente actualmente al del inicio de la temporada turística de 2019, cuando se decidió impulsar los cambios normativos que se aprobaron en febrero de 2020. Una portavoz de la conselleria indica que los dos años de pandemia han reducido la presión de la llegada de trabajadores de temporada, pero que ahora se ha vuelto «al punto de origen» y la tendencia al «alza de precios», provoca que «mucha gente trate de sacarle provecho».

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