Mariano Juan, conseller ibicenco de Territorio: «Creamos leyes absurdas en Ibiza»

«En urbanismo hay que ser más prácticos». El consejo es de Mariano Juan, actual conseller ibicenco de Territorio y bregado al frente del departamento de Urbanismo de Santa Eulària durante ocho años. Lo dijo ayer, durante la jornada de los agentes de la propiedad inmobiliaria celebrada en un hotel de Platja d’en Bossa en la que el conseller ofreció la primera charla, de título larguísimo (pese a lo cual fue amena): ‘Tipología de suelos, problemáticas de las fincas rústicas, edificaciones fuera de ordenación y claves para evitar errores’.

La frase de Juan fue la reacción a un comentario de Natalia Bueno, presidenta del Colegio de API y de la Asociación, que se quejó de dos asuntos: primero, que hay tantos problemas con las viviendas en terreno rústico que tiene compañeros «que no trabajan» en ese ámbito; segundo, la abundancia de «casas que están fuera de ordenación». «Nos tiene que hacer reflexionar -dijo Bueno- por qué aquí hay tantas y en Euskadi ninguna»

Mariano Juan saltó como un resorte, quizás porque es un problema recurrente al que se ha enfrentado durante los últimos 11 años: «Fuera de ordenación... Es algo que está tan presente en nuestra realidad... Hay que huir de los dogmatismos y ser prácticos. No digo que dejen ampliar una vivienda, pero sí que dejen conservarla, reformarla... Hablo de no construir más, pero no se deja ni hacer eso». El caso de los edificios Don Pepe es, a su juicio, el ejemplo «de lo que pasa con las leyes dogmáticas». De ahí que opine que «se crean legislaciones absurdas» que impiden hacer en estas islas lo que «en Cataluña y en Andalucía» sí es posible: «Allí se puede reformar, aunque el inmueble siga fuera de ordenación».

No es comprensible, critica, que «prescriba un asesinato, pero no una infracción urbanística», y que «se condene» a los actuales propietarios «a sufrir los pecados de otros», bien antepasados, bien los promotores, bien los antiguos propietarios

Por eso cree que «hay que ser prácticos en urbanismo». No es comprensible, critica, que «prescriba un asesinato, pero no una infracción urbanística», y que «se condene» a los actuales propietarios «a sufrir los pecados de otros», bien antepasados, bien los promotores, bien los antiguos propietarios.

En ese sentido, afirma que «no se puede soplar y sorber a la vez». Utiliza ese refrán ibicenco como ejemplo de las contradicciones en las que se suele caer: hay escasez de viviendas, pero al mismo tiempo se ponen dificultades insuperables para poner en orden las que ya hay.

«No nos podemos quejar de que faltan aparcamientos o vivienda si tenemos planeamientos urbanísticos que datan de hace más de 40 años»

Al respecto, Juan indica que, como ibicencos, «no nos podemos quejar de que faltan aparcamientos o vivienda si tenemos planeamientos urbanísticos que datan de hace más de 40 años». Es lo que ocurre, por ejemplo, en Sant Josep y en Vila, donde hay «suelos urbanos bloqueados, que no se pueden activar». En el caso de Sant Josep, el Consell está negociando con ese municipio «una normativa provisional, transitoria», que confía en que esté lista «este mismo año para desbloquear parte de su suelo urbano».

En busca de la simplificación

El objetivo del actual Consell es, en ese sentido, «la simplificación administrativa» para así acabar «con la morralla, con los expedientes absurdos» que atascan las administraciones locales: «Tras cada licencia e instancia hay proyectos de vida. Y el mejor gobierno es el que se nota poco. A partir de ese principio intentamos poner al día el máximo de expedientes que se tramitan en el Consell. Hace tres años, la cédula de habitabilidad tardaba hasta un año en ser concedida. Ahora se dan a cinco o seis días vista. Tenemos que seguir reduciendo plazos».

El objetivo del actual Consell es, en ese sentido, «la simplificación administrativa» para así acabar «con la morralla, con los expedientes absurdos» que atascan las administraciones locales

Pero no es fácil en todas las áreas. La moratoria urbanística, por ejemplo, retrasó la concesión de licencias y «generó un volumen anómalo al crear un efecto llamada», según Juan: «Por ese motivo hay 200 expedientes de obra nueva a la espera de ser resueltos, además de que hay muchos recursos contra los requisitos puestos por la moratoria». El conseller calcula que dan solución a 90 expedientes al año. Si bien intentarán acelerar ese proceso «incorporando a más profesionales», también se hace la siguiente pregunta: «¿La solución es dotarse de más personal? No digo que no, pero esa no tiene que ser la única o principal medida. Lo que hay que hacer es simplificar y reducir la normativa».

Recuerda que «el Consell no puede crear leyes», pero sí puede «optar por la vía del reglamento», aunque no es fácil: «Hace dos años pusimos en marcha un reglamento de simplificación administrativa, que está en fase de aprobación definitiva. Se envió hace tres meses al Consell Consultiu, con la oposición del Govern balear, que dice que no tenemos competencias. Pero el Consultiu nos dio la razón. Dice que los consells sí tenemos competencia para regular cuestiones de urbanismo, patrimoniales y turísticas». Juan pronostica que, «en dos meses, ese reglamento será una realidad». Espera que «llegue para quedarse y que ningún gobierno que venga después acabe con él», que es otro de los eternos problemas de Ibiza.

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