Un informe del Consell de Ibiza avala la cesión del piso que Jurado hizo a Amadiba

Un informe técnico firmado en enero del año pasado -durante la actual legislatura- por parte del Servicio de Arbitraje del Consell de Ibiza, y al que ha tenido acceso Diario de Ibiza, avala la decisión de la exconsellera de Bienestar Social, Lydia Jurado, de ceder un piso propiedad de la institución ibicenca a la entidad Amadiba. Este informe fue redactado a petición de la Presidencia del Consell y trasladado a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Balears.

Anticorrupción hizo caso omiso de este informe del Consell, ya que en sus conclusiones, emitidas en abril del pasado año, resolvió que Jurado había dado un trato de favor a Amadiba por la cesión del citado piso -situado en la calle González Abarca de Vila-, lo que consideró que supone una «infracción muy grave» según la Ley de transparencia y buen gobierno.

La cesión y el ‘sabotaje’

En este informe se recuerda que el objeto de la cesión del inmueble era «acercar dos menores discapacitados de la isla de Ibiza que estaban ingresados por contrato público con el Consell de Ibiza en un centro de Amadiba en Palma de Mallorca, y cuyos padres reclamaban un recurso para su retorno a la isla para poder visitarlos asiduamente».

El 26 de junio de 2017, la conselleria de Bienestar Social ordenó iniciar los trámites para poner en marcha este recurso en Ibiza. Una decisión que se justificó en que la ley 4/2009 de Servicios Sociales de Balears obliga al Consell a la equidad territorial -asegurar que las prestaciones de servicios sociales son iguales en todas las islas-, y a la descentralización -los consells aproximarán lo máximo posible los servicios a la ciudadanía-. Un mandato legal que, según el criterio de la entonces consellera Jurado, obligaba a establecer conciertos para ofrecer estos servicios sociales en la isla de Ibiza.

Una cesión que no pudo concretarse por la negativa de Secretaría General, por lo que no se pudo continuar con su procedimiento administrativo. El choque entre el secretario del Consell y la conselleria de Bienestar Social es abiertamente reconocido en este informe, que señala que «el trato conflictivo e insufrible de la Secretaría General hacia el Departamento (…) derivaba en un auténtico sabotaje de los asuntos esenciales para la gestión del departamento».

Un bloqueo y un enconamiento que provocó una parálisis de esta tramitación y que, como señala este informe técnico del Consell, se resolvió de la siguiente manera: «Ante la situación de urgencia y petición desesperada de los progenitores de estos menores, la consellera ejecutiva del departamento, en aquel entonces Lydia Jurado Cotrina, autorizó personalmente a la entidad Amadiba el uso temporal del inmueble, sito en la calle Obispo González Abarca, número 10».

Una decisión que fue posteriormente avalada por un dictamen del Consell Consultiu de Balears de fecha 26 de septiembre de 2018, que en sus conclusiones finales consideraba que «no se ha omitido ningún requisito ni necesario ni esencial, y el acto se ajusta a derecho», desecha el recurso del denunciante -el secretario que se negó a darle el visto bueno- y finaliza señalando que «este procedimiento se ha tramitado de manera correcta», por lo que otorgaba a Amadiba «la autorización de la apertura y funcionamiento del servicio de la vivienda supervisada».

Argumentos legales

Al margen de este informe del Consell y del aval del Consultiu, Lydia Jurado presentó también unas alegaciones ante Anticorrupción que añadía otras cuestiones legales para sostener su argumentación.

Una de ellas es el decreto 18/2015 que establece los principios a los que se someten los conciertos sociales en Balears, y en cuyo artículo 16 estipula que, en el caso de que no haya disponibilidad presupuestaria para atender una demanda y se concierte un servicio, la prioridad será dar continuidad a los usuarios atendidos: «En ausencia de cualquier otra entidad más en Ibiza que pudiese prestar el servicio que se pretendía cubrir en el piso de la calle González Abarca, se atendió a lo que dice la señalada norma». Es decir, se optó que continuaran siendo atendidos por Amadiba.

Sobre si la cesión gratuita del uso del piso de la calle González Abarca hubiera supuesto un menoscabo del patrimonio público, Jurado se escudó en el decreto 127/2005 que desarrolla la ley de Patrimonio de Balears, y que establece que «se podrá ceder gratuita y temporalmente, para finalidades de utilidad pública o interés social, el uso de bienes inmuebles».

Jurado justifica el arraigo de Amadiba en la isla

Una de los principales esfuerzos de las alegaciones que presentó la exconsellera Jurado fue rebatir uno de los argumentos de Anticorrupción, y es que en la actuación de la conselleria de Bienestar Social se estaba «produciendo un acto de favor» hacia Amadiba, ya que «al cederle un inmueble, posibilitaría su implantación en la isla de Ibiza y que, posteriormente, sería el requisito para proceder a otorgarle contratos al ser la única entidad que dispone de este recurso especializado en la isla». Es decir, que con esta jugada se abriría la puerta a una posición hegemónica de Amadiba.

Un argumento que Jurado intentó rebatir asegurando que esta entidad ya llevaba años implantada y ofreciendo «unos servicios que otras administraciones públicas de la isla le fueron concediendo», señala la consellera en su escrito.

Así, para demostrar que Amadiba ya estaba implantada en la isla, recordó que la entidad ya contaba con una sede social en Vila desde el año 2016; que en febrero de 2017 recibió la autorización de la conselleria balear de Educación para gestionar un centro privado de educación especial en Ibiza; que en noviembre de 2016 adquirió dos locales situados en la calle Sant Jaume de Santa Eulària, donde puso en funcionamiento un centro de día para la atención a personas con discapacidad; la cesión en noviembre de 2016 por parte del Ayuntamiento de Sant Josep de la planta baja y el patio del inmueble Ses Escoles Velles y el convenio con el Ayuntamiento para implementar una red de atención diurna y residencial para personas con discapacidad intelectual y trastorno grave de conducta que hasta la fecha eran atendidas fuera de la isla. También la autorización por parte de la conselleria balear de Educación en febrero de 2017 para abrir un centro privado de educación especial en Sant Josep; el arrendamiento de una vivienda en Sant Antoni y la autorización del Consell, en noviembre de 2017, para instalar en ellas una vivienda del Servicio centro residencial de acción educativa especial.

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