La Oficina Anticorrupción defiende la tramitación de la denuncia contra el Consell de Ibiza

La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, organismo dependiente del Parlament, defiende la tramitación de la denuncia contra el Consell de Ibiza por las supuestas irregularidades en la tramitación por la vía de emergencia, en los primeros meses de la pandemia del covid, de la contratación de la campaña de promoción turística ‘La vida Islados’.

La directora adjunta en funcione de la Oficina Anticorrupción, Belén Méndez, justifica que, en este caso, se trasladó el caso a la Fiscalía sin dar cuenta previamente al Consell para que pudiera alegar lo que considerase porque no se concluyó la investigación. Al hallar indicios de una posible conducta delictiva, «se interrumpió» el proceso para enviarlo al Ministerio Público, tal como prevé el artículo 16.2 de la ley 16/2016 que regula el funcionamiento de la oficina.

La Oficina Anticorrupción envía a la Fiscalía el contrato de la campaña ‘La vida Islados’ del Consell de Ibiza

El equipo de gobierno del Consell considera, en cambio, que se ha incumplido el artículo 47 del reglamento (el que desarrolla la ley 16/2016), que determina que antes de redactar la propuesta de «informe razonado», el de las conclusiones, se debe poner el expediente a disposición de la Administración o persona investigada (10 días hábiles) para que puedan formular alegaciones y aportar los documentos que consideren.

Y se basa en que, cuando solicitó a este órgano acceso a la información del expediente, este le respondió a posteriori que el pasado 4 de noviembre «el director de la oficina resolvió la finalización del procedimiento de investigación del expediente y el traslado del informe razonado con las conclusiones de la investigación ante el Ministerio Fiscal».

De hecho, la memoria de 2021 de la Oficina Anticorrupción también señala que, tras «la interrupción» de la investigación, se trasladó «el informe razonado a la autoridad competente». De este modo, el Consell considera que el traslado de dicho «informe razonado» al Ministerio Público sin haber podido presentar alegaciones le causa «indefensión» y es, además, un incumplimiento de las propias reglas de la oficina.

Sin embargo, el artículo 47 del reglamento determina que se dará trámite de audiencia antes de redactar el informe razonado, «una vez finalizada la tramitación del procedimiento de investigación». Por ello, Méndez reitera que, como no se terminó la investigación, sino que «se interrumpió» en el momento en que se apreciaron indicios de delito, no se aplica el artículo 47.

Dicho esto, la responsable en funciones de la Oficina Anticorrupción de Balears afirma que, al principio, sí se dio trámite de audiencia al Consell en aplicación del artículo 12 (de «garantías procedimentales») de la ley 16/2016. Este especifica que «cuando se determina la posible implicación individual en un hecho que es objeto de investigación se informará inmediatamente a la persona afectada y se le concederá trámite de audiencia». Se notificó a los posibles implicados en las dos denuncias recibidas, una del PSOE y otra anónima.

Requerimientos no contestados

Asimismo, Méndez explica que, durante la investigación, se hicieron «muchos requerimientos de información al Consell» y que algunos «no fueron contestados» incluso pese a que «se reiteró» la solicitud. Así, la responsable de la oficina justifica que en el momento en que se apreciaron indicios de supuestos delitos y se disponía de «suficiente documentación», se interrumpió la investigación y se le dio traslado a la Fiscalía. La Oficina Anticorrupción en ningún caso puede investigar cuestiones que competen a la autoridad judicial.

Tras la dimisión de Juan Far, al no haber un director adjunto, Méndez ha asumido la dirección de la Oficina Anticorrupción hasta que el Parlament nombre a un nuevo responsable. Méndez es licenciada en Derecho por la Universitat de les Illes Balears y funcionaria de la Sindicatura de Comptes, donde trabajó como auditora desde 2005 hasta que se incorporó al área de investigación de Anticorrupción.

No ha trascendido qué conductas supuestamente delictivas ha detectado la Oficina Anticorrupción. En su denuncia, el PSOE considera que podrían haberse cometido los delitos de coacciones, prevaricación, malversación y falsedad documental. La viceinterventora emitió un informe en contra del pago de la factura de casi 163.000 euros que el Consell abonó a Fuera de Escena Ibiza, la empresa contratada sin concurso, por la vía de emergencia, para la campaña ‘La vida Islados’, y advirtió de que el contrato era nulo. Sin embargo, el presidente, Vicent Marí, levantó el reparo de Intervención con otro informe de la letrada de la institución que rebatía el de la viceinterventora.

El PSOE insta a Marí a ir en persona a la Fiscalía

El PSOE emitió ayer un nuevo comunicado en el que recuerda al equipo de gobierno que la Fiscalía ya tiene en sus manos el expediente del contrato de la campaña ‘La vida Islados’ porque este partido lo envió previamente, junto a su denuncia, a la Oficina Anticorrupción. Y esta al Ministerio Público. Por ello, los socialistas instan al presidente del Consell, Vicent Marí, a que, en lugar de enviar el expediente a la Fiscalía, «acuda en persona a dar todas las explicaciones, si considera que no tiene nada que esconder». Recuerdan que fue Marí quien decidió seguir adelante con «este contrato irregular» pese a la advertencia de la interventora, al tiempo que lamentan «la campaña de desprestigio del PP a la Oficina Anticorrupción».

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