El Govern deberá indemnizar a Matthias Kühn con 96 millones por desclasificar Muleta

Severo bofetón judicial contra el Govern balear y su política de protección territorial. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia por la que el Govern balear deberá indemnizar al empresario Matthias Künh con 96 millones de euros por haberle desclasificado la urbanización de Muleta del Port de Sóller en la que proyectaba la construcción de 33 chalés de lujo.

La sentencia, que se conoció ayer, rechaza el recurso de casación y confirma el auto del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears que condena a la administración autonómica al pago de 63,5 millones euros, más los intereses de esta cantidad devengados desde el 18 de mayo de 2009, fecha de la primera reclamación, que ascenderían a otros 32,3 millones de euros adicionales. Es decir, el Govern deberá abonar un total de 96 millones de euros a la promotora Birdie Son Vida, sociedad vinculada al empresario Matthias Künh.

La reclamación que ahora ha sido avalada por el Alto Tribunal tiene su origen en el año 2008, cuando el Govern, por entonces dirigido por un pacto progresista encabezado por el socialista Francesc Antich, dictó una moratoria urbanística para frenar el desarrollo de varias urbanizaciones en la isla. Entre ellas estaba la de Muleta, que unos años antes sus terrenos habían sido adquiridos por Künh. Con esta medida, los terrenos pasaron a ser suelo rústico protegido.

El empresario alemán había proyectado la construcción de hasta 33 chalés de lujo en una urbanización que comenzó a fraguarse en la década de los años setenta. Se abrieron sus calles y se instalaron algunos servicios básicos, pero su desarrollo no llegó a prosperar jamás. Matthias Künh vio una vía de negocio en esta urbanización y adquirió los terrenos para impulsar la construcción de viviendas de lujo. Pero la moratoria del Govern Antich dio al traste todos estos proyectos y dos años después abrió un largo litigio judicial que no se ha resuelto hasta ahora.

La sentencia repasa la larguísima tramitación judicial de este conflicto, que se inició en 2010. El Tribunal Supremo recuerda que el procedimiento incoado en 2010 finalizó mediante un auto de 23 de julio de 2013, dando el visto bueno a un acuerdo transaccional mediante el cual el Govern reconocía el carácter urbano de estos terrenos. Este acuerdo evitaba que la administración se enfrentara al pago de indemnizaciones por la desclasificación de los terrenos y Kühn recibía luz verde para su proyecto urbanístico de Muleta.

Pero este acuerdo duró poco. La posterior aprobación de la Ley de Urbanismo de las Islas Baleares, ya durante la etapa del Govern de Francina Armengol, reclasificó de nuevo como suelo rústico protegido (ANEI) estos terrenos e imposibilitó que Muleta se recalificara de nuevo como suelo urbano al PGOU de Sóller, originando un nuevo contencioso de Kühn contra el Govern. La sentencia del TSJB ahora confirmada en última instancia por el Supremo funda su razonamiento en la imposibilidad de reincorporación de Muleta como suelo urbano al Plan General de Ordenación Urbana de Sóller, confirmando que era procedente el pago de la indemnización al hacer imposible el desarrollo urbanístico de este suelo, que había sido antes reconocido como urbano en el Auto transaccional de 23 de julio de 2013.

El auto ahora confirmado obliga a pagar la indemnización en el plazo de dos meses, imponiendo además las costas del procedimiento a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, importes todos ellos que deberá afrontar el actual Govern.

Los terrenos de Muleta II son de la Sareb

Los terrenos de la urbanización de Muleta II, también denominada Costa Blanca según consta en el Catastro, dejaron de pertenecer a Birdie Son Vida después de que un banco ejecutara una hipoteca a la empresa vinculada al magnate inmobiliario Matthias Kühn. Con la reestructuración del sector bancario, los 43.642 metros cuadrados de suelo pasaron a la Sociedad de Gestión de activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, un organismo al que se conoce con el acrónimo de la Sareb. Así lo confirmaron en su momento fuentes del ayuntamiento de Sóller, que apuntaron cómo la Sareb intentó vender los terrenos que fueron transformados en rústico con la moratoria urbanística dictada en el año 2018. Esta moratoria y el proceso judicial que conllevó poco después desembocó que en febrero de 2022 el TSJB dictara un auto que condenaba al Govern a indemnizar a Kühn, indemnización que fue confirmada por el Supremo ayer miércoles tras rechazar el recurso de casación.