El Govern aprueba por fin el decreto ley para abaratar las viviendas

El Govern aprobó ayer el decreto ley de medidas para facilitar el acceso a la vivienda, que tal y como estaba previsto ha incorporado no solo actuaciones destinadas a poner en el mercado pisos más baratos, sino también la posibilidad de clausurar de forma temporal las residencias que se destinen al alquiler turístico de forma ilegal. Este decreto entrará en vigor en cuanto se apruebe en el Boletín Oficial de las islas (BOIB), según anunció el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

Según puso de relieve la consellera de Territorio, Marta Vidal, en el caso de la salida al mercado de inmuebles a precio inferior al de mercado, se contempla la posibilidad de transformar locales comerciales, de oficinas e instalaciones turísticas obsoletas en viviendas a precio limitado.

También se permite la división de inmuebles para transformarlos en varias residencias de menor tamaño, siempre que la media no baje de 60 metros cuadrados.

Del mismo modo, se podrán levantar nuevas edificaciones con pisos con menos metros cuadrados de los previstos inicialmente, con la condición de que los que se obtengan de más también deberán tener un valor limitado

El decreto contempla la posibilidad de aumentar las alturas tanto en edificios ya existentes como de nueva construcción, también con un precio que deberá ser inferior al de mercado.

En los terrenos para equipamientos públicos y privados que no se hayan desarrollado se podrán levantar viviendas, que deberán ser de protección oficial en los primeros y a precio limitado en los segundos.

Se crea una nueva figura de alojamientos con espacios comunes, pensando especialmente en los estudiantes, tercera edad, o colectivos como educadores o sanitarios. Esta medida busca tener un mayor impacto en Ibiza y Formentera.

Edificios inacabados

Un aspecto novedoso es que se abre la posibilidad de transformar en viviendas de precio limitado las estructuras de edificios inacabados con licencia caducada o en estado ruinoso. También se podrá otorgar licencia de habitabilidad a las residencias que cumplan esas condiciones al margen de su situación urbanística en la legislación balear. Marta Vidal aseguró que eso no supone una amnistía encubierta a las edificaciones ilegales.

El plan contempla la cesión de terrenos de titularidad pública a la iniciativa privada para levantar vivienda protegida, con un plazo de concesión para su alquiler que pasa de 50 a 75 años.

Estas viviendas de precio limitado deberán tener una superficie máxima de 90 metros cuadrados, y deberán ser adquiridas solo por personas que las conviertan en su domicilio habitual, y que sean residentes en las islas. El comprador no podrá tener ninguna otra residencia en propiedad, y a la hora de venderla, deberá ajustarse al valor limitado fijado por el Govern.

Precios máximos de venta

Este precio máximo será de un 10% superior a la vivienda protegida cuando se trate de reformas, como la transformación de un local comercial o la división de pisos ya existentes, y un 30% por encima de la VPO cuando sean nuevas edificaciones o aumentos de altura en las ya existentes.

Con esas condiciones, se estima que una vivienda de nueva edificación de 60 a 80 metros cuadrados podrá costar entre 121.000 y 285.000 euros, mientras que si nace de una reforma se moverá entre los 102.000 y los 241.000 euros.

En opinión de los responsables de la conselleria de Territorio, serán estas últimas las que van a desarrollarse con mayor celeridad y en mayor número, por cuanto supone solo realizar una modificación de construcciones ya existentes, ya sea con la división de un gran inmueble ya existente en otros más pequeños o con la transformación de locales comerciales o de oficinas en desuso.

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Precios de alquiler

En cuanto a las residencias que se destinen al alquiler con precio limitado, manteniendo esas superficies de 60 a 80 metros cuadrados, desde el Govern se cifra que las rentas que se van a cobrar, en el caso de las reformadas, se van a mover entre los 385 y los 905 euros mensuales, mientras que las de nueva construcción pueden oscilar entre los 455 y los 1.070 euros.

Para garantizar que no se vulneran esas condiciones, se crea un régimen sancionador con multas que van de los 60 a los 90.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción. Al mismo tiempo, se crea un registro de viviendas a precio limitado, con el fin de controlar que se hace un uso correcto de ellas y que en sus posteriores ventas se respetan las condiciones fijadas.

También se van a fijar límites en el valor de los solares en los que estas nuevas residencias ser van a levantar con el fin de evitar que se especule con ellos, siendo este punto una de las mayores preocupaciones de los promotores inmobiliarios.

Este decreto será posteriormente tramitado como proyecto de ley en el Parlament.

Alquiler turístico ilegal en el punto de mira

El decreto ley aprobado ayer otorga a los consells insulars la capacidad de clausurar temporalmente las viviendas dedicadas al alquiler turístico ilegal. Según señaló la consellera Vidal, se estima que solo el 10% de la oferta existente en las islas de alquiler vacacional es legal, aunque este dato fue matizado luego por su departamento señalando que este cálculo se refiere solo al área de Palma. El objetivo es que las residencias que ahora se destinan a este uso irregular vuelvan al mercado del alquiler para residentes.

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