«Ibiza tiene ahora línea directa con el Govern y en la isla se hará lo que decidan los ibicencos». Esta fue una de las ideas que sobrevoló ayer toda la rueda de prensa del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, sobre sus cien primeros días de gobierno.
Entre esas peticiones ibicencas está la de disponer de herramientas para poder precintar pisos turísticos y que, desde el Consell de Ibiza, indican que ya se podría aplicar a cualquiera de los expedientes sancionadores en curso tras la aprobación del decreto de emergencia habitacional del Govern. «Se están tramitando muchos procedimientos en el departamento susceptibles de multa, pero en el momento en el que se puedan aplicar estas medidas cautelares tendrán otro enfoque. Tenemos expedientes a los que se podrá acabar aplicando estas medidas cautelares».
Esta medida se aplicará en caso de que el propietario al que se inste a suspender la actividad turística ilegal persista en su conducta, en cuyo caso se podrá acudir a la vía judicial para ejecutar de manera forzosa el cierre del piso.
Persecución penal
El conseller de Ordenación Turística y Lucha contra el Instrusismo, Mariano Juan, destacó que el incumplimiento de este precinto abre una nueva fase en estos procedimientos sancionadores, dado que «la desobediencia de una resolución administrativa ya es un delito».
Resaltó que para que se cumplan esas medidas cautelares es importante que existan unas consecuencias si se incumplen. «Ya no hablamos de poner a la administración pública a perseguir sanciones administrativas, sino que la Fiscalía y los órganos judiciales podrían entrar a perseguir estas conductas», añadió.
Juan recordó que, en todo caso, si reside gente en ese piso turístico será necesaria una autorización judicial. «Si siguen siendo domicilios, será necesaria esta autorización, eso no lo discute nadie. Para entrar a una habitación de hotel también es necesaria autorización judicial (porque se considera domicilio). Pero, desde luego, si la administración no tiene la herramienta legal, no es posible ni siquiera pedir esa autorización judicial», insistió el conseller respecto a la nueva normativa.
Con esta medida se quiere evitar, como han reiterado desde el Consell en diversas ocasiones, la reincidencia y que pueda salir rentable persistir en la conducta, aún con el pago de la multa.
Reivindicación histórica
Vicent Marí explicó que desde el Consell de Ibiza se insistió en la pasada legislatura «una y otra vez que hacían falta medidas cautelares para luchar contra esta lacra. Se necesitan políticas que den seguridad jurídica para poder aplicar medidas disuasorias y cautelares que eviten que los pisos residenciales se comercialicen como pisos turísticos».
Subrayó la importancia de que «aquellos que comercializan ilegalmente pisos residenciales como turísticos tienen que ver que hay una ley que sirve para perseguirles y que hará que estos pisos puedan acabar clausurados si se usan para alquiler turístico».
Respecto al resto de medidas que incluye el decreto de emergencia habitacional aprobado ayer por el Consell de Govern, el presidente del Consell de Ibiza no entró a valorar el efecto que puedan tener en la isla y recordó que se trata de una normativa de aplicación para toda la Comunitat, por lo que el impacto dependerá de las peculiaridades de cada una.
Sí insistió en que «Ibiza es la isla en la que existe un mayor impacto del alquiler vacacional en el mercado de la vivienda, que provoca subida de precios del alquiler y que haya viviendas residenciales que no se destinen a la finalidad para la que fueron construidas».
Marí asegura que dará «pasos firmes» para gestionar las residencias
El Consell insiste en que no aceptará la competencia sin el presupuesto adecuado . El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, aseguró que la institución «dará pasos firmes para que en un futuro la institución pueda hacerse cargo de la gestión de las tres residencias que ahora gestiona el Govern». Marí indicó que ya han existido conversaciones sobre esta materia con el actual ejecutivo para desbloquear este asunto, para el que no se llegó a acuerdo en la anterior legislatura, principalmente por la dotación económica para esta transferencia, que el Consell consideraba insuficiente. Explicó que los cálculos del coste de la gestión de estos centros «eran muy diferentes» entre lo que reclamaba la institución insular y lo que ofrecía el Govern. Marí recordó que se reclamó al ejecutivo anterior una serie de información y datos sobre la gestión de las residencias «que no se llegaron a recibir, a pesar de la insistencia» y podrían haber ayudado a explicar la disparidad de cálculos.
Insistió en una idea reiterada la pasada legislatura, la de que «Ibiza no aceptará la transferencia de las residencias si no viene dotada de personal y económicamente, además de con un estado adecuado de mantenimiento» para que se pueda prestar un servicio con garantías.
El presidente del Consell no detalló si las reuniones con el Govern han resultado en un acercamiento de criterios de dotación económica, pero explicó que se está trabajando para «enfocar cómo tiene que hacerse esta transferencia».
Indicó que más adelante se irá informando de los avances que se vayan alcanzando y resaltó que «ahora existe diálogo y voluntad». Aseguró que el Consell tiene voluntad de recibir y gestionar esta competencia, «pero tampoco hay duda de que se tiene que hacer con una dotación económica que no es la que se proponía» a la institución. Recordó que el Consell ya gestiona una residencia y conoce «los costes que tiene en Ibiza este servicio».
PSOE: «Lo único que hace Vicent Marí es buscar excusas»
«Lo único que ha hecho y seguirá haciendo Vicent Marí es buscar excusas en otras administraciones», afirmó ayer el grupo del PSOE en el Consell de Ibiza como respuesta a la valoración de los cien días del presidente insular. Los socialistas le acusan de «ponerse de perfil ante los problemas de la isla». El PSOE afirma que tras los cuatro años de la legislatura pasada y estos cien días en la isla hay «más intrusismo que nunca, más descontrol, más saturación y colapso», e insiste en que el presidente no ha dado «ninguna solución a las necesidades de Ibiza». En el mismo sentido, consideran que este mandato ha empezado «de la peor manera, con la imposición de la modificación del PTI para beneficiar intereses especuladores».