Ibiza debe actuar ante los asentamientos de infraviviendas

La proliferación de asentamientos de infraviviendas en Ibiza es un hecho imparable, consecuencia de la magnitud que ha alcanzado el problema de la vivienda en la isla. Gran parte de los pisos y casas disponibles se destina al alquiler turístico, tanto legal como ilegalmente, porque con ello los propietarios (y muchos inquilinos que realquilan) ganan más dinero con mucha facilidad. La pasividad de las distintas Administraciones durante años favoreció que esta práctica se extendiera masiva e impunemente, y en un destino como Ibiza, con tanta demanda y tan distorsionado por la especulación, ha provocado una dramática falta de vivienda, tanto para los residentes como para los trabajadores de temporada, muchos de los cuales se ven obligados a malvivir en condiciones indignas en infraviviendas, tiendas de campaña o todo tipo de vehículos, desde autocaravanas a furgonetas o incluso coches. Las imágenes publicadas por Diario de Ibiza el pasado domingo de un ‘poblado’ en un solar privado de Can Negre eran estremecedoras. Unas mil personas viven allí en condiciones deplorables.

Sólo el Ayuntamiento de Ibiza tiene contabilizados 27 asentamientos en el municipio con alrededor de 200 residentes, y espera que esta población chabolista aumente a medida que se acerque la temporada.

La patronal Pimeef y los sindicatos CCOO y UGT reclaman al Consell y a los ayuntamientos que asuman el problema que representan los asentamientos de trabajadores que viven en caravanas y habiliten áreas para que puedan disponer de unos servicios mínimos: vaciado de aguas sucias, luz y agua. Por supuesto que consideran que no es lo ideal, pero ante una realidad que es consecuencia de un estado de necesidad, abogan por afrontarla y buscar una solución para facilitar en algo la vida de estas personas que, a pesar de tener un trabajo y un sueldo, no encuentran una vivienda que puedan pagar, pues los precios son absolutamente disparatados, incluso para la habitación más cutre. La propuesta de los sindicatos y la patronal es controvertida pero realista, y puede dar respuesta a una crisis social y humana que está adquiriendo unas proporciones insólitas y que se agravará aún más.

Frente a este pragmatismo, tanto los equipos de gobierno del PP en ayuntamientos y Consell como la oposición socialista se oponen a habilitar áreas para caravanas porque consideran que los trabajadores deben residir en viviendas dignas. Sin duda, nadie discute que así debería ser, pero si no las hay o no pueden pagarlas y se ven obligados a sobrevivir en autocaravanas u otras infraviviendas, como ocurre y va a seguir ocurriendo, la solución no puede ser perseguirles para obligarles constantemente a abandonar los lugares donde acampan y añadir más penalidad y más incertidumbre a su situación.

Ninguna medida de las que plantean las distintas Administraciones para afrontar la emergencia habitacional que se vive en las Pitiusas es eficaz por sí sola (además de que todas son bastante tibias) y, mucho menos, tendrá efectos inmediatos. Por tanto, defender esas políticas no es óbice para reconocer que estamos ante una situación límite con los trabajadores que viven en vehículos, y que es preciso tomar decisiones. No es admisible seguir de brazos cruzados y sin dar solución alguna. Hay que actuar por una cuestión de dignidad humana, porque no se puede permitir que tantas personas vivan en esas condiciones insalubres, sin agua ni luz y sin tener dónde vaciar las aguas fecales; pero también hay que valorar el impacto medioambiental y los peligros que representan estos asentamientos en áreas naturales (incendios, basuras, erosión...). En estas condiciones, cualquier incendio en uno de estos poblados, donde no pueden acceder los servicios de emergencias, o en zonas boscosas donde se asientan, podría tener efectos catastróficos, dramáticos.

Hay que diferenciar entre el turismo de caravanas, que debe ser perseguido y erradicado de los lugares no autorizados (puesto que existen campings legales donde pueden instalarse), del uso de caravanas por parte de residentes o trabajadores de temporada que no encuentran vivienda a precio asequible y necesitan un techo bajo el que cobijarse y un lugar donde sobrevivir. La habilitación de áreas para estas autocaravanas debería limitarse sólo a este tipo de situaciones y de personas. Mientras tanto, hay que seguir luchando contra el alquiler turístico ilegal, aplicar medidas contra los abusos en los precios, dar garantías jurídicas a los propietarios para que pongan sus pisos en el mercado de alquiler residencial y tener claro que, si seguimos sin hacer nada, el chabolismo de trabajadores con empleo va a seguir extendiéndose en unas islas donde los precios no dejan de subir y completar plantillas y retenerlas es misión imposible.

DIARIO DE IBIZA