La especulación expulsa al Club Náutico del puerto de Ibiza

El pasado jueves se cumplieron los peores presagios y la Autoridad Portuaria de Baleares otorgó a la empresa Puertos y Litorales Sostenibles la gestión temporal durante un máximo de tres años de la dársena que ha ocupado el Club Náutico Ibiza (CNI) a lo largo de casi un siglo. Esta decisión, que obliga a la emblemática entidad ibicenca a desalojar antes del próximo 5 de mayo el espacio en el que ha desarrollado históricamente su actividad, supone un nuevo triunfo de la especulación sobre el interés social en el uso del dominio público. Otra batalla perdida ante el poder económico, un desprecio más a la voluntad de los ciudadanos. Al menos el representante del Consell de Ibiza, el vicepresidente Mariano Juan, mantuvo la dignidad de la institución al votar en contra de la propuesta de adjudicación, a diferencia de lo que hizo el presidente del Consell de Formentera, Llorenç Córdoba, del que no se sabe muy bien qué intereses defiende en este asunto.

Según explicó posteriormente la Autoridad Portuaria, la oferta de Puertos y Litorales Sostenibles era la «más ventajosa presentada al concurso». ¿Más ventajosa en qué aspectos?, hay que preguntarse inmediatamente. ¿Es más ventajosa por la masa social que arrastra el proyecto?, ¿acaso por la labor de promoción deportiva que tiene acreditada o por la acción solidaria que lleva a cabo?, ¿quizá porque hace más asequibles los amarres a los propietarios de modestas embarcaciones de recreo?... ¿O en realidad es «más ventajosa» únicamente en aquellas cuestiones donde prima la fuerza económica, en las que una entidad sin ánimo de lucro como el Club Náutico nunca podrá competir en igualdad de condiciones? De una misma oferta se puede decir que es más o menos ventajosa según lo que se espera obtener de ella. Y es evidente que en este caso lo que persiguen tanto la Autoridad Portuaria como la empresa concesionaria es lograr la máxima rentabilidad posible de esta explotación. Sin posibilidad de introducir criterios sociales, culturales o ambientales, está claro que acaban primando siempre los aspectos económicos relacionados con el canon y la inversión prevista, donde una empresa privada que quiere hacer negocio y puede sacar importantes beneficios tendrá siempre más capacidad para pujar al alza.

La pérdida de la concesión del Club Náutico es consecuencia de una normativa y una jurisprudencia sobre contratos del sector público que hace del ingreso económico o de la inversión que recibe la Administración el principal criterio objetivo para otorgar y ‘retribuir’ el uso del dominio público. Las demás interpretaciones jurídicas que han intentado introducir (o dar mayor peso) a otros elementos de valoración han sido corregidas por los tribunales de lo contencioso-administrativo e incluso han sido objeto de una persecución penal que acaba disuadiendo a los técnicos de seguir explorando esa vía. Pero en último término la responsabilidad de que esto sea así es de los cargos públicos que hacen las leyes y de los que no las rectifican cuando se demuestra que tienen efectos perversos, como el de la expulsión de los clubes náuticos de las zonas portuarias del Estado.

Desde que en el segundo Gobierno de Zapatero se logró frenar un primer intento de sacar a concurso la dársena del CNI han pasado casi quince años y varios gobiernos más del PSOE y del PP; en todo este tiempo, la amenaza que se cernía sobre la continuidad del club siempre ha estado ahí, los tiburones empresariales que buscan el negocio de las zonas portuarias estaban al acecho, esperando la ocasión, sabiendo que la ley y su capacidad financiera les daban más oportunidades, aunque el modesto club con el que iban a competir tuviera detrás a todas las instituciones y a toda la sociedad de Ibiza. Las modificaciones legales que no se han trabajado durante estos quince años no podían conseguirse a la desesperada en pocos meses, aunque siguen siendo tremendamente necesarias para que el papel de los clubes náuticos pueda valorarse como corresponde en las licitaciones.

La cuestión ahora es cómo debe encarar su futuro el Club Náutico. En primer lugar, combatiendo judicialmente la resolución de la Autoridad Portuaria si ve irregularidades o considera que se han vulnerado preceptos legales, pero sobre todo pensando que la concesión aprobada el jueves es temporal, de sólo un máximo de tres años de duración, y que está pendiente la concesión definitiva de largo plazo.

Por lo que representa para Ibiza, por respeto a la base social que tiene detrás, por la promoción de la vela deportiva en nuestra isla y por el apoyo institucional que conserva, el CNI tendrá que buscar primero el modo de continuar con su actividad, aunque sea con la enorme limitación de no disponer de instalaciones propias, pero después ha de volcarse en armar una propuesta muy sólida, también financieramente, para cuando llegue la licitación definitiva. De ninguna manera debería renunciar a recuperar lo que ahora ha perdido. La decisión de la Autoridad Portuaria es un injusto y durísimo revés para el CNI y para Ibiza, pero desde luego no es razón suficiente para tirar la toalla y rendirse.

DIARIO DE IBIZA